Venezolanos pasaron por encima de réplicas de la Comunidad Andina
Desde hoy, nuevo cierre venezolano camiones colombianos
María Victoria Cristancho
Caracas.- De nada sirvieron las réplicas colombianas ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por el cierre de la frontera venezolana al paso de camiones colombianos.
El gobierno venezolano tampoco acató el pronunciamiento de la CAN a favor de Colombia, lo que pone en entredicho los acuerdos de integración andina solo dos semanas después de que los presidentes de los países miembros de la Comunidad reafirmaran en Cartagena sus compromisos de cooperación.
El hecho es que, a pesar de todo, Venezuela no retrocedió ni un paso y desde hoy cerrará nuevamente su frontera al tránsito pesado proveniente de Colombia.
Las autoridades venezolanas optaron por aplicar la medida unilateral de cerrar el paso fronterizo, pasando por encima de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, específicamente en la Resolución 399, todo para privilegiar a unos 1.000 camioneros venezolanos que en mayo pasado se fueron a paro en protesta por lo que consideran supuestas desigualdades competitivas en el transporte pesado con Colombia.
Ni siquiera valió el concepto de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre la falta de argumentos suficientes para que Venezuela violara la norma andina.
Para tomar la decisión, el presidente venezolano, Hugo Chávez, se basó en el reclamo de los camioneros del estado Táchira, que insisten en que hay una competencia desleal pues no pueden llegar a Colombia porque los ataca la guerrilla o los grupos paramilitares. En cambio, dicen, sus colegas de Colombia no tienen ningún problema cuando atraviesan la frontera.
La respuesta venezolana al concepto de la CAN a favor de Colombia fue la de aplicar la medida y tomarse los veinte días hábiles que dispone el organismo subregional andino para responder a la declaración preliminar, conocida como "Nota de Observaciones", que fue presentada la semana pasada.
El propio presidente Chávez reiteró que "la decisión de Venezuela es una decisión coyuntural que busca una solución estructural", y argumentó que las acciones de su gobierno se corresponden con la "muy difícil situación" existente en la frontera con Colombia.
"Estamos aferrados a una razón", dijo Chávez con lo cual trató de cerrar el capítulo.
Además, fueron abortados dos intentos de reunión entre los ministros de Transporte y Comercio Exterior de los dos países para tratar de resolver el conflicto que amenaza con provocar un descalabro al comercio binacional que, de hecho, ya había sufrido una caída del 50 por ciento en el primer trimestre de este año, por las recesiones económicas que experimentan ambas naciones.
El comercio colombo-venezolano es el mayor del Grupo Andino y un cierre de fronteras entre los dos países afectaría sensiblemente el proceso de integración que ya lleva 30 años.
Intentos fallidos
Días antes de la cumbre de presidentes celebrada en Cartagena, el Gobierno colombiano denunció la medida por considerarla violatoria de los acuerdos de integración. En esa ocasión, los presidentes se comprometieron a cumplir con los acuerdos y respetar las decisiones tanto de la Secretaría General de la CAN como del Tribunal Andino de Justicia.
Desde el 14 de mayo, cuando Venezuela decretó el cierre de la frontera, se comenzaron gestiones entre los empresarios de ambos países afectados por la medida. Incluso, el presidente de la Federación Colombia del Transporte de Carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano Serrano, encabezó una delegación que estuvo en Caracas tratando de que las autoridades venezolanas cedieran en su intención.
A juicio de Colfecar, los efectos se harán sentir en el costo del transporte de carga estimado en al menos un 7 por ciento en el flete, lo que a la larga se traducirá en una reducción del 25 por ciento del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia.
El gremio trató de convencer a los ministros venezolanos de que el argumento de inseguridad no tiene asidero suficiente, en vista de que las empresas transportadoras habilitadas para el tránsito internacional han desarrollado sus propios sistemas de seguridad, comunicaciones y puestos de control, que ha permitido el intercambio comercial registrado en el último año, representado en unos 4 millones de toneladas que significaron 2.600 millones de dólares.
También intentaron desmontar el argumento de las desigualdades, al señalar que las empresas de transporte internacional colombianas poseen 2.366 vehículos habilitados en Venezuela, de los cuales 1.099 son venezolanos y 1.267 son colombianos; mientras que las empresas venezolanas cuentan con 2.424 camiones para el transporte internacional, de los cuales 2.300 son venezolanas y apenas 124 son colombianas.
En ese mismo sentido, se sumó el sector privado venezolano, liderado por el Consejo Nacional de la Industria (Conindustria), que solicitó de su país posponer por 30 días la imposición de la medida de transbordo, solicitud que nunca fue escuchada.
Conindustria coincide con Colfecar en que aduanas como la de Paraguachón, estado Zulia, no están aún acondicionadas para realizar los transbordos.
En vista la inminente aplicación se pidió que se establecieran que las aduanas operen las 24 horas, sin interrupción alguna durante el año; que se cambien los horarios en la taquilla bancaria aduanal. Que en Colombia abra a las 7:00 am (8:00 de la mañana en Venezuela) y que en Venezuela cierre a las 6:00 pm, para unificar horarios.
También piden que se exceptúe de la obligatoriedad de transbordo a las empresas manufactureras que poseen su propia flota de vehículos, cuando el transporte se realice para sus operaciones particulares de venta en plantas; así como incluir en las exenciones el transbordo para mercancías frágiles, como vidrio, cerámica, piezas sanitarias y vajillas de porcelana.
Los primeros afectados con la acción serán las ensambladores de vehículos, que están radicadas en Venezuela, particularmente la Ford y General Motors. Temen que haya retrasos en el arribo de autopartes provenientes de Colombia, con lo cual se paralizarían las operaciones.
A todas estas, tras el cierre al transporte andino, unos y otros temen que Venezuela pueda volver a dar otros golpes a la integración, que serían muy costosos para la sub región andina.
El Tiempo (Colombia), 7 de junio de 1999