El fondo de desestabilización

Cuando el precio del petróleo cae, todo venezolano canta al unísono con los demás compatriotas: hemos pecado, hemos vivido como la chicharra, hemos desperdiciado los buenos tiempos; pero esta vez sí, por fin, vamos a prevenir. Con un profundo sentido de culpa, se habla de cómo hacerlo, de cuánto ahorraremos cuando venga el próximo boom, de dónde guardaremos los excedentes del futuro para gastar sólo en los tiempos de escasez, como lo haría un buen padre de familia. Históricamente, lo que parece tan necesario en la caída, luce menos atractivo en el auge. La experiencia venezolana muestra que, cuando se aproxima el momento designado para el ahorro, fallan las buenas intenciones, como si el país fuera una gordita incapaz de resistir la golosina ofrecida. Ahora bien, el gobierno de Chávez no es cualquier gobierno y propone algo distinto, algo creativo, algo supuestamente responsable, pero habría que analizar las consecuencias antes de aplaudir la iniciativa.

No hace mucho tiempo se aprobó el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), con una fórmula bien pensada para suavizar la volatilidad de los ingresos fiscales que tanto daño ha hecho a las finanzas públicas. El FEM requiere ahorros cuando el precio del petróleo supera el promedio de los últimos cinco años y permite gastar cuando el precio es menor y cuando el fondo tiene una reserva adecuada. Esta regla incorpora la sabiduría de no suponer un nivel "normal" para el precio. Hemos aprendido que no tenemos idea de lo que es normal y con este sistema automático nos protegemos de la tendencia natural a pensar que el precio del momento es bajo. El FEM tenía la virtud de ser más claro y más exigente que los esfuerzos anteriores. Un intento de crear un amortiguador similar en 1960 nunca se ejecutó por su ambigüedad y su sucesor de los setenta, el Fondo de Inversiones de Venezuela, no funcionó debido a que permitía utilizar los ahorros para inversiones en el país: una excepción fatal.

A pesar de la calidad técnica del FEM el gobierno de Chávez anunció que iba a imponer una regla aún más estricta: los ingresos petroleros asociados a un precio por encima de $9 serían depositados en un fondo de estabilización reformado, con una orientación social un tanto indefinida inicialmente. Por un lado, parecía bastante exigente planificar sobre la base de $9, un precio real tan bajo que no se había visto desde los años sesenta. Por el otro, el elemento social generó dudas de que la intención real era desviar, hacia los proyectos favoritos del Ejecutivo, los recursos que normalmente estarían disponibles para créditos adicionales negociados con el Congreso. Con el decreto-ley de reforma del FEM, cuya legalidad está en entredicho (dejemos eso a los abogados), ahora está más claro lo que el Gobierno tenía en mente. Esta reforma tiene la peculiaridad de aumentar los recursos discrecionales del Ejecutivo, a la vez que reduce el papel del Congreso y asegura que ni Pdvsa ni las gobernaciones y municipios tengan acceso a recursos que de otro modo les hubiesen sido adjudicados hasta que el precio petrolero se recuperara. ¿Lo que no es igual es trampa?

La cuestionada reforma contiene elementos de exagerada "responsabilidad" macroeconómica. Esteriliza 50 por ciento de los ingresos no presupuestados correspondientes al petróleo por encima de $9, a costa del empobrecimiento relativo de los actores petroleros y regionales. El decreto-ley también suscita preocupación por la discrecionalidad concedida al Ejecutivo a través del Fondo Unico Social y del Fondo de Inversiones, designados como receptores de 35 por ciento de los ingresos fiscales "excedentarios". Podrían representar una bonanza billonaria, hecha a la medida de un gobierno ansioso de asignar recursos según su visión de las necesidades del país, sin el "fastidio" de buscar la aprobación del Congreso, sea el moribundo o el que viene. El remanente 15 por ciento se dedicaría a la reducción de la deuda pública, un destino que suena bien, pero que no es particularmente urgente o aconsejable.

Este Fondo de Estabilización carece del buen sentido de su antecesor y luce más bien como un fondo de desestabilización de los poderes públicos, tanto en lo político como en lo administrativo.

El Nacional On-Line, 3 de junio de 1999