Debate en tiempo igual: Medidas comerciales unilaterales

Dónde está la protección?

Luis Henrique Ball

Existe un país donde se han eliminado todas las barreras no arancelarias al comercio y donde los aranceles tienen un promedio ponderado del 9%, igual a Chile, la nación más libre de Iberoamérica. Ese país comercia sin aranceles con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y las islas del Caribe. Ese país ha firmado un tratado de libre comercio con México, y sus mercados y comercios rebosan de mercancía importada de todos los rincones de la Tierra. Ese país tiene topes arancelarios para las importaciones de ropa y calzado inferiores a los de Estados Unidos o Japón. Ese país es Venezuela.

Así es, las industrias nacionales debieron adaptarse para competir con las empresas del mundo entero desde que en febrero de 1989 comenzara la apertura comercial más veloz del mundo. Este proceso ocurrió, además, precisamente cuando las políticas devaluacionistas del gobierno de turno destruyeron el poder adquisitivo de los venezolanos, y, por lo tanto, se redujo el tamaño del mercado nacional. Paradójicamente fue el liderazgo gremial del sector industrial, que en ese momento salió a defender la apertura y modernización de la economía venezolana. Se criticaron errores y desviaciones pero nunca se dejó de apoyar el proceso de inserción de la nación en las corrientes mundiales de la globalización.

Durante ese tiempo, los industriales dedicábamos las mañanas a enfrentar la nueva competencia que llegaba del exterior, establecíamos estrategias para salir a exportar nuestros productos, se comenzaban proyectos de mejoramiento continuo y reingeniería para adecuar nuestras plantas a la competencia mundial. Por las tardes nos reuníamos en nuestras cámaras y asociaciones para respaldar las políticas que ponían fin a los controles y subsidios. En ese momento, hace ya una década, el Estado se comprometió, a través del Decreto 239, a sanear las aduanas y bajar la inflación a un dígito para recuperar el poder adquisitivo de la población. Esto no ocurrió, así como no ocurrieron otras transformaciones necesarias para garantizar la viabilidad a futuro de una economía de mercado. No se reformó el Poder Judicial, no se reestructuró la administración pública, y no se modernizaron nuestras leyes tributarias.

Como parte del proceso de apertura que comenzó en 1989, se promulgó en 1990 una ley para proteger a los productores venezolanos contra las prácticas desleales de comercio. Esta Ley contra Prácticas Desleales de Comercio, mejor conocida como Ley Anti-Dumping, fue elogiada por los organismos internacionales como la más avanzada en su género en todo el mundo. A diferencia de todos los demás países latinoamericanos, y de la mayoría de los países de Europa y Asia, la ley venezolana estableció un mecanismo 100% transparente para el establecimiento de gravámenes punitivos. Al mismo tiempo, la ley criolla evitó emular los errores de otros países donde la facultad para determinar la existencia de prácticas desleales de comercio es potestad de un ministro u otro funcionario de similar jerarquía, politizando la decisión.

Es extraño que luego de casi diez años de vigencia de la Ley Anti-Dumping algunas personas quieran utilizar las más recientes decisiones de la comisión para crear alarma en el país sobre una supuesta ola proteccionista instigada desde el sector industrial. Quienes así opinan parecen ignorar -o ignoran adrede- que este tipo de legislación existe en todos los países del mundo. En el caso del calzado de origen chino, por ejemplo, México, Estados Unidos, la Unión Europea, y muchos otros países han tomado decisiones similares a la que recientemente tomó nuestra comisión.

El sector industrial venezolano lleva diez años compitiendo en la economía global con bajos aranceles, con altísimos intereses, con una moneda manipulada con fines fiscalistas, en un ambiente de incertidumbre política, con pésimos servicios públicos controlados por empresas monopólicas, con altísimos costos de transporte interno, producto de las malas regulaciones y la falta de competencia. Dónde está la protección a la industria? En las decisiones de la Comisión Anti-Dumping? En los precios oficiales para los textiles y la confección? Si eso es protección habría que calificar de proteccionistas a estadistas de la talla de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ya que estas medidas se aplicaron con regularidad durante sus respectivos mandatos en Estados Unidos y el Reino Unido. Basta ya de mentiras.

lhball@netscape.com
Presidente de Conindustria