La condena por la defensa de CAP

Alberto Arteaga Sánchez

En la reciente contienda para la provisión del cargo de Fiscal General de la República ha quedado en evidencia que además de las causales legales de inhabilitación para el ejercicio de un cargo, en Venezuela existe una que no está escrita, pero que es real, y efectiva: la de haber ejercido el sagrado derecho a la defensa de un político venezolano.

Este es mi caso con la defensa de CAP que, asumida a plena conciencia, con perfecto apego a la ley y respetando todas las normas, me ha merecido la pena infamante del veto perenne para ejercer cualquier cargo público de importancia.

Ya se había probado este aserto con la anterior postulación a la Corte Suprema de Justicia; y ahora se corrobora con la aspiración a la Fiscalía, a la cual opté por mi propia iniciativa, sin apoyo político alguno y con el único aval -¡Qué ingenuidad!- de 30 años al servicio de la UCV, 25 de ellos a dedicación exclusiva, dedicado al estudio de las materias propias de la Fiscalía y con más de diez libros en Derecho Penal.

Pero verdaderamente hay que ser iluso para pensar que este curriculum tiene importancia. Lo trascendente son los contactos, los compromisos políticos, los amigos de tragos, los favores hechos y las promesas por cumplir. ¡Pobre país con el espectáculo circense de un concurso de credenciales que no tuvo valor alguno y al que nos prestamos más de 90 abogados para hacer el más fervoroso ridículo!

Por mi parte, ¡señores congresantes! -con las excepciones y expresiones de reconcimiento que no olvidaré- he aprendido la lección y he tomado debida nota de la inhabilitación no escrita, pena accesoria que pesa sobre mí por la defensa de CAP y, al parecer, también sobre el doctor Javier Elechiguerra quien, en su momento, asumió la defensa de Chávez: no volveré a presentar mi postulación a un cargo público de elección partidista, mientras se mantengan las reglas del juego vigentes. Estoy convencido de que no vivimos en un país democrático, ni en un Estado social de Derecho, garantista y solidario. ¡Hasta en la Inquisición se respetaba el derecho a defender a cualquier ciudadano! en grado sumo y donde se reconoce el legítimo derecho a defender a cualquier ciudadano.

Ciertamente, los médicos deberían tomar debida y previa nota de los pacientes a los que atienden, porque, en el futuro, la prestación de sus servicios a un enemigo político puede dar lugar a la pena perpetua infamante de no poder acceder a ningún cargo público.

Por lo demás, debo aclarar que no me arrepiento de haber asumido el caso CAP. He cumplido con deber, consciente, desde el inicio de las consecuencias que debía soportar, in aeternum.

Abogado
Economía Hoy, 7 de junio de 1999