La nueva Constitución y la estabilidad económica
Orlando Ochoa P.
El tema económico es urgente en la larga lista de problemas del país. La miseria y desesperación aumentan en el país en medio de la parálisis del aparato productivo y del desempleo creciente, el cual pronto puede llegar a la cifra sin precedentes en nuestra historia de 2.000.000 de trabajadores desocupados. El sector empresarial está en su mayoría duramente golpeado, tratando de sobrevivir, o algunos al borde de la quiebra, ante una recesión cuyo fin no se vislumbra, pues no hay un plan económico del gobierno que enfrente coherentemente los desbalances macroeconómicos que originan esta situación. ¿Puede una nueva Constitución ayudar a sacar al país de esta dramática situación? La coyuntura económica es responsabilidad total del Gobierno, y es de él de quien hay que esperar respuestas oportunas. La pregunta que quiero responder es: ¿Cómo podrían contribuir nuevas normas constitucionales a darle estabilidad económica a Venezuela?
Mi propuesta básica al respecto va dirigida a sentar las bases de verdadera responsabilidad en la conducción de la política económica por parte del Gobierno Nacional y del Banco Central de Venezuela. Para lograr esto tenemos que comprender como nación la importancia singular de las reglas modernas para la estabilidad económica.
Una constitución moderna la cual debería tener menos de 200 artículos puede cubrir los temas económicos y sociales con no más de 30 artículos. No obstante, el impacto que estos artículos pueden tener sobre la configuración y funcionamiento de las instituciones económicas y sociales puede ser decisivo para la prosperidad de dicha nación. En el caso del manejo fiscal y monetario, las normas constitucionales que se podrían establecer ayudarían enormemente para la estabilidad económica, es decir, para evitar la inflación crónica, las crisis cambiarias y el consecuente desempleo y empobrecimiento.
En el caso venezolano, los vicios y debilidades en la administración pública que socavan la credibilidad y efectividad de la política económica deben ser corregidos en forma contundente. Para lograr esto, el cambio fundamental en el funcionamiento institucional es la obligación constitucional del Ejecutivo Nacional y del Directorio del Banco Central, de presentar cuentas claras y precisas al público y a sus representantes legítimos en el renovado Congreso Nacional, sobre la gestión fiscal y monetaria. Definiendo, además, las responsabilidades directas por errores u omisiones, y exigiendo sanciones a ser especificadas en las leyes orgánicas respectivas. La importancia de estos sencillos, pero efectivos cambios en la conducción de la política económica es realmente muy significativa, como lo comprueba la experiencia internacional, y su impacto se vería reflejado en una mayor estabilidad económica y en favorecer condiciones propicias para el crecimiento y la generación de empleo.
El fortalecimiento de las instituciones económicas es un tema central para contribuir a promover la estabilidad económica en las economías latinoamericanas tan propensas a manejos económicos irresponsables por sus gobernantes. Hay que introducir en la nueva Constitución un marco para consolidar instituciones fiscales y monetarias realmente responsables y supervisables. Esta es la única forma como las instituciones económicas ayudan a orientar una sana política económica en Venezuela. Sin rendición de cuentas abiertas al público, y definición de obligaciones concretas, es altamente probable que se repita la historia de deterioro y descrédito institucional.
Particularmente se debe enfrentar la manipulación de información económica, tanto por el Directorio del Banco Central como por el Ejecutivo Nacional, para esconder la verdadera situación de la economía nacional y de las finanzas públicas. La lamentable consecuencia de este patrón de conducta ha sido la evasión de medidas gubernamentales para lograr ajustes económicos oportunos y sostenibles, y la concentración de la atención en los índices de popularidad política, artificialmente fomentada. El desperdicio de los ingresos petroleros para evitar políticas económicas más responsables y efectivas ha sido una práctica normal y de consecuencias nefastas para el país. Gobierno tras gobierno han preferido el engaño antes que enfrentar la situación económica con decisión y firmeza.
Sin credibilidad y transparencia en el manejo de la política económica será casi imposible estabilizar la economía venezolana, es decir, no se podrá erradicar la inflación, ni se podrá crear un clima para estimular significativamente la inversión productiva, el empleo y el crecimiento económico sostenido. A partir de un marco donde las políticas macroeconómicas sean creíbles y ampliamente entendidas, se podrá hacer un enorme esfuerzo educativo y de estímulo a la productividad y la innovación en la producción nacional. La nueva Constitución debe proveer instituciones económicas con capacidad de sentar las bases de la estabilidad económica. Esta es la forma como las nuevas y bien diseñadas instituciones contribuyen a la prosperidad de una nación. Venezuela debe aprovechar esta oportunidad excepcional creada por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reorganizar sus instituciones políticas, pero también las económicas.
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El Universal Digital, 8 de junio de 1999