Salvar la economía, para salvar la paz

Carlos Caballero Argáez

La angustia por el mal estado de la economía, de los bancos, de las empresas y de las familias le ha restado interés a la discusión sobre las negociaciones de paz convenidas entre el Gobierno y las Farc en La Machaca a principios de mayo. Eso es explicable. La prioridad actual de los agentes económicos es sobrevivir. Pero es preocupante. Si las conversaciones no se orientan bien y los negociadores del Gobierno no tienen clara una visión de la economía y de la sociedad en el largo plazo, se podría hacer aún más difícil la salida de la crisis.

El entorno no es el más propicio para una negociación. La crisis de la economía es de verdad. Por primera vez en muchos años, "la economía está mal y el país también". El año pasado no hubo crecimiento y lo más probable es que este año, tampoco. Hay, sin duda, un empobrecimiento generalizado que se mide por el desempleo y por la caída del ingreso per cápita. El desarreglo institucional, por su parte, es mayúsculo. Hace rato en Colombia desaparecieron el imperio de la ley, el monopolio de la aplicación de la justicia y la integridad territorial, lo cual no solamente genera violencia y atenta contra la paz sino que inhibe, por razones evidentes, el crecimiento de la economía. El espectáculo de las últimas semanas, de enfrentamiento entre las diferentes ramas del poder público, es solo una muestra de lo precario del funcionamiento institucional en Colombia.

Las negociaciones de paz no pueden ir en contravía ni de la superación de la crisis económica ni del fortalecimiento de las instituciones y de la protección de la integridad territorial. Por el contrario, si se demora la solución de la crisis económica, la paz no tiene futuro. Por eso, con toda humildad, me atrevería a sugerir unos principios dentro de los cuales enmarcar las negociaciones:

1. El país no puede aislarse del resto del mundo. Así no se quiera, la globalización implica que el crecimiento de la economía y la solución de los problemas sociales pasan por la inserción con el mundo exterior. El motor del desarrollo y de la generación de empleo será, ineludiblemente, la inversión privada orientada tanto a la competencia en el mercado nacional como en el internacional. La inversión privada, nacional y extranjera, dependerá de que las empresas tengan frente a sí la posibilidad de actuar en el mercado global. La política estatal debe, por tanto, orientar e incentivar los esfuerzos de las empresas colombianas, grandes, medianas y pequeñas, para que puedan competir internacionalmente. En este sentido es de destacar que la agenda de la negociación con las Farc incluye, en su punto número cinco, dos temas que tienen que ver con la inserción de Colombia en el mundo: la ampliación de los mercados internos y externos y el estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación (el subrayado es mío).

2. La estabilidad macroeconómica es fundamental. En cualquier escenario futuro, lo peor para la economía y para todos los colombianos -pobres y ricos, y de cualquier región del país- sería que se desatara un caos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos continuar empobreciéndonos, y que inestabilidad es sinónimo de caos por el aumento de la inflación y del desempleo y por la destrucción de la poca riqueza que con tanto esfuerzo ha acumulado el país a lo largo de su historia. De este postulado se desprenden dos premisas básicas. La primera, que el Estado no puede seguir creciendo impunemente, por lo cual es indispensable frenar rápidamente la tendencia estructural al déficit fiscal. La segunda, que así se reduzca el tamaño del Estado, el gasto debe orientarse efectiva y eficientemente a la solución de los problemas de los más pobres y de quienes han estado tradicionalmente abandonados en las regiones apartadas. Ambas cosas son posibles y, así no sea evidente a primera vista, son esenciales para el crecimiento de la economía y para la paz.

3. Hay que recuperar la legitimidad de las instituciones. Es claro que cualquier negociación debería conducir a restablecer la primacía de los intereses colectivos sobre los privados, a restablecer el imperio de la ley y a reinstitucionalizar el Estado. Y es que la falta de legitimidad, como lo dice Hernando Gómez Buendía en su ensayo sobre "el almendrón", tiene su manifestación más clara en la violencia, en el narcotráfico y en la corrupción.

4. La integridad territorial es prioritaria. Las regiones apartadas -las de la periferia- son muy importantes para la economía colombiana y cada vez lo serán más. Colombia no es un país petrolero pero es un país con petróleo y su buen desempeño futuro dependerá de que esos recursos puedan explorarse, explotarse y exportarse. Además, están los cultivos ilícitos y la necesidad de sustituirlos por otros que contribuyan al desarrollo y al empleo. La visión de futuro puede incluir un plan agropecuario de gran envergadura en el oriente colombiano. Eso es posible y viable. Hay, por último, la necesidad de cuidar las reservas ambientales. En fin, la integración centro-periferia es prioritaria.

Las negociaciones de paz no tienen por qué ser incompatibles con el manejo de la economía en el corto plazo. Por el contrario, podrían contribuir, de conducirse acertadamente, a la superación de la crisis actual. En cambio, un manejo desatinado de la coyuntura sí puede bloquear la paz. Por eso, el Gobierno no debería echar en saco roto las ideas que se le están sugiriendo desde distintos flancos, todos amigos, para salvar la economía. Si se salva la economía, se salva la paz.

El Tiempo (Colombia), 16 de junio de 1999