Espuma de los acontecimientos
Humanización del conflicto
Abdón Espinoza V.
Las gestiones por la liberación incondicional de los cautivos debieran extenderse a prevenir sucesos de la misma índole y a frenar el desangre y la ruina del país.
Nadie puede desconocer, ni en el interior ni en el exterior, la evidencia y la magnitud del conflicto armado en Colombia. Por años, nos hicimos la ilusión de tapar el sol con las manos y de creer reducidas las guerrillas a pequeños focos en trance de difícil y frágil sostenimiento. Su extensión actual y la multiplicidad de sus frentes de combate no permiten seguir minimizándolas, tanto menos al observar los movimientos espectaculares de su ladina e intrépida estrategia político-militar.
Las desventajas de su número han querido suplirlas con sorpresivos movimientos tácticos de resonancia internacional que demuestren su existencia y su condición militante, no importan devastaciones ni matanzas. Luego encontrarán argumentos para disculparse por haber confundido la insurgencia con el terrorismo y para reconciliarse con la estupefacta e indignada opinión mundial.
La profanación de un templo católico se disculpará atribuyéndola a protesta contra horrendas masacres paramilitares y la liberación de los cautivos se convertirá en sinuoso regateo. La barbarie se excusará con la barbarie. En la misma forma, la búsqueda de una zona de despeje se justifica con la que se concedió a otra organización subversiva.
En medio de todo este tejemaneje, se destruye y desintegra la patria, paradójicamente entre cándidos sueños y coros de paz. A la Fuerza Pública la ponen a correr y a saltar de un sitio a otro, al compás de retos y acciones destructivas, cuando no a abstenerse de actuar para no arriesgar las vidas de los numerosos rehenes.
El Estado da trazas de tomar la iniciativa en materia de paz, pero la emulación entre las milicias insurgentes la bloquea, perturba y distorsiona. Todo el mundo dice desearla y, sin embargo, no se logra lo más elemental en el camino de alcanzarla: la decisión de parar el desangre, la destrucción del patrimonio público y los padecimientos de la población civil.
En fin de cuentas, lo que se negocia es la liberación de los caídos en las redadas de secuestros, trátese de un avión, de una iglesia o de una autopista. A eso hemos llegado. En otros casos, lo que domina el panorama es el canje de guerrilleros presos por soldados cautivos.
La estrategia político-militar del Estado, si alguna hay fuerte y coherente, aparece a remolque de las monolíticas de las organizaciones subversivas. ¿Será por la debilidad intrínseca de que pudieron ser botones de muestra las crisis de ese orden, la militar primero y la política a renglón seguido?
Al país lo tienen bloqueado los secuestros, las masacres y los asaltos a poblaciones desguarnecidas. Las ilusiones de paz sirven para disfrazar tales sucesos, pero parecen impotentes para frenarlos y erradicarlos.
Sintomático resulta que las invocaciones al derecho internacional humanitario se reciban con irónica sonrisa o que los derechos humanos no encabecen las plataformas de paz. No por ello hay que renunciar a promover su vigencia inaplazable. Mientras aquella llega, urge preocuparse por humanizar el conflicto y por no añadir más odios y más desgarramientos a los ya consumados.
Por supuesto, la liberación sin exclusiones ni condiciones de las personas secuestradas reviste máxima prioridad. Error gravísimo ha sido la condescendencia con ese atroz delito. Por no mortificar a sus patrocinadores y autores, se ha acabado admitiéndolo como fuente de recursos pecuniarios e instrumento de presión y propaganda políticas. En este país de las cosas singulares, lo que debiera ser motivo de enérgico repudio nacional e internacional ha devenido alarde de poder y ha movilizado a otros países a gestionar su terminación.
Explicable es el recelo del gobierno socialdemócrata del Canciller Schroeder de Alemania a comprometerse en esa gestión de estricto orden humanitario. Como también, dados los antecedentes, la disposición a hacerlo por parte de los funcionarios del anterior gobierno del Canciller Kohl, de ideología democristiana, muy próximo a la jerarquía católica de esa nación e intermediario de los contactos de los elenos con la administración Samper.
Riesgo inocultable de este género de actos es el de que se menosprecie su móvil humanitario y se le entienda como legitimación del delito perpetrado. Aun así, no se sabe si se hará el gesto de liberar a todos para lavar el sacrilegio o si se insistirá en utilizarlos como mercancías de cambio. A buen seguro, semejante incógnita se despejó durante las entrevistas en la Santa Sede.
Quizá este episodio escandaloso sea ocasión propicia para una gestión más amplia y completa: la de poner a regir en Colombia el Derecho Internacional Humanitario, con la recomendación y la cooperación de los países que van a intervenir en la liberación de los rehenes, y, en general, de cuantos suscribieron ese tratado. No hayamos de ser una nueva Yugoslavia, destrozada, arruinada y escindida, a la espera de reconstruirse con una ayuda financiera que no habrá de llegar. Mejor que reconstruirse es dejar de destruirse.
Bréguese sí por la paz. Pero, mientras se la consigue, protéjanse la población civil, el patrimonio público, el medio ambiente y, en lo posible, los medios de trabajo de los compatriotas, ahora cuando el desempleo hace estragos. No es menos humanitario prevenir desmanes y crímenes que liquidar una situación crítica y restituir la libertad y la integridad de sus derechos a las víctimas inocentes del secuestro individual o colectivo.
Cruz Roja
En condiciones como las de Colombia, las tareas de Cruz Roja se tornan esenciales. Es así como hemos visto a sus funcionarios recogiendo el cadáver de uno de los secuestrados en el avión de Avianca, levantando muertos en los sitios de los combates o de las devastaciones y procurando llevar ayuda a los rehenes tomados en el templo de Cali.
No paran aquí las labores de tal índole. El aborrecido, denostado y arrogante Estado accede con sus equipos de salvamento a las instituciones financieras. Crece el número de las que demandan de emergencia su ayuda y la reciben, tanto de la esfera oficial como de la privada. El déficit público tenía guardados imprevistos.
Obviamente, estas funciones de Cruz Roja suponen el saneamiento de las respectivas instituciones, y, en primerísimo lugar, de las del propio Estado. Parece casi inexplicable que esta tarea se deba cumplir en forma periódica, como si no bastara con la vigilancia institucional y fuera imposible prevenir nuevos desastres. Extremar esa vigilancia resulta indispensable y, desde luego, sanear y no solamente salvar las instituciones en apuros.