La revolución de lo esencial

Alfredo Toro Hardy

Mucho se ha insistido en que el gobierno del presidente Chávez carece de una agenda económica o que, en cualquier caso, ésta se encuentra por entero subordinada a la agenda política. De un lado, cabría señalar que existe un evidente sentido de dirección económica. Pero, del otro, es necesario insistir en la inconsistencia de pensar en lo económico, haciendo abstracción de los males endémicos que en el plano político han venido ahogando a nuestra economía a lo largo de las últimas décadas.

La Ley Habilitante conforma un proyecto de acción muy concreto. La misma se dirige hacia cuatro áreas específicas: la Administración Pública, las finanzas, el fisco y la promoción económico-industrial. La primera de esas áreas apunta a la disminución del tamaño del Estado, haciéndolo más moderno y menos dispendioso. La segunda busca brindar mayor articulación y coherencia al sistema financiero nacional. La tercera se encamina a establecer un sistema impositivo, que le permita al Estado superar su tradicional dependencia del petróleo. La cuarta, finalmente, intenta transformarse en un instrumento de promoción económica e industrial.

En la última de estas cuatro áreas encontramos un grupo de leyes de la mayor significación. Entre ellas, cabría citar a la Ley de Protección de Inversiones, la cual por primera vez brinda adecuadas garantías jurídicas a los inversionistas extranjeros, incluyendo allí a la figura del arbitraje comercial internacional. Hasta el presente cualquier Estado que desease proteger las inversiones de sus connacionales en Venezuela, debía proceder por la vía de un tratado bilateral. Dentro de ese mismo contexto encontramos también un marco legal en materia de hidrocarburos, que busca integrar y brindar coherencia al extenso cúmulo de leyes existentes en esta materia. En igual sentido apuntan las leyes en materia de concesiones y licitaciones, las cuales persiguen combatir la corrupción por vía de la transparencia. También un marco legal destinado a abrir el sector del gas a las inversiones privadas.

Sin embargo, más allá del contexto de la Ley Habilitante, encontramos un conjunto de anuncios y medidas que definen un claro sentido de propósito. Un par de ejemplos pueden dar muestra de lo dicho. En primer lugar la redefinición del precio indicativo del barril del petróleo, a partir del cual pasa a alimentarse el Fondo de Estabilización Macroeconómico. En efecto, el mismo baja 15 dólares (promedio del precio en los últimos cinco años) a 9 dólares, precio del barril del petróleo a comienzos de año y base para la elaboración del presupuesto de 1999. En segundo lugar, encontramos que el programa de privatización económica sigue adelante con pocas modificaciones. No en balde, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, declaró recientemente a Reuters lo siguiente: 'Creo que en materia económica la administración Chávez está haciendo exactamente el tipo de cosas que esperábamos que hiciera. El mercado ha recibido signos de confianza con las medidas anunciadas, especialmente en el sector fiscal...Los mensajes económicos del presidente Chávez son los mensajes correctos y estamos convencidos de que continuará manejando adecuadamente la situación económica del país'.

Existe, al mismo tiempo, otra dimensión del problema económico directamente involucrada con el proceso constituyente y que trasciende a planes económicos específicos. Desde 1973 hasta el presente Venezuela ha recibido influjos de capital que rondan los 300 mil millones de dólares, por vía de sus ingresos petroleros. De poco han servido los mismos frente a la evidencia de un 80% de los venezolanos situados bajo el nivel de pobreza. Estimular nuevas inversiones sin abocarse a resolver los problemas estructurales de naturaleza política y cultural, que una y otra vez nos han hecho fracasar, tendría poco significado en términos reales. Sólo en la medida que seamos capaces de dar respuestas efectivas a vicios tales como la corrupción, la inseguridad jurídica, el abuso de poder y la inmensa discrecionalidad burocrática, podremos construir las bases de una economía sana. Es posible que argumentos como éste tengan poco significado para analistas financieros que piensen en términos de reportes trimestrales. Sin embargo, sin un cambio de actitudes, comportamientos y procedimientos, habrá poco que buscar hacia el futuro.

Venezuela es una país rico. Despues de Rusia constituye la nación mejor dotada del planeta en cantidad y diversidad de recursos energéticos. Es, a la vez, una potencia minera de primer orden. La combinación de energía abundante y barata con una sólida posición minera ofrece, por su parte, ventajas comparativas muy particulares en diversos sectores. Al mismo tiempo, Venezuela constituye un país multifacético, localizado en un punto neurálgico de la América Latina. Ello no sólo nos transforma en participante natural de diversos mecanismos de integración regional, sino que nos proporciona una posición altamente competitiva como opción turística internacional. Muchos otros elementos apuntan en igual sentido: nos encontramos entre los 20 países del mundo con mayor diversidad biológica, al tiempo que poseemos una de las mayores reservas forestales de América Latina.

Con elementos como esos en mente es difícil comprender cómo el país fracasó tan rotundamente en el plano económico. No obstante, ellos subrayan el hecho de que Venezuela estaría en capacidad de proporcionar sus propias respuestas si fuese bien manejado. En definitiva, más que ambiciosos programas económicos, lo que necesitamos es volver a lo esencial: más decencia, más orden y más transparencia. Lo que está planteado, en pocas palabras, es la revolución de lo esencial. Hacia ese fin apunta, precisamente, el proceso constituyente.

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El Universal Digital, 10 de junio de 1999