Estabilización y crecimiento: Reflexiones de contexto.

Carlos Hernández Delfino

Por años, tasas bajas y variables de crecimiento y persistente inflación, han caracterizado a la economía venezolana en un contexto de inestabilidad fiscal, monetaria y cambiaria, condicionado por la dinámica de los mercados internaciones del petróleo y de capitales, y por políticas públicas cambiantes.

La coyuntura reciente refleja el impacto real y financiero de la crisis global, que afectó severamente al país, con una caída de 33% en las exportaciones petroleras en 1998 y pérdidas de ingreso real como resultado de la drástica reducción de los términos de intercambio. Los mercados de capital muestran mayor aversión al riesgo, reduciéndose y encareciéndose la liquidez disponible para inversiones en el mundo emergente. En lo que va del año, se registran, sin embargo, considerables mejoras en estos mercados. Además, el gasto real del Gobierno continúa reduciéndose, con precarias contribuciones a la inversión en infraestructura y al gasto social directo. El descenso de los programas de inversión de PDVSA, y el efecto de la sobrevaluación acumulada del tipo de cambio, han mermado la contribución periférica de la actividad petrolera al crecimiento. Prevalece un cuadro de incertidumbre asociado al curso de las políticas del Estado y al proceso de cambios políticos e institucionales.

Estos elementos se superponen a tendencias de larga data, reclamando una actuación consistente e integral, en un marco de credibilidad y disciplina. Las tendencias que perversa y recíprocamente agravan el episodio coyuntural, incluyen: la notable volatilidad que caracteriza a esta economía y sus efectos sostenidos en el tiempo, así como la carencia de mecanismos eficaces para contrarrestarla. La ineficiente estructura del gasto fiscal, su marcada rigidez y la relativa inflexibilidad de los ingresos no petroleros. La erraticidad de las políticas públicas, insuficientes para neutralizar la inherente inestabilidad de la economía y su vulnerabilidad frente a impactos externos e internos, dando lugar a procesos incompletos de estabilización y reformas, y cambios frecuentes de enfoque en el manejo fiscal, monetario y cambiario. La excesiva injerencia del Estado regulador y productor en la economía, y carencias concomitantes en la administración de justicia y en los procesos administrativos ordinarios, ilustran un marco de serias distorsiones institucionales. Debilidades instrumentales de la política monetaria, sometida al enorme efecto expansivo del gasto interno del Gobierno y de PDVSA. Declinación sostenida de la inversión y de la productividad; y distorsiones originadas por la diferencia en productividad entre el sector petrolero y el no petrolero, causa, entre otras, de la inercia del proceso inflacionario.

Las consecuencias de este cuadro son claras. Una sostenida erosión de la capacidad de compra del ingreso de los venezolanos, que se ha agravado por la insuficiencia en calidad y cobertura de los servicios públicos, incapaces de cumplir su función redistributiva. Los niveles de pobreza y desigualdad contrastan con la riqueza y potencialidad del país. Se ha acentuado la distorsión en los precios relativos, lo que puede ilustrarse expresando, en términos de salarios, el valor de los bienes y servicios esenciales, y realizar las comparaciones transversales y cronológicas relevantes. El desempleo abierto y encubierto alcanza proporciones alarmantes.

Para enfrentar esta situación, concurren factores favorables en presencia de debilidades que deben ser superadas. En el primer orden, la propicia coyuntura de los mercados externos permitiría aliviar los costos de la estabilización aplicando parte de los ingresos petroleros a la inversión en infraestructura y al fortalecimiento de la red de protección social, sin que necesariamente se perturbe la disciplina de no elevar desproporcionadamente el gasto ya acordado. Posible sería además una adecuada estrategia de financiamiento con visión de largo plazo que asegure la sostenibilidad fiscal. El Gobierno dispone de instrumentos formales que facilitarían la labor, además de contar con una considerable dosis de respaldo. En el otro orden, se necesita, en rigor, un programa de acción integralmente estructurado, con amplio respaldo y suficientemente divulgado que permita, con el apoyo de una gerencia pública eficaz y competente, crear la reputación institucional sobre la cual se asiente la credibilidad y la confianza, factores esenciales para la recuperación de la inversión y del crecimiento.