El capitalismo social (y III)

D.F. Maza Zavala

En los dos artículos anteriores ha hecho la inferencia, con respecto a declaraciones del presidente Chávez, de que la estrategia económica del Gobierno consiste en la promoción de un capitalismo "verdadero", lo que debe tranquilizar a quienes, en el país o en el exterior, abrigaron el temor de que con el ascenso al poder del nuevo presidente se pretendía realizar un cambio revolucionario. Hay y habrá cambios, en el estilo de gobierno, en los procedimientos administrativos, en la estructura del Estado, en las relaciones con la sociedad civil, en la profundización de la democracia, en los alcances de la política nacional, entre otros aspectos, pero no se trata de una revolución. No se cambiaría el sistema económico, que seguirá siendo el capitalismo: sólo que no será un capitalismo "salvaje", ni un capitalismo deforme, sino, como interpreto, un capitalismo social, que está por definir.

En el Programa Económico de Transición (1999-2000), elaborado por Cordiplán, "se bosqueja un modelo de desarrollo que creará las condiciones necesarias para construir una economía más sana y vigorosa, donde la competitividad y el crecimiento económico tengan como consecuencia natural una mayor equidad en el acceso al bienestar para toda la población" (página 2). Más adelante se expresa: "/.../ se concede carácter prioritario a la política de privatización, como palanca del redimensionamiento del Estado y de promoción de la iniciativa privada" (ibid). La definición del modelo de desarrollo se "traduce en el establecimiento de una economía humanista, autogestionaria y competitiva". Ello se enmarca en una organización social de la producción, en la que el mercado como mecanismo fundamental de la asignación de recursos y factores incorpore formas organizativas complementarias de propiedad privada (cooperativismo, asociaciones de consumidores y productores). Las funciones del Estado en esta orientación serán: la protección del interés general de la población, la promoción de actividades económicas privadas y la preservación de la competencia, el incremento de nuestra inserción económica a nivel internacional, el estímulo a la acumulación de capital físico y humano; el desarrollo de la infraestructura incorporará el ahorro público directo, mixto o en concesiones. El Estado empresarial se contraerá a aquellos sectores básicos en los cuales pueda alcanzar una rentabilidad igual o superior a la de la gestión privada.

En lo anterior he hecho una cita libre del programa de referencia, el documento más concreto y amplio que el gobierno ha producido sobre la estrategia económica de transición, a la que seguirá una para el período 2000-2004. El mercado, la iniciativa privada y el Estado tendrán sus funciones en este proceso, que se inicia con una transición indispensable para superar, si ello fuese posible, los graves desequilibrios y problemas heredados de períodos anteriores y que, al parecer, han llegado a su clímax. No se hace referencia al proteccionismo, ni al aislacionismo económico, sino a la competencia y la relación internacional (apertura e integración). La mayor aportación al desarrollo será hecha por la actividad privada, siendo la del Estado de índole promotora, estimulante, orientadora y complementaria. Por supuesto, tendrán que desenvolverse los factores de la sociedad civil. Como es lugar común, tanto mercado como sea conveniente, tanto Estado como sea necesario (y tanta participación social como sea posible). En la trilogía de un nuevo desarrollo dentro del marco del capitalismo y de la democracia participativa, humanista y equitativa.

En Venezuela, sin embargo, hay que considerar algunas realidades que condicionan los alcances y el funcionamiento de la economía de mercado. En primer lugar, el Estado, como delegado de la nación, administra la principal riqueza del país, la petrolera, que seguiría siendo, más allá de las coyunturas, el eje de la vida del país. Una responsabilidad fundamental es, por tanto, la de gerenciar -como se dice ahora- esa riqueza para fortalecer la economía y el bienestar social. El Estado debe procurar el equilibrio entre la contribución del petróleo y la de las otras actividades, para el propio cumplimiento de los fines que le son propios y para aquellos otros que no puede eludir, por la circunstancia mencionada de ser el gerente de la mayor vertiente de riqueza nacional. Este equilibrio no es sólo fiscal o administrativo, sino económico y social: debe lograr una asignación orgánica entre acumulación y consumo, entre presente y futuro, entre estabilización y crecimiento. Sin duda alguna -como en cualquier país- el Estado tiene que diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de índole económica y social: la fiscal, la cambiaria, la monetaria, la financiera, la comercial, la social; es responsable principal de la contención de presiones inflacionarias y deflacionarias; no puede eludir una gestión anticoyuntural, de minimización de la vulnerabilidad de la economía; por la misma razón, no puede ser neutral o indiferente a la situación del desempleo, de la pobreza, de la extrema desigualdad en la distribución del ingreso. Todo ello implica un espacio muy amplio y muy activo en la vida nacional, que no puede dejar al arbitrio de los particulares.

La realidad es evidente en este tiempo de profunda recesión económica. El país está pendiente de la gestión del gobierno, no sólo en lo político sino en lo económico. La actividad productiva declina sensiblemente, el desempleo llega a elevados niveles históricos, la inversión privada está postrada, el consumo inclusive esencial se contrae, quiebran empresas, otras se retiran; en este cuadro dramático a nadie se le ocurre sostener que el mercado solucionará tales problemas; el mercado ha dado su veredicto de insuficiencia y hasta de incompetencia en esta coyuntura. Lo más que se sustenta como tesis de política económica, por parte de los adalides del libre mercado, es que el Estado dote a la iniciativa privada de los medios necesarios para su recuperación. Al hacerlo, porque es conveniente que lo haga, el Estado tiene que establecer las reglas del juego, los condicionantes, las limitaciones de la función económica.

El Nacional On Line, 23 de junio de 1999