La maldición anacrónica

Aurelio F. Concheso

Pobre Venezuela! ¡Qué difícil le resulta salir del atraso! Los pocos y tímidos avances hacia la modernización de sus estructuras económicas y sociales, que a contrapelo de resistencias férreas de mafias gremiales e ideólogos irreductibles se ha logrado en años recientes, corren el riesgo de perderse en un fervor refundacional que a ratos parece dirigido a retrocedernos no sabemos si a los años sesenta o ciento sesenta años.

Nos mueve a esta reflexión la más reciente boutade del nuevo ministro del Trabajo, quien con machacona insistencia viene diciendo que la reforma laboral de 1997 constituyó un despojo a los trabajadores producto de acuerdos de cúpulas sin representatividad legítima. Los planteamientos del ministro recuerdan aquellas posiciones de los socialistas utópicos y de quienes le impusieron el yugo comunista a casi la mitad de la humanidad cuando defensivamente alegaban que 'nuestras ideas y teorías son impecables, pero la realidad nos jugó una mala pasada'.

No importa que el proceso de cambio del régimen laboral haya tomado más de ocho años, no importa que en el esfuerzo hayan intervenido varias comisiones previas a la tripartita, y en ésta hayan participado tres centrales sindicales representativas del 95% de los trabajadores organizados, absolutamente todas las instituciones empresariales, un gobierno legítimamente constituido y que los resultados los haya sancionado mediante leyes las dos terceras partes de un Congreso igualmente legítimo. Al parecer tampoco tiene importancia el hecho que, debido al efecto perverso de las prestaciones sociales retroactivas sobre la remuneración, antes de la reforma, el salario de los trabajadores haya llegado a reducirse a menos del 20% de la remuneración, ni que la inmensa mayoría de las empresas hayan adoptado la práctica de rotar sus nóminas con regularidad al punto que la antigüedad promedio del sector privado no excedía los dos años.

Las concepciones anacrónicas hacen caso omiso también a 'menudencias' como el hecho que en un entorno de inflación galopante el ahorro que pudieran significar las prestaciones no sufrían otra suerte sino la de ser confiscadas en su poder adquisitivo por el impuesto inflacionario. Por cierto, que el argumento anacrónico de 'las prestaciones como ahorro para la vejez' no es otra cosa que una consigna hueca y paternalista. En las economías modernas lo que le conviene al trabajador es que su ahorro a largo plazo esté desvinculado en lo posible del éxito de la empresa en que labora para que dicho ahorro pueda aumentar permanentemente durante toda su vida activa sin limitar su movilidad laboral. Esto sólo se logra hoy en día mediante un sistema nacional de pensiones por capitalización individual, debidamente fiscalizado por el Estado, es cierto, pero operado por entes especializados que conserven y multipliquen el valor de esos ahorros, protegiendo a los mismos de la inflación y del despilfarro político de 'fondos colectivos y solidarios' como en su momento sucedió con los ahorros depositados en el IVSS.

Por último, no estaría mal que la distorsionada 'sensibilidad social' implícita en el intento de revertir la reforma laboral viniera acompañada de una calculadora. El costo de transición para los trabajadores del sector público al nuevo sistema se estimó en unos Bs. 3,5 billones que el Gobierno, maula al fin, aún no ha honrado. Revertir el cambio tendría un costo adicional inmediato por encima de los Bs. 15 billones (más del 25% del PIB) lo cual lo hace, por suerte, racionalmente inviable a no ser que se pretenda imponerlo desatando una hiperinflación que pulverice el poco ahorro aún existente.

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EL UNIVERSAL. CARACAS, 30 DE JUNIO DE1.999