Existe crisis política o económica?

Alexander Guerrero

Las tensiones políticas y las consecuencias de la contracción económica se han combinado en una especie de alucinógeno que impide divisar con exactitud los problemas económicos y políticos - y las prioridades de políticas- , por los cuales atraviesa la sociedad venezolana. El entorno político, el cual ha alcanzado en los últimos anos un grado de deterioro insoportable que impide el desarrollo económico, pide a gritos profundas reformas y estructuras de gobierno modernas.

Decía el Presidente de la República recientemente en un foro que los problemas económicos no se resolverían sin resolver lo político, y en ello, probablemente no le falte razón. El ejemplo aludido, de los fallidos programas de ajuste económicos de 1989 y 1996 en Venezuela, fracasados precisamente por los problemas políticos e institucionales conocidos es apropiado, constituyendo apenas una muestra de lo ocurrido en esta geografía en los últimos veinte años, de tantos fracasos económicos y de sendos colapsos político - institucional.

En ese sentido, la prioridad política debe resolverse rápida y radicalmente, de manera de galvanizar y recrear instituciones, sin las cuales no habrá juego económico viable y mucho menos resultados positivos, con las recurrentes consecuencias conocidas. Ello por supuesto no excluye la implementación de políticas definidas para abatir el problema económico de la coyuntura: la inflación y ganar con ello el ticket para salir de la contracción económica.

Las reformas políticas que se desean y que potencialmente puedan emerger de un proceso constituyente que modernice el Estado, creando nuevas reglas de juego, en una economía de mercado con menor intervención del Estado y los gobiernos; con modernización de las estructuras jurídicas y afianzamiento del estado de derecho económico, con los legítimos refuerzos institucionales en los derechos de propiedad como derecho natural.

Con la creación de estructuras competitivas en la administración de los gobiernos y rendición de cuentas a la sociedad, con riesgo de la sanción política y penal por comprobados ilícitos; con la creación de una Corte Suprema Económica que sirva de foro para la discusión y el juicio de las malas políticas públicas y errores en política económica que, como muchas en el pasado, son las responsables de los amplios niveles de pobreza en este país rico.

Con la implementación de reglas y normas de rango constitucional para eliminar las perversiones políticas de la inflación, como mecanismo de financiamiento del gasto publico de los gobiernos, y que impidan la devaluación del tipo de cambio y con la creación de instituciones monetarias que alienen la economía de devaluaciones, las cuales solo sirven para empobrecer la gente; con la disminución de la presión tributaria sobre el contribuyente, con una reorganización profunda del Estado y la atención de un federalismo tributario donde se crea soberanía tributaria para los entes descentralizados, estados y alcaldías, estrechando la distancia entre el gobernado y sus gobernantes de manera de que el funcionario publico electo o no electo rinda cuentas al conglomerado de votantes –y contribuyentes- que le votó.

Con modernización y flexibilización de las leyes laborales, de manera de reincorporar los trabajadores informales al mercado formal, y permitir un entorno que estimule el crecimiento de la productividad laboral y el salario real, con la implementación de microestructuras financieras para garantizar la seguridad social; a saber, fondos de salud, pensión y paro. En otras palabras el problema es definitivamente político e institucional.

En lo que respecta del tratamiento de la coyuntura económica es importante aprender que la economía no requiere de ningún ajuste ortodoxo que implique una maxidevalaucion. Se requiere que el gobierno implemente esquemas de austeridad fiscal, pese a los reclamos de la administración descentralizada por presión en el gasto publico, establezca un régimen cambiario de tasa fija –desde el dos de febrero a la fecha, la tasa de cambio ha perdido 36 bolívares, lo cual habla por si misma de una depreciación del 5%, lo cual se expresa en perdida adquisitiva del bolívar en una proporción similar. En otras palabras el gobierno debe implementar un programa de estabilización de precios para abatir la inflación y de la cual los dos componentes mencionados el fiscal y el monetario son imprescindibles.

Por otro lado, si las señales que daría el proceso constituyente van en la dirección de los elementos mencionados arriba, la inversión privada nacional y extranjera retornara y con ello el crecimiento económico y el empleo con el consecuente incremento en el standard de vida de la gente siempre y cuando el gobierno en este periodo de transición hasta la aprobación de la nueva constitución remueva la presión inflacionaria, de manera de permitir por vía legitima una reducción de las tasas de interés y con ello estimular la inversión privada.