Inseguridad jurídica en Venezuela

Carlos Sabino

(AIPE).- No es poca la incertidumbre que se vive hoy en Venezuela. Próximamente se elegirán los 131 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Chávez y los partidos que lo apoyan quieren que sea "originaria". Este término, que ya no se usa en el debate político desde hace más de un siglo, equivale a decir que ese cuerpo colegiado podría ser plenipotenciario y destituir al actual Congreso de la República, a la Corte Suprema y al propio presidente, asumiendo por sí y ante sí la representación del "soberano", del pueblo que lo eligió para representarlo. Los analistas más sensatos se preguntan qué ocurriría por ejemplo si, después de arrogarse todos los poderes, la asamblea propusiese a los electores una nueva constitución y ésta, como es posible, fuera rechazada en el referéndum correspondiente.

Este problema, con toda la importancia que sin duda posee, no es sin embargo el único que contribuye a crear un clima de zozobra y de inestabilidad en el país. En Venezuela suceden cosas extrañas: el presidente hace campaña electoral a favor de ciertos candidatos a través del programa de televisión que posee en el canal estatal y en visitas a escuelas primarias. Las leyes que regulan las materias económicas son revisadas todos los días en virtud de los poderes especiales que se le han conferido al Poder Ejecutivo: hoy se elimina un aumento de ciertas tarifas que ya se había acordado, mañana se revisa la decisión y luego, ante ciertas presiones, vuelven a cambiarse las cosas. Todo, desde el sistema de seguridad social reformado hace dos años hasta el destino de las empresas estatales, desde la política social a las relaciones financieras con las regiones, es modificado sin previo aviso, en cambios sucesivos que no parecen tener fin.

Los partidarios del presidente proponen la participación activa de los militares en la vida política y el cambio de la división territorial del país, mientras se discute hasta el propio carácter de una democracia que, por más que se le añadan adjetivos, parece ir quedando cada vez más desmedrada ante el poder creciente que se le confiere al presidente. En Venezuela, para decirlo en dos palabras, todo vale, todo se puede hacer si hay suficiente poder político para hacerlo. No parecen importar demasiado las leyes y reglamentos vigentes, la propia constitución que tenemos desde 1961, el más elemental sentido común jurídico.

Se podrá decir, lo admitimos, que estas horas de confusión son propias de los grandes virajes de la historia, de las transformaciones profundas que cada cierto tiempo viven las sociedades. Pero, desde aquí, desde la propia Venezuela, las cosas se ven de un modo bastante diferente. Nuestro alejamiento de todo marco jurídico no resulta novedoso -pues se trata de un proceso que se viene desarrollando desde hace algunos años-, ni es para nada positivo: no se reconstruye un país violando normas y depositando el poder en manos de un gobernante "esclarecido", supeditando las leyes a los vientos prevalecientes en cada momento político, profundizando tendencias al autoritarismo que, no se puede negar, ya estaban latentes en Venezuela desde hace bastante tiempo.

Los deseos de cambio de los venezolanos, como muestran estos hechos, no se han encaminado hacia los verdaderos problemas que debemos resolver: el poder desmesurado del Estado en la vida económica y civil, la excesiva politización de la sociedad, la falta de un marco jurídico estable que favorezca la generación de riquezas. Todo parece marchar, hasta ahora, en un sentido completamente inverso.

Esperemos que la delicada coyuntura económica que también vivimos, una situación caracterizada por alta inflación, intensa recesión y carencia casi absoluta de inversiones, imponga un poco de sobriedad a nuestros gobernantes y haga sentir a los venezolanos -que todavía apoyan mayoritariamente a Chávez- que estos no son los cambios que el país necesita.

Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.