Sobre una estrategia de Estado para el sector productivo

Leonardo Pizani

"Al que me ayude lo mato"

En la época de la Colonia, cuando en Venezuela circulaban las monedas de oro, a un parroquiano -y escritor conocido de la época- que estaba tomándose un trago recostado de la barra de un bar en el centro de la vieja Caracas, se le rompió una bolsa de la que salieron una cantidad de morocotas que rodaron y se dispersaron por todo el lugar. Cuenta nuestro anecdotario que el personaje en cuestión, lejos de agacharse a recogerlas, rápidamente desenfundó un revolver y -apuntando a la concurrencia- dijo "al que me ayude, lo mato". Algo así es lo que le pasa a la micro, pequeña, mediana empresa y cooperativas en el país.

Algunos dirigentes -con la mayor buena fe y muchos, indudablemente, pensando que ayudan al sector- han promovido la idea de hacer una "legislación especial" para "proteger" las micros y pymes. Nada más equivocado. No tiene ningún sentido pensar en legislaciones especiales para regular la actividad económica mayoritaria. Más sentido tendría -en todo caso- elaborar leyes especiales para regular la actividad de las pocas grandes empresas existentes. El marco legal y regulatorio de la actividad económica debe ser concebido como un instrumento para favorecer la actividad de las empresas básicas del país y debe ser utilizado para promover la relación entre el sector productivo, el sector de ciencia y tecnología y el sector financiero. Si el país logra motorizar una relación dinámica entre estos factores y dentro de ellos mismos, posiblemente estemos dando los primeros pasos en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.

Poner el país al derecho

En muchos sentidos venimos trabajando al revés. Y en materia económica el país está volteado. Como un tigre caminando con las tripas para afuera y las rayas para adentro, de lo que se trata es de meterle la mano por la boca hasta la cola y "darle vuelta".

En Venezuela hay una fuerza de trabajo de alrededor de 10 millones de habitantes, de los cuales unos 8 millones 700 mil, trabajan; 1millón 300 mil, lo hace en el sector público y 7 millones 400 mil en el privado. De este último grupo, el 53%, 3.922.000 habitantes, trabaja en el sector no estructurado de la economía y del 47% restante, por lo menos la mitad, es decir, 1.739.000, labora en pequeñas y medianas empresas. En conclusión, de las 7.400.000 personas que trabajan en el sector privado, 5.661.000, aproximadamente el 75%, lo hace en micros, pequeñas, medianas empresas o cooperativas. Pero nada en este país está hecho para servirles.

Por el contrario, el ordenamiento legal venezolano, desde las normas que rigen los pasos que hay que dar para constituir una industria, ha sido concebido para una empresa que dejó de existir -en el mundo- en la primera mitad de este siglo. Y lo que se ha legislado desde entonces para acá, ha estado dirigido a "controlar" la iniciativa emprendedora pequeña e individual, poniéndole límites a la actividad económica a partir de una concepción del Estado basada en el poder que les daba -a quienes llegaban al gobierno- un ingreso petrolero que hacia innecesaria la producción de riqueza por parte del resto de la población. Entre otras cosas, de allí parte un marco legal y regulatorio en el cual ni tan siquiera existe la idea de "incentivar" la creación de empresas que vaya más allá de pensar como hacerlo por la vía de expropiar los recursos petroleros del Estado y pasarlos a los grandes usufructuadores por la vía de la vieja CVF o Corpoindustria.

Si a este origen agregamos la más absoluta incomprensión por parte de la gran mayoría de nuestra clase dirigente (política y económica) del fenómeno tecnológico sucedido en los últimos veinte años, y sus repercusiones en la forma de organizar la producción, obtenemos el marco legal actual. Un marco concebido para regular una gran empresa prácticamente inexistente, pero que -en nombre de un mal aplicado principio de "igualdad ante la Ley"- se le aplica por igual a la micro, pequeña y mediana empresa que constituyen las empresas básicas del país. Las leyes impositivas no hacen diferencias. Exactamente el mismo tratamiento y los mismos requisitos que se establecen para una gran empresa, deben ser cumplidos por una pequeña empresa. En un país en el cual -al menos hasta ahora- es casi un delito ser emprendedor, el sistema tributario ha sido concebido como un castigo así como las obligaciones laborales, los trámites de registro y formalización, las obligaciones ambientales o el ordenamiento territorial.

Queda claro que para abordar este orden contraproducente, o este desorden sin más, no se debe esperar lo que ofrezca un candidato o un programa de gobierno. Hay que hacer otra cosa: identificar y reunir los socios potenciales entre los empresarios, la gerencia financiera, los académicos y los ejecutivos institucionales, para diseñar y echar adelante una agenda que no es propiamente la de un sector, la de las cooperativas, las micro, pequeña y mediana empresas (Comipyme), sino un proyecto de solución económica para el país que tiene que ver con la verdadera generación de riqueza en lugar de la simple administración de la riqueza petrolera a favor de los "sectores excluidos". Tenemos la oportunidad, quizás única, de poner a trabajar juntos la ciencia, la tecnología y el sector financiero con el sector productivo, en una operación en la que todos ganan. Pero, lejos de las promesas vagas que por esta época abundan, tenemos que saber cómo aprovecharla.

El petróleo ya no alcanza ni para semilla

Si acaso alguna vez lo fue -cosa que discuto- el petróleo en Venezuela ha dejado de ser la respuesta a los problemas estructurales del país para llegar a convertirse en un fenómeno de gran importancia coyuntural que tiene su propio futuro en riesgo por cuanto de sus ingresos los administradores de la Nación han puesto a depender la nómina y el deficit fiscal del gobierno de turno. Hoy el petróleo es el factor de mayor importancia coyuntural en una economía dominada estructuralmente por el papel que juegan las empresas básicas -aquellas que sostienen 6 de los 7.4 millones de habitantes que trabajan en el sector privado de la economía- es decir, la micro, pequeña, mediana empresa y cooperativas del campo y de la ciudad. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero no por eso esa realidad va a cambiar.

Las poblaciones crecen y sus necesidades también. Es evidente como disminuye día a día la importancia relativa del petróleo ante la desesperación de muchos de nuestros dirigentes políticos y empresariales sólo aprendieron a hacer negocios con el Estado y utilizando amistades e influencias. En el entretanto, la nación no aprovechó como debía una invalorable e irrepetible oportunidad que nos brindaron la historia y las circunstancias pero, lo que más preocupa es ver como -a esa dirigencia hecha al calor de la riqueza petrolera- lo único que se le ocurre hacer es sentarse a llorar frente a la leche derramada mientras es incapaz de desarrollar con creatividad y conocimiento iniciativas e ideas que permitan incentivar y dinamizar el aparato productivo, facilitando su modernización e incorporación al mercado mundial de manera competitiva.

La Comipyme es un negocio para todos

Desde el punto de vista contable, cuando un banco otorga un préstamo debe registrar un activo (cuentas por cobrar) y, cuando recibe un depósito, debe registrar un pasivo (le debe al depositante el dinero que éste le dio). En Venezuela -hasta hace tan poco tiempo que ni siquiera me atrevería a decir que ya cambió- la banca ofrecía incentivos a sus gerentes si estos conseguían depósitos, es decir, cuando la endeudaban, porque el negocio de los banqueros no estaba en la actividad de intermediación, sino en el uso que le daban a los recursos petroleros que, por diferentes vías, captaban del Estado. De allí que, tanto desde el punto de vista legislativo (regulaciones bancarias) como desde el punto de vista de los productos que la banca ofrece, no exista ni tan siquiera las condiciones mínimas necesarias para prestar y fomentar la empresa o el emprendedor.

En la época en la que las vacas no eran gordas, sino gordísimas, sin inflación y con enormes ingresos producidos por el boom petrolero del 73 - 74, nuestra banca llegó a intermediar un 25% del PIB lo cual, si bien era una cifra relativamente importante, estaba muy por debajo del 40% o 45% que intermedian en los países industrializados. Hoy, esa misma banca apenas intermedia entre un 5% y un 7% del PIB, dejando que sean los agiotistas y los proveedores de insumos quienes hagan el gran negocio financiando las micros, pequeñas y medianas empresas y substituyéndolos en lo fundamental de su negocio.

Si bien es cierto que nuestra banca -en términos generales- no se ha distinguido hasta ahora por ser moderna, eficiente ni arriesgada, las dificultades que estructuralmente sufre el sector productivo y el de ciencia y tecnología para acceder al financiamiento tiene mucho que ver con la mentalidad general a la que hemos hecho referencia en distintos lugares de este trabajo, ya que buena parte del problema se debe a que las leyes y regulaciones que rigen al sector financiero fueron concebidas pensando en la relación que mantienen las grandes empresas con la banca, exigiéndose seguridades, índices de garantías y requisitos que sólo las empresas de gran tamaño pueden cumplir y que luego -por el mal uso que se ha hecho del principio de "igualdad ante la Ley"- se constituyen en trabas insalvables para las micros y pequeñas y medianas empresas aún en aquellos casos en los que los bancos quisieran prestar.

Un tigre con muchas patas

No va a ser fácil que en el mundo se nos llegue a reconocer como uno de los "tigres" de América Latina. Hemos desperdiciado muchas oportunidades y perdido mucho tiempo, pero, si realmente queremos dar un salto hacia adelante, debemos comprender que las políticas económicas no son solamente financieras. En el hecho productivo confluyen diversas áreas de cuya interacción depende la competitividad del país.

No es posible pensar en estimular la producción sin pensar en una política de largo plazo en educación y en salud pero tampoco es posible pensar en una política de promoción del aparato productivo que pretenda que los problemas de un mercado desestructurado como el nuestro, pueden resolverse sólo con una caja de conversión.

Cualquier agenda dirigida a estimular nuestro aparato productivo tiene que integrar y sopesar medidas macroeconómicas con políticas dirigidas a atacar problemas conceptuales en los cuales quede perfectamente claro cual es la economía que queremos dinamizar. A tal efecto requerimos de una política fiscal , una política cambiaria, laboral y financiera claramente dirigidas a estimular a nuestra empresa básica que es, sin duda alguna, la micro, pequeña, mediana empresa y las cooperativas. Nuestro principal instrumento de política hoy, aquel que vendría a llenar nuestro más importante vacio en esa materia, es definir una estrategia que apoye el aparato productivo que tenemos que no es otro que uno compuesto por cientos de miles de emprendedores que quieren desarrollar sus ideas e iniciativas y no encuentran un terreno propicio para construir empresas prósperas y modernas a tono con la realidad mundial.