Confusión y contrastes: causa de nuestros males
Eddo Polesel
Varios aspectos, aunque de materias distintas, evidencian la confusión de criterio y de comportamiento constrastes que se mantienen en el país; uno se refiere al uso de recursos extraordinarios que se podrían originar por el excedente entre el precio de realización del petróleo del año y el que se toma como base para las estimaciones de ingresos para el presupuesto de gastos; el otro se refiere a las expectativas de un elevado porcentaje de la población que cree que la Constituyente le resolverá sus problemas económicos. En cuanto al primero el segundo será materia de la próxima entrega llama la atención el hecho de que, al finalizar el anterior período constitucional, se creó un Fondo de Estabilizacion Macroeconómica cuando ya se habían gastado todos los ingresos extraordinarios que las privatizaciones y la bonanza petrolera habían generado. Al respecto, lo menos que podemos decir es que la constitución de ese fondo ha sido una burla o un engaño, pretendiendo que se recordara al Gobierno saliente como una administración precavida y ahorrativa cuando, en el momento en que dispuso de los recursos extraordinarios, los gastó, limitándose a crear el fondo, pero sin fondos. Sin embargo, el asombro aumenta por el hecho de que la actual administración, imbuida de encomiables propósitos de rectificación, llega al extremo de que en el momento que se confronta un elevado déficit fiscal, el cual no es posible enjugar mediante una reducción del gasto corriente en la proporción de la disminución del ingreso, piensa guardar en ese fondo parte de un supuesto excedente que se generará por una parcial recuperación de los precios del petróleo, cuando el déficit nos obliga a recurrir a un endeudamiento en dólares; por otra, carecemos de recursos para inversiones en función de un proyecto de desarrollo para el país que viabilice un crecimiento económico sustentable.
Por esas razones, no podemos evitar hacer comparaciones ya que, si antes los recursos extraordinarios se gastaron mal, y de eso no hay duda que si se pretende asignarles al gasto social o para atender a un sinnúmero de problemas, lo cual, aun cuando pueda justificarse, por la dispersión los resultados serían los mismos; y aun cuando las comparaciones son, casi siempre, odiosas, lo hacemos por cuanto el pasado ya pasó, pero sus efectos los estamos sufriendo, confiamos que sirvan para que realmente se realicen las profundas rectificaciones porque, de no hacerlo, se evidenciaría otro aspecto que ha sido la principal causa de los fracasos de los gobiernos, experiencia que no necesitamos repetir.
Por lo tanto, si queremos evitar que las variaciones en el ingreso petrolero continúen siendo un factor de desestabilización, tanto cuando aumenta como cuando disminuye, debemos articular un crecimiento de la economía real; y el hecho de que en el pasado la utilización de los fondos extraordinarios represados en el Fondo de Inversiones de Venezuela no dieron resultado, se debió a que dichos recursos fueron destinados a financiar empresas del Estado que no sólo han consumido esos recursos sino que además se endeudaron; deudas que tuvieron que ser asumidas por la República, las cuales continúan siendo un lastre para el país. En consecuencia, más que un Fondo de Estabilización, lo que debemos hacer es utilizar los excedentes para inversiones dirigidas a lograr las transformaciones para generar riqueza y bienestar y no sólo limitarnos a continuar con explotar los recursos básicos para seguir siendo proveedores de materia prima barata para los países industrializados y con esos ingresos financiar un gasto público improductivo e inflacionario. Para lograrlo no debemos continuar acomodándonos a las recetas que nos presentan los organismos multinacionales y multilaterales ya que, por considerar todas las erogaciones del Estado, incluyendo las de Pdvsa como un gasto, con la aplicación de ajustes macroeconómicos que sugieren dichas recetas, aunado a un comportamiento débil y de complicidad de nuestros gobiernos, ha conducido a la eliminación de todas las inversiones públicas en la infraestructura en apoyo a las transformaciones estructurales que debemos realizar y para la creación de los servicios básicos, con lo cual se ha impedido el desarrollo, desmejorando las condiciones de vida de la población, y es lo que nos mantiene en la condición de país pobre.
Si la actual administración quiere diferenciarse de las anteriores debe instrumentar política públicas para que el Estado reasuma el papel de ser un factor de desarrollo, de lo contrario los resultados no podrán ser otros sino los que tanto se critican; la situación de pobreza no aminorará y la inestabilidad institucional aumentará, poniendo a riesgo el sistema democrático que tanto nos ha costado y que no estamos dispuesto a perder.
rqepole@telcel.net.ve
El Universal Digital, 2 de julio de 1999