Enrique Mujica

¿Es posible que actividades tan disímiles como el tenis, las bolas criollas, el fútbol, las hamburguesas y las ofertas electorales tengan algo en común?

Esencialmente, todas ellas atienden a reglas de juego que establecen los derechos y obligaciones de los participantes. En el tenis la regla de juego más vistosa es la malla, árbitro pasivo por excelencia, en las bolas criollas el mingo, en el fútbol la portería, en la empresa de hamburguesas el consumidor y en la política el elector.

En el ámbito empresarial las reglas de juego responden a un proceso de dos vías (bidireccional). La primera, consiste en una estrategia diseñada para evaluar las necesidades y preferencias del consumidor. A partir de la información obtenida el empresario emergente o experimentado define los distintos atributos requeridos para posicionar el producto en el mercado y si la percepción del consumidor es favorable, su reto está en seguir despejando las múltiples incógnitas que definen la competitividad.

En el caso de una oferta electoral (un programa de gobierno) la estrategia tiene igualmente que satisfacer los criterios de bidireccionalidad señalados, con el propósito de posicionar y fortalecer sus productos(candidatos) para lo cual es clave el reconocimiento de la marca (partidos), forjando alianzas con proveedores de talento(sociedad civil) que asistan técnicamente en la conceptualización, presentación y promoción del producto.

¿Ahora, cómo se propagan exitosamente estos principios en la práctica?

La experiencia indica que la creación de valor en una empresa gravita entre lo sublime y lo mundano, entre lo estratégico y lo operativo.

La dimensión estratégica exige ponderar el valor de los distintos cursos de acción, así como evaluar transacciones relevantes (decisiones de desinversión, fusiones y/ó adquisiciones, recapitalización, etc). Por otra parte, la dimensión operativa de la organización impone a su capital humano determinar si el negocio en la forma que ha sido configurado funciona y genera valor. En el mismo rango de importancia se encuentran las medidas operativas que potencian el valor de la empresa.

A partir de estos enunciados un alto ejecutivo de McDonald’s, por ejemplo, construye su agenda de trabajo culminando con presentaciones periódicas ante la junta directiva y rindiendo cuentas a los accionistas.

Esta es la tajante realidad que plantea la labor de ordenamiento y administración de una empresa competitiva sometida a reglas de juego donde la rendición de cuentas reduce las tentaciones autárquicas, las desviaciones del poder y los riesgos morales dentro de una organización. Este tipo de arreglo institucional funciona cuando los controles y balances están inscritos en la cotidianeidad de la empresa y constituye un creador de valor horizontal. Sobre ese piso institucional los ejecutivos de McDonald’s asumen la tarea de maximizar el valor de la empresa ante sus accionistas.

Después de cuatro lustros, la calidad de gestión de su tren gerencial salta a la vista. McDonald’s abrió su tienda número 100 en 1959,hoy cuenta con más de18.000 tiendas a nivel internacional y 10 mil millones de US$ en ventas anuales. Como consequencia de la aplicación efectiva de controles y balances, entre otras herramientas gerenciales, la MacDonaldcracia sé convirtio en una realidad gastronómica en el mundo.

A diferencia del ejemplo mencionado anteriormente, los altos ejecutivos de McDonald Ramírez (McD.R) compartieron con su competidor más cercano los beneficios que brinda un mercado cautivo. En teoría, estas organizaciones políticas debieron competir ferózmente, pero más bien se aliaron para distribuirse la torta.

En la práctica McD.R (Copei) y "la competencia" (AD) decidieron ordenar y administrar el país por la vía de los acuerdos horizontales, mecanismos que sirvieron para atenuar las fuerzas competitivas y modernizantes del estado; prácticas discriminatorias que atentaron y atentan contra el principio de selección del mejor para el cargo, publicidad engañosa (ofertas incumplibles) repartición de mercados geográficos y laborales a través de ministerios, gobernaciones, congreso y empresas públicas, llegando a lo impensable, la cartelización en las últimas elecciones.

Esta combinación de prácticas anticompetitivas, aniquiló la productividad y eficiencia del sistema político venezolano. Todo esto, facilitado por el colapso de las fuerzas de control (Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Fiscalía). Mientras tanto, la ciudadanía fué sentenciada a sobrevivir en una posición de completa indefensión.

Bajo estas condiciones, los candidatos y sus ofertas electorales pasaron a ser percibidos por el elector como un producto degradado y poco confiable, comercializado por gente mañosa. Esta percepción se arraigó en la mente de los venezolanos al observar los altos costos de regulaciones ineficientes imputados a la sociedad.

En el ámbito social los resultados obtenidos evidencian la incapacidad de revertir la privatización perversa del sistema judicial y el descalabro de los servicios de salud, así como el crecimiento de la tasa de deserción en el sistema educativo, su baja calidad y escasa orientación práctica.

En el ámbito económico, las tasas de interés, el tipo de cambio, la estabilidad de precios, núcleos de una economía de mercado, fueron convertidos en mecanismos coercitivos destinados a castigar la economía.

La política económica terminó pareciéndose a una montaña rusa, con múltiples cruces anclados en un legado de visiones que acentuaron y acentúan un proteccionismo desactualizado y cargado de excesiva discrecionalidad en el uso del poder.

Estas perversidades envolvieron al sector productivo en profundas contradicciones, estimulando su entrada al mundo de los "arreglos" políticos, dando lugar al intercambio recurrente de principios por práctica, de esfuerzos productivos por improductivos. La visión y mentalidad de logro definidos como los principales rasgos de un empresario, fueron sustituidas por un sistema de complicidades, lo cual resultó en una base productiva poco eficiente.