El desacato a la ley: ¿Una consecuencia de un diálogo de sordos?
Arquímedes Guerrero
El Presidente Chávez desacata la ley porque él estima estar por encima de ella. Cual representante magnificado de los defectos y, para ser justo, cualidades del macho criollo, el Comandante en discurso encendido desafía a las autoridades que lo pongan preso por violar unas leyes que él no acepta, porque no fueron elaboradas por la revolución militar que él conduce. El resto de los venezolanos no chavista – lamentablemente hoy una minoría pensante mas no deliberante- cree ingenuamente que estamos viviendo en una sociedad regida por un estado de derecho que garantiza a todos los ciudadanos la justicia, sin la cual ninguna sociedad organizada puede subsistir.
Pero como bien podría decir el Presidente " bájense de esa nube y aterricen." El estado de derecho nunca existió – para la mayoría de los venezolanos - y por lo tanto el Presidente no se siente atado a ningún orden jurídico preexistente. El es la encarnación de la voluntad popular y además anda armado. Las leyes, reglamentos y organización estatal a la cual se someterá, serán aquellas que surjan de ese extraño proceso de catarsis colectiva que él denomina la "refundación de la República"
Esas normas que pasarán por la disolución de la estructura estatal anterior, es decir, la abolición del Congreso, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Fiscalía y CNE es para él el requisito sine qua non para poder iniciar el proceso de poner los cimientos del Nuevo Orden Nacional. Para Chávez no tiene ningún sentido elaborar una nueva Constitución, eso es un mero ejercicio de leguleyismo, lo que a él le interesa es concentrar el poder de manera piramidal manteniendo en su persona el control de esa nueva estructura. Y una vez que obtenga el control del poder absoluto a través de la ANC ir sobre la marcha gobernando, legislando y juzgando, para luego consagrar en el nuevo texto constitucional la estructura jurídica que confirme y valide lo que se hizo de hecho en la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana, realizada en forma deliberante por la misma asamblea.
Escuchando y leyendo los planteamientos de buena fe presentados por los aspirantes a ser electos para integrar la nueva asamblea y que no conforman el tubo chavista, percibimos una alta dosis de ingenuidad frente a la naturaleza del cambio que ha ocurrido en el país, en la correlación de fuerzas que tienen el poder de modificar el status quo vigente.
Estos planteamientos que visto con una lógica formal y jurídica tienen una validez absoluta, si se toma- como debe tomarse- por base para el cambio el ordenamiento jurídico vigente, no la tienen en un orden revolucionario como el que se está viviendo hoy en día en el país. El estado de derecho es una realidad, así este no haya sido aplicado con coherencia y justicia y aún cuando haya sido sistemáticamente violado por los anteriores detentores del poder político. Eso lo sabe Chávez, lo saben los reformistas y los restos de las evaporadas cúpulas del poder fenecido. Por lo tanto, no existe hoy una posibilidad de entendimiento entre las dos visiones del cambio y el conflicto de poder, parece un diálogo de sordos que será resuelto por la fuerza, que hoy tiene el primer magistrado de la República, que es nada menos que la confianza aparente de la mayoría de la población votante y el respaldo por ahora cuasi unánime de las Fuerzas Armadas.
Por eso es que cada vez que se trata de hacer entrar en razón al Presidente utilizando argumentos fundados en el ordenamiento jurídico vigente, lo que se logra es el efecto contrario al perseguido y refuerza el discurso contestatario, revolucionario en la forma displicente, frente a una estructura normativa que sólo tiene importancia para una pequeña pero selecta minoría. La masa, las Fuerzas Armadas y Chávez quieren cambios ya y no aceptan que estos sean postergados por argumento de naturaleza jurídica.
Tal vez, lo más aconsejable resultaría dejar que el Presidente continúe violando flagrantemente el orden jurídico actual e ir a la elección de los asambleístas, sin darle la oportunidad de que se valga del argumento de que las élites de la corrupción están impidiendo el cambio, por todos reclamados y dejar que sea el soberano el que con sus votos decida si le darán como él piensa y desea esa mayoría apabullante, que le permita completar la estrategia fijada en el momento en el que el MBR 200 planificó el asalto al poder. Si los resultados no son los que él aspira, es decir, que no obtiene una mayoría lo suficientemente imponente como para neutralizar toda oposición a sus designios un nuevo juego surgirá y será entonces en verdad suma cero. En ese instante el Presidente deberá decidir si se quita la careta y procede a realizar los cambios por vía de hecho o si se someterá a lo que la voluntad popular haya decidido e iniciar el proceso de transformación requerida a través de un proceso de concertación con una sociedad civil revitalizada. Si por el contrario, el pueblo decide darle esa mayoría apabullante a la que cree tener derecho, entonces esperemos a que el tiempo decida si los cambios por él generados serán beneficiosos, permanentes y si seguirán contando con el respaldo mayoritario de los venezolanos.