Para bajar el gasto público

Alberto Benegas Lynch (h)

La mayor parte de los gobernantes tiene la manía de insistir en que "el gasto público es inflexible a la baja". Esta es otra manera de afirmar que a los políticos no les da la gana de reducir su poder y sus prebendas. Sin embargo, muchas son las áreas gubernamentales que resultan absolutamente incompatibles con una sociedad abierta. Tal es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía. El ministro de economía es, lógicamente, para intervenir en la economía. No tiene sentido proclamar las ventajas del mercado libre y al mismo tiempo poner en funciones un ministro de economía. Se necesita, cuando más, un secretario del tesoro, de hacienda o de finanzas públicas. Una persona cuyas funciones se limiten a cobrar la menor cantidad posible de impuestos para cumplir con la función de protección y justicia que son aquellas tareas que, precisamente, en muy pocos casos, se llevan a cabo de manera aceptable.

Tampoco tiene sentido el Ministerio de Educación si es que pensamos que se les debe permitir a los educadores concertar arreglos con los educandos (o sus padres) para seguir los programas que consideren pertinentes. Las mezclas de asignaturas y los sistemas de promoción deben estar abiertos a un proceso evolutivo y no dictaminados e impuestos desde las esferas del poder. En la práctica, resulta un despropósito hablar de colegios privados cuando los programas y las bibliografías son decididos por los célebres "Ministerios de Educación". De este modo, el colegio es privado sólo porque una comisión de padres o un grupo de personas tiene registrado a su nombre el edifico donde se llevan a cabo las actividades, pero el producto que allí se expende -léase programas y bibliografías- está decidido e impuesto desde las esferas del poder.

Otra área que a esta altura resulta casi irrisoria (si no fuera dramática) son los llamados ministerios de Bienestar Social. Sólo nos faltaría el Ministerio del Amor Profundo o de la Carcajada Intensa para completar un cuadro bastante ridículo. En las áreas de los así llamados Ministerio de Bienestar Social se han establecido sistemas de jubilaciones y atenciones médicas coactivas que han resultado en verdaderas estafas para la gente más necesitada. En rigor de verdad, tampoco tienen sentido las inmensas estructuras de las embajadas dependientes de las respectivas cancillerías. En esta etapa de la historia en la que existe el correo electrónico, el fax y la teleconferencia no resulta necesario adquirir palacios en distintos países para las consabidas representaciones diplomáticas que rebalsan de funcionarios, etcétera.

Sin perjuicio de intentar lo anterior y aunque no fuera posible lograr esos cometidos, quisiera concentrar ahora mi atención en un análisis completamente distinto para reducir drásticamente el gasto público. Se trata de recurrir a la competencia también para este propósito. Esto puede lograrse muy eficientemente a través de un genuino federalismo transfiriendo prácticamente todas las funciones del gobierno central a las provincias o estados miembros. Si esta medida se adoptara, inmediatamente aparecerían potentes incentivos a través de la competencia para reducir gastos puesto que allí donde los impuestos resulten más gravosos hará que la gente se traslade o haga operaciones comerciales en otros estados lo cual también guiará a las inversiones en general. Al derivar las funciones del gobierno central a las distintas jurisdicciones antes referidas se obligará a los gobiernos locales a usar su imaginación y esforzarse en retener clientela al efecto del consiguiente rédito electoral y para preservar la existencia misma de la política en ese ámbito. La preocupación de limitar el poder a través del federalismo data de muy antiguo pero fue expuesta sistemáticamente por vez primera en el siglo XVIII a través de los llamados Papeles Antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los propios Federalistas).

Resulta de gran importancia complementar esta propuesta con una concepción fiscal distinta a la que viene practicándose hasta el momento. Esta estructura fiscal debería consistir en que en las provincias o los estados miembros coparticipen al gobierno central con los impuestos recaudados y no como en gran medida sucede actualmente donde el gobierno central coparticipa a las distintas jurisdicciones que componen la nación. Desde una perspectiva jurídica son las provincias o los estados miembros los que constituyen el gobierno central y no al revés. En los países en los que existe un régimen unitario debería de transformarse en un régimen federal (en la práctica, los así llamados federales son hoy, de facto, unitarios).

Por último, me parece de gran importancia prohibir constitucionalmente la deuda pública a los efectos de que los distintos gobiernos deban limitarse a los recursos del presente sin comprometer patrimonios de futuras generaciones. Asimismo, en cuanto al régimen monetario, debería prestarse especial atención a las propuestas formuladas oportunamente por el premio Nobel en Economía Friedrich A. von Hayek en cuanto a la libertad en el mercado crediticio, financiero y bancario. Sin duda que esto no ocurrirá espontáneamente. Los megalómanos del gobierno central no se autorrestringirán voluntariamente ni tampoco lo harán los gobernantes de provincia que reciben fondos desde donde está concentrando el poder. Igual que con otras políticas, de lo que se trata es de influir sobre la opinión pública para correr el eje del debate en esta dirección.

© AIPE

Rector de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.