Alfredo J. Weil Reyna

El desarrollo de las normas constitucionales que consagran el derecho a agruparse en organizaciones políticas, condujo a que en las diferentes Leyes Orgánicas del Sufragio se contemplara el financiamiento por parte del Estado a las organizaciones políticas. Con ello se perseguía evitar la intromisión del capital privado en la política nacional. Así planteado, el financiamiento de los partidos pudiese no ser criticable sino, incluso, conveniente. Pero ha quedado más que probado el mal uso que se le ha dado a los fondos que los partidos han hecho con esos aportes. En mi criterio, la nueva Constitución debe prohibir expresamente el financiamiento de los partidos por el Estado venezolano y, en compensación, garantizar la igualdad de oportunidades a todos cuantos participen en una contienda electoral, lo cual se puede lograr mediante la asignación equitativa de espacios en los medios de comunicación.

Demás está decir que en esta campaña para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, aquellos que nos postulamos por iniciativa propia estamos en una posición de minusvalía ante las maquinarias de partido y el inexplicable y grosero atropello del Presidente de la República, que abandonando sus responsabilidades de gobierno, se ha dedicado a apoyar a "sus" candidatos, muchos de los cuales son tan desconocidos y de dudosa capacidad que si no es por la "mano presidencial" no tendrían la menor oportunidad de llegar a ser electos. Esta triste historia no debería volver a repetirse.