El apoliticismo de las Fuerzas Armadas

Santiago Ochoa Antich

Debo dejar claro de antemano que siento por las Fuerzas Armadas Nacionales un profundo respeto. Mi padre con sus 93 años es el oficial efectivo más antiguo del Ejército. Durante toda mi vida, pues, el tema militar siempre ha estado presente. Mi hermano Fernando es general de División retirado y fue ministro de la Defensa. Dos sobrinos continúan en el Ejército y otro, Jaime, perdió la vida, muy joven aún, en el cumplimiento de su deber. Además, durante cuatro años me desempeñé como profesor de la Academia Militar de Venezuela. Creo, no obstante que el tema militar debe ser abordado por todos los venezolanos. Que mantener el asunto como tabú daña a las propias Fuerzas, pues las desvincula del resto de la Nación, al hacerlas aparecer como una institución distante de la problemática diaria y, por eso mismo, en situación de privilegio, algo por cierto muy alejado de la realidad.

Mucho se ha hablado del tema en los últimos días, por ser asunto obligado para la Asamblea Nacional Constituyente. En realidad, me parece, que dos cuestiones distintas tienden a confundirse en una. De un lado, encontramos el problema de si los militares, y en especial, los oficiales, deben votar. Del otro, si las Fuerzas Armadas en su conjunto deben ser deliberantes. Una cosa no implica la otra ni mucho menos, como parecen creerlo algunos.

En las democracias avanzadas los militares votan. Así ocurre en Gran Bretaña, en los países de la Mancomunidad Británica, en Estados Unidos y en los países europeos. Pero una cosa es votar y otra bien distinta hacer labores de proselitismo dentro de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurre en esos países en lo que se refiere a lo que allí se conoce como el Servicio Civil, esto es, la administración pública de carrera. Estos funcionarios votan, pero a ninguno le es permitido realizar labores proselitistas a favor de algún partido o grupo político ni mucho menos cotizar. Otra cosa son los funcionarios políticos sean electos o designados. Estos pueden votar y hacer proselitismo, pero nunca dentro de las Fuerzas Armadas o de la Administración Pública y mucho menos en el Poder Judicial. Estas son cuestiones tan sabidas que parecen verdades de Perogrullo.

Algo bien distinto, como digo, es si las Fuerzas Armadas en su conjunto pueden hacer política. El Libertador tenía bien claro el punto y así lo dejó plasmado en los proyectos de constitución presentados a la consideración de la Asamblea reunida en Angostura o a la República del Alto Perú. Las Fuerzas Armadas han de ser apolíticas y no deliberantes. El texto del artículo 132 de la Constitución de 1961 expresó la cuestión de la siguiente manera: "Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política."

Los cuartelazos frustrados del período presidencial de Rómulo Betancourt y los más recientes golpes de Estado debelados el 4 de Febrero y el 27 de Noviembre demuestran claramente que no basta con un texto constitucional, si no hay la voluntad entre los integrantes de las Fuerzas Armadas. Más aún, el propio texto podría inclinarlos por la vía de la fuerza, al hacerlos garantes de la institucionalidad democrática, lo cual puede ser interpretado en forma diferente por distintas individualidades o grupos sociales.

Algo similar ocurre con el juramento de fidelidad a la bandera, cuyo texto es el siguiente: "¿Juran defender la Patria y sus instituciones hasta perder la vida y no abandonar jamás a sus superiores?" En los juicios de Nuremberg los oficiales alemanes sacaron a relucir su deber de obediencia a los superiores, pero fueron condenados, porque tales juramentos no excusan las obligaciones a favor de los derechos humanos, ni mucho menos la conspiración para llevar a cabo una guerra de agresión.

La cuestión, pues, no radica en los textos sino en las intenciones. La excusa de los militares involucrados en una conspiración siempre ha tenido que ver con la salvación de la Patria o la Constitución. Augusto Pinochet y su cohorte actuaron el 17 de septiembre de 1973 en respuesta a un pronunciamiento de la mayoría parlamentaria y de la interpretación del texto constitucional por la Corte Suprema. Los militares británicos y norteamericanos, por el contrario, siempre, aún en las más difíciles circunstancias económicas o sociales, se han inclinado por el respeto del poder constituido. Es interesante por demás que sea en esas dos naciones donde se concedió primero el voto a los militares. Y donde militares de escuela como Winston Churchill o Dwight Eisenhower hayan sido paradigmas de la democracia representativa.