Diálogo en privado con Ricardo Hausmann
Las constituyentes no han resuelto los problemas económicos de América Latina
Enriqueta Lemoine
El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo asegura que el problema de las altas tasas de interés no se resuelve entre el Ejecutivo y la banca, sino entre el Gobierno y los miles de venezolanos que tienen depositados entre 60 millardos y 100 millardos de dólares en el exterior. Es un asunto de confianza, que pasa por diseñar y ejecutar una estrategia macroeconómica creíble, cuya ausencia ha sumido al país en la actual recesión
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Foto IVAN APONTE |
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Foto IVAN APONTE |
Ricardo Hausmann está convencido de que el problema de las altas tasas de interés en el mercado monetario interno -que tanto preocupa a los venezolanos y a la administración del presidente Hugo Chávez- no es un problema entre el Gobierno y los 20 banqueros que hay en el país.
"Lo primero que hay que entender -asegura- es que el asunto de las tasas de interés es un problema del Gobierno y los miles de venezolanos que tienen depositados entre 60 millardos y 100 millardos de dólares en el exterior".
En dos platos: es un problema de confianza, que no se resuelve ni conminando a la banca para que baje los intereses ni dejando en el ambiente una sutil amenaza en el sentido de que, en cualquier momento -si las tasas no bajan hasta los niveles que el Gobierno considere razonables- el Banco Central podría proceder a un control de los intereses.
"De modo que generar un sistema financiero con una mejor oferta de crédito y tasas de interés más bajas pasa por convencer a los miles de venezolanos que tienen su plata afuera, y no a los 20 banqueros. Creo que la forma como se ha planteado la solución refleja lo distante que está la reflexión nacional de esta la realidad. La ausencia de una estrategia macroeconómica creíble, de una estrategia monetaria y cambiaria creíble, es lo que está detrás de la situación actual y de las altas tasas de interés", sentencia.
Hausmann, quien desde hace varios años es el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, vino a Caracas por pocas horas a atender asuntos familiares; dio una clase magistral en el IESA, donde expuso con evidencias empíricas las bondades de establecer en América Latina una unión monetaria al estilo de la que estrenó este año la Unión Europea, pero con el dólar como moneda de curso legal; y accedió a entrevistarse con el periodista Andrés Rojas Jiménez y con quien suscribe.
No hay estrategia
Insiste una y otra vez en que es la falta de una estrategia económica la que ha provocado la actual contracción de la economía venezolana y asegura que sólo una estrategia de mediano y largo plazos permitiría que en lo inmediato la gente -léase los inversionistas y empresarios- se empiece a mover para aprovechar esas oportunidades que están viendo en el mediano plazo.
"Si la gente no sabe dónde está parada, desconoce cuál es la estrategia de inserción de Venezuela en la economía internacional, no sabe ni cuál es la estrategia de deuda ni si se garantizarán los derechos de propiedad, los derechos económicos, los derechos constitucionales básicos, en ese contexto es muy difícil que una medida de corto plazo tenga efectos instantáneos. Por eso insisto: la causa fundamental de la recesión en Venezuela es la ausencia de una estrategia económica. La coyuntura está determinada por la falta de una estrategia de mediano plazo".
Escarmentar en cabeza ajena
-En pleno proceso constituyente, cuando lo que está por definirse son los términos del primer gran contrato de un país -la Constitución-, nada hace prever ni que los venezolanos que tienen sus capitales afuera ni que los inversionistas extranjeros vendrán a invertir aquí.
-Creo que el debate constituyente podrá ser beneficioso en el largo plazo, pero si conlleva una fase de falta de indefinición de una estrategia económica todo va a ser más difícil.
-¿Usted cree que en la Constitución se debe definir, como en el caso de Perú, por ejemplo, el régimen económico, o que debemos permanecer con una Carta Magna como la del 61 en la que sólo se establece el principio de la justicia social?
-Eso depende del estado de consenso que haya en una sociedad. Me llama la atención que en Venezuela en ningún momento ha habido, hasta ahora, un debate constitucional. Se convocó una Constituyente con el argumento de que el problema era la Constitución del 61, pero no se entró a discutir cuál era la relación entre las dificultades económicas y sociales que tiene el país hoy y el articulado de la Constitución del 61. Entonces, sin tener una discusión sobre eso, uno no sabe qué cambiarle a la Constitución del 61. Me sorprende, además, el poco debate de temas constitucionales que ha habido en Venezuela, y que se diga que ya hay una Constitución más o menos preparada y que el público la desconozca.
-Ya algunos de los constituyentistas comienzan a pedir rango constitucional para apartados de ingresos públicos, para la constitucionalización del subsidio, ¿cuáles son los riesgos que se correrían al establecerse esos conceptos como preceptos constitucionales?
-Yo creo que en América Latina hay varias experiencias recientes de reformas constitucionales que han tenido un efecto devastador sobre el crecimiento económico. Hay tres, empezando por la brasileña, seguida por la colombiana y terminando por la ecuatoriana. Cada país estaba enfrentando problemas distintos. No tenemos una experiencia reciente de un país que se compuso gracias a una reforma constitucional. Lo que tenemos son varios países que se metieron en serios problemas por reformas constitucionales.
-¿Qué pasó con la reforma en Brasil?
-En Brasil se definió un conjunto de derechos sociales que hicieron inviable al Estado y que generaron una dinámica fiscal que hizo insostenible al Estado brasileño. Por ejemplo, se destinó 8% del Producto Interno Bruto al pago de obligaciones con empleados públicos, jubilados y pensionados (en Venezuela se destina 5%), ello obligó a reformar de nuevo la Constitución porque el manejo fiscal del Estado era inviable.
-¿Y en el caso de Colombia?
-También se definió un conjunto de cambios a la Constitución que hizo insostenible la política fiscal y que ha llevado a la recesión económica por la que está atravesando en estos momentos.
-¿Y en Ecuador?
-Se definió una estructura de poder que hace al país ingobernable. Entonces, esos son tres ejemplos recientes. De modo que hay muchas lecciones de cómo grandes esperanzas en asambleas constituyentes han llevado a escasos frutos. Creo que es importante entender a fondo esas experiencias para no repetir esos errores.
-¿Cuáles son los riesgos de que se le dé rango constitucional a apartados presupuestarios para la educación o para garantizar el funcionamiento del sistema judicial, pasando por fondos para desarrollar la música llanera...?
-La experiencia con estos apartados en América Latina no ha sido mala sino pésima. Creo que si para algo deben servir un Gobierno y un Congreso es para definir cuáles son las prioridades del país cada año. Si la educación es importante, Ejecutivo y Parlamento deben reflejar esa prioridad en el presupuesto. Pero establecerlo en la Constitución es restringir al Gobierno y al Congreso para que no tengan la potestad de decidir sobre esa materia. En una Constitución se incluyen materias que no hay razones para delegárselas al Congreso de turno. El derecho a la vida, por ejemplo. Uno no le quiere dejar a la mayoría de turno ciertos derechos que son inalienables, que ninguna mayoría de turno le puede quitar a la minoría de turno. Pero en el caso de los recursos fiscales, no hay porqué sacar del debate y de la discusión política las asignaciones para ciertas actividades, ya sea la música llanera, el deporte o la educación.
-¿Qué derechos se deberían establecer en la Constitución?
-Los derechos constitucionales, cuáles son los derechos constitucionales en materia económica. Una crítica que le hago a la Constitución del 61 es que en el fondo no definió ninguna limitación a la mayoría política de turno. Las cosas que están en la Constitución están para limitar la discreción de la mayoría política de turno. Se dice, por ejemplo, que usted tiene libertad para dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia sin otras limitaciones que las que se establezcan por razones de seguridad nacional y otras que determinen las leyes. Eso quiere decir que la actividad y la libertad económicas están restringidas por cualquier cosa o por otra ley que el Congreso apruebe. La Constitución del 61 no definió un marco de derechos particularmente restrictivos, no protegió esos derechos con respecto a las preferencias de la mayoría política de turno. Eso tuvo un costo, y que la gente no necesariamente sabía dónde estaba parada y, de hecho, esos derechos económicos, por más limitados que estuvieran en la Constitución del 61, se mantuvieron suspendidos por muchos años.
-¿Cuál es su posición con respecto a la distribución de los recursos fiscales?
-Típicamente, en una Constitución se definen ciertos principios para el reparto de los recursos fiscales entre los gobiernos central, estadal y municipal: quién tiene el poder de imponer impuestos, quién tiene el poder de endeudarse. Hay razones para dejar ciertas definiciones en la Constitución, porque si no las cosas se pueden complicar en la negociación política entre gobiernos nacionales y regionales.
-¿La posibilidad de contraer endeudamiento debería restringirse al gobierno central? -A mí me gusta la idea que está en la Constitución del 61, según la cual los estados y municipios no pueden endeudarse sin autorización del Congreso. Creo que ese un error que se cometió en las constituciones de Brasil, Argentina y Colombia. Creo que hay que abrir un espacio para el endeudamiento de los gobiernos subnacionales, pero tiene que limitarse a proyectos que generen su propio flujo de caja para garantizar el pago de los empréstitos. En caso contrario, el endeudamiento subnacional puede ser peligroso. Venezuela, afortunadamente, no tiene un espacio importante para el endeudamiento subnacional no autorizado y eso le ha permitido tener una disciplina fiscal en las regiones bastante sólida.
-Ya hay constituyentistas del Polo Patriótico que hablan de incorporar el concepto de seguridad alimentaria en la Constitución. Hace menos de un año, cuando se estaba discutiendo la Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola y de Seguridad Alimentaria se decía que la sola inclusión de este concepto violaría tratados internacionales como los que Venezuela tiene suscritos en el marco de la Organización Mundial de Comercio o la Comunidad Andina de Naciones ¿Cuáles son los riesgos que correría el país si la seguridad alimentaria se incluye como precepto constitucional?
-El principal riesgo es adoptar una política que encarezca el costo de lo que comen los trabajadores. Esto puede tener dos consecuencias. La primera, genera trabajadores que no son competitivos internacionalmente, porque si se les paga un salario decente para que coman lo que tienen que comer y el salario no es competitivo porque es muy alto, entonces, los trabajadores no son competitivos. Y la segunda, genera trabajadores empobrecidos, porque entonces se les paga un salario bajo, que es competitivo pero con el que no pueden comer. Uno de los riesgos que se corren con este concepto de la seguridad alimentaria es que se encarece lo que come la gente.
Salir de abajo
-Usted dijo la semana pasada que en Venezuela hay una huelga de inversiones. ¿Qué tendría que hacer el Gobierno para atraer al país importantes flujos de capital?
-Definir una estrategia. Hay tantas estrategias como países. La condición es que esa estrategia sea algo que la sociedad entienda, que el mercado entienda y que permita que las empresas, los inversionistas y los actores económicos tomen decisiones. En la ausencia de una estrategia botan tierrita y no juegan más.
-El presidente Chávez goza de una gran popularidad. Pero se le cuestiona la incoherencia de quienes lo acompañan en el Gabinete Económico. Quizás eso explique la falta de una estrategia económica.
-Las estrategias posibles son varias, pero hay que escoger una. Lo que se ha dicho hasta ahora implica no haber escogido ninguna. Venezuela tiene una estrategia de inserción internacional que es excesivamente petrolera y deja al grueso de la sociedad fuera del juego. Ahora se quiere cambiar la política petrolera por una del gas y la petroquímica. Ese es un error garrafal. Esos son sectores tan intensivos en capital como el petrolero, pero mucho menos rentables. Nos estamos saliendo de la parte rentable del sector energético para meternos en la no rentable. Suena nacionalista, pero es errado. Y al mismo tiempo, no se define una estrategia de inserción del resto de la sociedad en el resto del mundo. Esta inserción tiene que venir en el marco de una estrategia en todos los ámbitos: monetario-cambiario, comercial, industrial, de inversiones.
¡Ojo pelao!
-En esta onda de revisar todos los contratos suscritos por la República, ahora se está hablando de revisar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad social y hay un préstamo del BID que todavía no se ha terminado de desembolsar.
-Uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero tiene que internalizar las consecuencias que tiene eso. Si uno había llegado a ciertos acuerdos y después decide cambiar de opinión y en cierto sentido violar unos términos, en cualquier otro acuerdo futuro que uno firme la gente va a interpretar que uno ya viene con una reputación, y eso le aumenta el riesgo a cualquier otro contrato. Si uno se gana la reputación de andar firmando una cosa hoy y después cambiándola mañana, eso hace que todo los que firmen cosas mañana interpreten algo sobre el valor de esa firma. De modo que si el país desea revisar lo que sea, está bien que lo revise, pero que internalice el hecho de que eso afecta el comportamiento de todos los demás en el futuro.
El consenso de LeonelRicardo Hausmann resalta cómo República Dominica se ha convertido en el país latinoamericano y caribeño que registra en los últimos años el más rápido crecimiento en su economía sin que tenga la organización o las estructuras de otras naciones de la región.
"Venezuela debería tener instituciones públicas superiores a las dominicanas, sencillamente porque se trata de un país más rico y próspero; de modo que si se pudo hacer algo en República Dominicana, con más razón lo deberían hacer las autoridades venezolanas", señala Hausmann.
El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo explica que el actual presidente dominicano, Leonel Fernández, ganó las elecciones con un Congreso en el cual tenía una minoría absoluta y tuvo que esperar dos años para aumentar la representación parlamentaria, aunque sin obtener mayoría absoluta.
"Decidieron respetar las normas del juego político, llegar a un consenso con la oposición y lo que perciben los mercados es que independientemente del partido que gane, sea el de la Liberación Dominicana o el de la Revolución, las políticas que se adoptan son el resultado de un consenso".
Hausmann indica que el hecho de que el partido de Leonel Fernández no cuente con una representación que le asegure las decisiones en el Parlamento no ha sido "obstáculo para su capacidad de conducir la economía, generar confianza y abrir cauces a la inversión".
Advierte que la economía dominicana tuvo que afrontar que su principal producto -el azúcar- resultara insuficiente para la generación de ingresos y que ocurriera el agotamiento de la mina de oro que existía en ese país.
Esta situación obligó a buscar nuevas fuentes de recursos e iniciar una diversificación en la economía: el turismo, que tiene la capacidad de involucrar a muchas empresas y generar empleos; y la maquila, que permitió la creación de 180.000 empleos industriales.
Señala que las remesas de dinero que envían los dominicanos que viven en el exterior a sus familiares prácticamente se han convertido "en el petróleo de ese país", debido a que llega a representar cerca de 10% del Producto Interno Bruto.
No obstante, advierte que todavía la economía dominicana requiere reformas para estimular y hacer competitivos a los sectores agrícola y manufacturero.
El otro ejemplo que utiliza Hausmann es Costa Rica, cuya economía se basaba en el cultivo de café, pero en los últimos años optó por la promoción de una política de inversión en educación, que ha permitido el establecimiento de empresas del área de la informática, como Intel.
Destaca cómo los costarricenses -además de la educación- buscaron insertarse en la economía mundial con políticas de protección al medio ambiente y para el desarrollo del ecoturismo.
"En Venezuela, cada vez que pensamos en insertarnos en el resto del mundo, lo hacemos pensando en algo que se parezca al petróleo, sea gas, aluminio o hierro, pero siempre tiene que ser un sector en el que se inserten los minerales, no los venezolanos".
El Nacional Online, 2 de agosto, 1999