Pastrana confunde a todos

Miguel Posada S

(AIPE).- A finales de julio, la máxima autoridad norteamericana en la lucha contra las drogas, el general retirado Barry McCaffrey, visitó Colombia. El general conoce bien este país, por haber sido, antes de su retiro, jefe del Comando Sur (SouthCom). Después de extensas conversaciones con las autoridades en Bogotá, declaró que las guerrillas comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaban involucradas extensamente en el tráfico de drogas. Dijo además que recomendaría que Estados Unidos aumentara substancialmente su ayuda militar a Colombia, ya que estas organizaciones terroristas, fortalecidas con el dinero de las drogas, no podían ser derrotadas por la acción policial sin el apoyo de las Fuerzas Militares. Esto coincide con lo que desde hace tiempo han afirmado el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia, con un amplio respaldo de pruebas. Fue desconcertante entonces que el presidente Pastrana, en una entrevista concedida a un periódico argentino, declarara que las FARC no eran narcotraficantes. Según el presidente colombiano, su actividad se limita a cuidar cultivos ilícitos (de coca y amapola) y laboratorios de procesamiento. Días más tarde, en presencia del general Wilhelm, del Comando Sur, Pastrana repitió su apreciación.

¿Qué pudo haber motivado al presidente Pastrana a hacer semejantes declaraciones? Ante alguien que cuestionó sus pronunciamientos argumentó que era necesario para sostener el apoyo al proceso de paz que se adelanta con las FARC, pues negociar con narcotraficantes era considerado inaceptable en ciertos círculos. Por otra parte, se especula que el verdadero motivo fue una presión de las mismas FARC. Las dos circunstancias pueden ser ciertas. Pastrana y su Alto Comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo, están desesperados por el estancamiento del proceso de negociación que se ha producido por la negativa de las FARC a aceptar una Comisión Internacional que verifique sus actividades en la llamada "Zona de Despeje o Distensión", un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados que exigió la guerrilla y del cual el gobierno accedió a retirar tropas y policía para iniciar el proceso de conversaciones.

Ante la creciente presión de la opinión pública, evidente en encuestas recientes, el gobierno exigió la conformación de esta comisión internacional de "verificación". La opinión refleja el rechazo de toda la nación a los actos de barbarie y terrorismo que las FARC han cometido en la Zona de Despeje. De allí expulsaron a las autoridades judiciales y han llevado a cabo fusilamientos de habitantes, entre ellos algunos religiosos protestantes. Han justificado estos asesinatos alegando que esos religiosos eran infiltrados del Ejército. La verdadera motivación del crimen es que esas personas se opusieron al reclutamiento de niños por parte de las FARC. La zona también ha sido utilizada como refugio seguro para desde allí preparar incursiones a poblaciones cercanas. Hasta ahora, todas las diferencias que se han presentado durante el proceso entre el gobierno y las FARC se han resuelto a favor de las exigencias y deseos del grupo guerrillero, pero ceder en lo relacionado con la Comisión de Verificación tendría un costo político muy alto para el gobierno.

Y para aumentar el desconcierto en Colombia y en Estados Unidos, un vocero de la Drug Enforcement Administration (DEA) expresó su acuerdo con Pastrana, indicando que la guerrilla (FARC y ELN) se limitaba a cuidar cultivos y a cobrar "impuestos" a los traficantes. Para esa agencia, eso increíblemente no los convierte en narcotraficantes. La posición de la DEA tiene su explicación en ciertos celos profesionales. Siendo una organización afín a la policía, quiere mantener la acción contra las drogas en este campo, a pesar de que es obvio que ni la DEA ni la Policía Nacional de Colombia, por la misma naturaleza de su organización, tienen la capacidad para enfrentar a las FARC sin apoyo militar.

Las declaraciones de Pastrana y de la DEA no concuerdan con la verdad. Hay amplia evidencia, en documentos y en conversaciones interceptadas a los jefes de las FARC de que la organización terrorista no solamente cuida cultivos y laboratorios sino que es propietaria de muchos de ellos y que vende y transporta coca, por lo menos dentro de las fronteras de Colombia. Pero además de contraria a la verdad, las declaraciones pueden impedir que las Fuerzas Militares de Colombia reciban una ayuda que es indispensable para enfrentar a una guerrilla enriquecida con el dinero de la droga. La actitud de Pastrana, lejos de propiciar la paz, aleja esa posibilidad. Mientras los jefes de las FARC piensen que pueden continuar con la guerra y mantener sus negocios de drogas, secuestros y extorsión y vean además que su contrincante es un gobierno débil, no tendrán verdadero interés en lograr una paz negociada.

Director del Centro de Análisis Sociopolíticos.