Al igual que las religiones en la Edad Media o la confrontación ideológica en este siglo, fuente de las guerras más espantosas de la historia, la polémica en torno a la explotación aurífera de Imataca y sus efectos sobre el frágil ecosistema de Guayana, no hace sino subrayar el peso que los asuntos ambientales revestirán en el próximo milenio.

Cuando el entonces Canciller alemán Helmuth Kohl tuvo que enfrentarse en 1994 a los Estados Unidos, el principal contaminante mundial, para proponer la creación de una institución semejante al que busca organizar el comercio mundial y los microestados del Pacífico y el Indico reclaman atención por el peligro cierto de que aquellos archipiélagos paradisíacos desaparezcan bajo las aguas, a la vuelta de sólo diez años (¡!) por el recalentamiento global, es evidente que gana terreno la idea del desarrollo sostenido y que el irrespeto al balance ecológico se traduce en calamidades, con creciente celeridad, en áreas cada vez más vastas y distantes.

De la agudización del problema que acentúa el choque en los foros internacionales han surgido iniciativas tan interesantes como el plan propuesto por el Banco Mundial para vincular el financiamiento de los proyectos de desarrollo con su contenido ecológico.

Jim Wolfensohn, su presidente, ha anunciado que combatirá el floreciente mercado negro de sustancias tóxicas en la antigua Unión Soviética, respaldará acciones contra la desertización, pondrá énfasis en el suministro de agua potable que aflige hoy a veinte países a un nivel verdaderamente crítico y negará todo apoyo crediticio a las empresas generadoras de clorofluorocarbonos. Y ante la cifra aterradora de 150 mil kilómetros cuadrados de selvas húmedas que siguen evaporándose año tras año, ha unido esfuerzos con el World Wildlife Fund, destinados a preservar en el año 2000 el 10% de los bosques tropicales.

Si todo marcha bien, cien millones de hectáreas estarían entonces gerenciadas de manera responsable conforme los objetivos de un instituto –el Forest Stewardship Council- basado en México con participación de treinta países, que certifica la buena conducta de los productores madereros y penaliza a quienes explotan las selvas con exagerada codicia y descuidan su renovación

En lo que a Canaima se refiere, deberían evaluarse con la mayor rigurosidad los daños potenciales de proyectos como la extracción de minerales preciosos, de tanta importancia para la diversificación económica , y el efecto integrador y el alcance político de las conexiones eléctricas planteadas con Brasil, Guayana y Trinidad-Tobago, para sopesar de la forma más científica posible y al margen de cualquier apasionamiento, las ventajas y perjuicios de la explotación de tan cuantiosas riquezas.

Se trata en realidad de dos áreas -oriental y occidental- de características diferentes y ya existe un préstamo de 90 millones de dólares del Banco Mundial para integrar esta última, que alberga la joya natural del Salto Angel, en un sistema nacional de parques, donde quizás cabría aplicar la experiencia pionera de los llamados "Bonos de Carbono" que Costa Rica ha instrumentado para congelar, literalmente, vastas extensiones forestales como pulmones de un planeta que se asfixia bajo los efectos de la polución industrial.

La oferta descansa en el cálculo de la cantidad de hectáreas necesarias para absorber el CO2 e intenta conciliar los intereses del mundo industrializado, emisor de carbono y desprovisto de la vegetación suficiente para su reciclaje, y de los países en desarrollo para quienes el mantenimiento de los bosques entraña un tremendo sacrificio presupuestario, fijando el precio que deben cancelar los países contaminantes.

Es un compromiso que se transforma después en un bono, negociable eventualmente en las bolsas internacionales, que Costa Rica ha suscrito ya con varios países escandinavos y pudiera servir de modelo a las autoridades competentes que en Venezuela se proponen alcanzar la meta ambiciosa del desarrollo sostenible.