Pinochet podría ser juzgado en Londres si España renuncia finalmente a su extradición
La prensa británica denuncia que el Foreign Office tiene un plan para sacar del país al general en pocas horas
Rafael Ramos
londres. - Un acuerdo entre los gobiernos chileno y español pa-ra poner fin al proceso de extradición no significaría necesariamente el fin de los problemas de Pinochet y su regreso inmediato a casa, ya que la fiscalía británica anunció ayer su intención de presentar cargos si es necesario contra el general para que sea juzgado en el Reino Unido.
La fiscalía británica -Crown Prosecution Service-, que representa al juez Baltasar Garzón y al Gobierno español en el caso de Pinochet, indicó que los tratados internacionales en vigor obligan a este país a "investigar y juzgar" al ex dictador chileno en el caso de que España renuncie a ese derecho, dado que la Cámara de los Lores ha establecido claramente que carece de inmunidad por una serie de delitos de tortura y conspiración para la tortura.
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional, preparando el terreno para que Pinochet pueda ser juzgado en Gran Bretaña si España renuncia, ha invocado el Acta de Justicia Criminal y presentado una denuncia formal contra el general por la desaparición en 1975 del ciudadano británico William Beausire.
La fiscalía británica y Amnistía Internacional quieren evitar a toda costa que Pinochet abandone el país en medio de la confusión que seguiría a un acuerdo entre España y Chile y a la cancelación de la solicitud de extradición. Una posibilidad muy real, ya que el Foreign Office, según revelaron ayer fuentes oficiales, ha preparado planes de contingencia para que el general sea escoltado por la policía a un aeropuerto y pueda regresar a su país antes de que grupos de manifestantes intenten impedirlo.
Pinochet, según informó ayer el "Sunday Telegraph", citando fuentes oficiales, recibiría tratamiento de VIP por parte de las autoridades británicas, para que pudiera pasar los controles aduaneros con la mayor celeridad posible, y estuviese a bordo de un avión privado enviado por el Gobierno de Chile antes de que nadie tuviese tiempo a reaccionar.
Pero la fiscalía del Reino Unido aseguró que intentará evitar a toda costa una maniobra de esa naturaleza, "ya que sería a todas luces ilegal, y si España renuncia a su derecho a juzgar a Pinochet, entonces habría que tener en cuenta las solicitudes presentadas por Francia y Suiza". "Los tratados internacionales están muy claros -dijo un portavoz del Crown Prosecution Service-. La primera obligación del Reino Unido es tramitar la extradición de Pinochet a España, que es el primer país que lo pidió. La segunda obligación, si Madrid cambia de idea, es atender las solicitudes de otros Gobiernos, en el orden en que han sido formuladas. Y si ninguna prospera, investigar y juzgar aquí los delitos que se imputan."
La fiscalía británica, alarmada por las noticias sobre un posible pacto entre España y Chile para detener el proceso de extradición, ha indicado claramente que en ese caso pedirá al ministro británico del Interior, Jack Straw, que remita el asunto a Scotland Yard para que investigue las acusaciones a Pinochet, en particular la desaparición del ciudadano británico William Beausire denunciada por Amnistía Internacional, y para que determine si se le puede juzgar en el Reino Unido, y meter en la cárcel si es declarado culpable.
Si España renuncia a estas alturas a la extradición, según fuentes legales, la orden de detención en virtud de la cual el general Pinochet se encuentra bajo arresto domiciliario quedaría automáticamente anulada, y habría que emitir otra nueva, acusando al sospechoso de actos de tortura por los que carece, según la Cámara de los Lores, de inmunidad.
La situación legal es tan confusa, al tenerse que interpretar simultáneamente tantos tratados, que la decisión de dejar marchar o no a Pinochet, si España da marcha atrás, correspondería al Gobierno de Tony Blair, y en concreto al ministro del Interior, que hasta ahora se ha negado a echar ningún cable al general.
La Vanguardia Digital (España), 9 de agosto de 1999