Estabilidad económica con equidad

Pedro Carmona Estanga

Fedecámaras celebró su asamblea anual, en la cual fue electo un nuevo directorio presidido por el ingeniero Vicente Brito. Existe disposición del sector privado de cooperar con el Gobierno en los planes de reformas estructurales, estabilización y reactivación productiva y de participar en el debate constituyente, para lo cual aguarda conocer el proyecto del presidente Chávez. En Maracaibo, Fedecámaras recibió de sus asesores el valioso documento 'hacia la estabilidad económica con equidad social', con base en el cual fijará posiciones. Los lineamientos básicos del mismo son: la política económica venezolana fracasó al no generar crecimiento económico sostenido; somos el único de 17 países analizados en el cual se ha deteriorado la calidad de vida, debido a la dependencia del mercado petrolero y a la falta de fuentes alternas de exportación y de empleo, que afectan la reducción del sector público. Es necesario lograr el equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Existe correlación entre estabilidad fiscal y democracia. En 26 naciones latinoamericanas, con excepciones, predomina la democracia y la estabilidad, tras un pasado de inflación, desequilibrios y regímenes de facto. La profundidad fiscal en Venezuela (liquidez/PIB) ha caído a la mitad de otros países de la región y debe ser fortalecida. Los cuatro ajustes entre 1989-1999 fueron producto de la volatilidad petrolera y de incapacidad de los gobiernos para romper la relación entre ingreso petrolero y gasto público, acarreando erraticidad en el PIB y caída del ingreso per cápita a partir de 1974, hoy por debajo del nivel de 1968. Se requieren cambios estructurales en las finanzas públicas y en la calidad del gasto, pues los recortes afectan por igual remuneraciones, inversión, educación y salud. La reducción de la inversión pública debe estimular la inversión privada, pero la misma ha caído de un 32% del PIB entre 1967-1978 a un 6% en 1998. El deterioro de las instituciones públicas acarrea políticas económicas mediocres. Se deben privilegiar impuestos indirectos (IVA), más que pechar a los factores de producción.

Es necesario reducir el déficit fiscal, generar superávit primarios y mantener una posición financiera sana, sin utilizar la inflación como vía de financiamiento y asignar fondos hacia el capital humano. La transferencia de recursos y competencias a los estados alivia la carga del Gobierno central. Debe mejorarse la administración de pasivos y el perfil de vencimiento de la deuda. El crédito de la banca al sector privado descendió del 50% del PIB en 1980 al 14% en 1997. La política de TEM esconde inconsistencias entre las políticas fiscal, monetaria y cambiaria y afecta el patrimonio del BCV; por ello deben considerarse otras opciones. Es necesario estimular el ahorro, fortalecer el mercado de capitales, los títulos de renta fija e impulsar los fondos de pensiones. La erraticidad de la política cambiaria y el abandono de la paridad de equilibrio de los años 1989-1993 castiga la diversificación productiva, las tasas de interés y la inversión y sitúa la sobrevaluación entre 30% y 40%. El esquema cambiario debe apoyarse en equilibrios fiscal y monetario. Registramos el índice de inflación más alto del continente, las exportaciones no petroleras han caído en un 30% en 1999 y la contracción de la economía real es severa.

Debe aprovecharse el apoyo de que goza el Gobierno para retomar una senda de crecimiento sustentable. El programa económico debe lograr la reducción de la pobreza y generar un círculo virtuoso de crecimiento. El Estado debe estimular una normativa favorable a la economía de mercado que aliente al sector privado. En el marco constituyente debe reafirmarse el derecho a la propiedad privada y adoptar reglas sanas que promuevan la competencia sin tutelajes. La inversión en educación y salud es vital para el capital humano y el crecimiento. Estudios demuestran que en países en desarrollo una fuerza laboral con un año más de escolaridad eleva el crecimiento en 9%. En Venezuela, sólo el 24% de los jóvenes en edad secundaria están inscritos; por ello es necesario fortalecer la educación y redistribuir recursos, ya que el 42% de presupuesto de educación va a las universidades, 42% a burocracia y sólo el 13% a la educación básica. Deben completarse las reformas de la seguridad social, sin volver a esquemas viciados e ineficientes. La pobreza crítica pasó del 11% en 1982 a 36% en 1997 y la pobreza de 33,5% a 67,2%. La reorientación del gasto público mejora la distribución del ingreso; por ello deben proseguir las privatizaciones. La corrupción se origina en instituciones débiles, discrecionalidad y trabas que deben ser removidas. La estabilidad, clave del desarrollo, exige limitar el gasto público, con una estructura alineada con los objetivos de crecimiento y de ataque a la pobreza. En suma, el Estado y el sector privado no son antagónicos sino que se necesitan y complementan. Es vital por ello delinear bien reglas del juego, capaces de generar confianza e inversión, con una visión moderna y futurista.

El Universal Digital, 7 de agosto de 1999