Por supuesto, los calificativos anotados no surgieron de los asambleistas ubicados en el Polo Patriótico, los cuales en perfecto alineamiento se manifestaron acordes con la acción de relegitimar al primer magistrado, encontrando plenamente justificado tal proceder. Fueron algunos de los escasos independientes quienes consideraron ocioso discutir siquiera el asunto pues nadie había puesto en duda, después de conocidos los resultados de los comicios del 6 de diciembre de 1998, que quien surgió de los mismos como presidente electo estaba totalmente legitimado para ejercer la elevada posición que le había confiado la determinante mayoría de los electores. No prosperó la postura opositora, como era de esperarse, aprobándose en consecuencia la propuesta relegitimadora, que dio paso al correspondiente decreto por parte de la ANC y a la consiguiente juramentación, acto este último, en cambio, sumamente apropiado para así dar oportuno aunque tardío cumplimiento a las normas establecidas al respecto, puesto que el juramento de la asunción del mando presidencial, el 2 de febrero, no respetó los términos en los que el mismo debe prestarse. Comentarios de la más variada índole, en su momento, hicieron referencia a la circunstancia anotada, sin que el jefe del Estado se diera por aludido y prestara mayor atención a ese particular, como sí lo ha hecho ahora reaccionando de modo exagerado y desproporcionado, ofendido por una que otra publicación inamistosa en medios extranjeros de difusión y anunciando la creación de una oficina presidencial para refutar opiniones o desmentir informaciones ingratas que aparezcan fuera de nuestras fronteras. Menuda tarea para quien asuma el encargo.

Sea propicia la oportunidad, a estas alturas, para exteriorizar a través de estas líneas una elemental y si se quiere justificada preocupación en relación con el tema de la libertad de expresión y, concretamente, en cuanto hace referencia a la libertad de opinión, la cual en toda sociedad democrática es irrestricta y no está sometida a control alguno. ¿Qué atribuciones tendrá en ese campo la oficina presidencial en ciernes? ¿Irá a censurar o restringir la circulación de las publicaciones que ofendan la majestad presidencial? En tiempos de Internet luce imposible establecer mecanismos de control como ya ha quedado demostrado en el pasado reciente en la esfera internacional. De ser ello así, por otra parte, vale la pena señalar que el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar situaciones como la descrita sin necesidad de maximizar los hechos, por lo que no se entiende la razón de esta iniciativa que aparece fuera de lugar frente a una actitud por demás lógica en respuesta al cotidiano discurso presidencial de corte agresivo y peleón. Cualquier comunicador foráneo que pretenda analizar las perspectivas venezolanas, mediatas e inmediatas, tomando como punto de partida, a manera de material de trabajo, el contenido de las belicosas arengas del primer magistrado, llega a la conclusión de que la institucionalidad democrática en nuestro país enfrenta serios riesgos. Simplemente de eso se trata y nada más.