Caracas, 23 de agosto de 1999
Joseph Lelyveld Executive Editor The New York Times
Estimado Señor:
Me refiero a su editorial del 21 de agosto "Emerge un Potentado Venezolano". Como periodista y admirador del New York Times, me sorprendió y entristeció esta desviación de la objetividad y la cuidadosa investigación que con razón han hecho de su periódico uno de los más influyentes en el mundo.
El editorial contiene obvios errores de hecho, tales como su afirmación de que el Gobierno Venezolano piensa establecer una "fábrica estatal de automóviles". En realidad, el Presidente Chávez simplemente respondió a una propuesta de parte de ensambladoras de automóviles establecidas en nuestro país de producir modelos de precio reducido si se les concedían ciertos incentivos fiscales. En ningún momento se ha considerado siquiera la posibilidad de crear una fábrica estatal.
Es igualmente inexacto afirmar que el Presidente Chávez haya "incumplido decisiones del Senado y de la Corte Suprema". En realidad, el Ejecutivo ha dado estricto cumplimiento a todas las decisiones de la Corte Suprema y su única controversia con el Senado, referente a algunos ascensos militares (que, en Venezuela, requieren aprobación del Senado) está actualmente ante la Corte Suprema.
Su afirmación en el sentido de que el Gobierno "ordenó a los soldados que patrullasen las calles para combatir el crimen" es diametralmente contraria a la verdad ya que, en los hechos, el Gobierno ha sido y sigue siendo criticado precisamente por negarse a tomar esa medida. En realidad, los militares no podrían efectuar ningún arresto a menos que se impusiera la ley marcial, de lo cual no existe ni la más remota posibilidad.
Aparte de esos errores de hecho, que hubieran podido evitarse con una verificación aunque fuera superficial, se omiten informaciones fundamentales que son esenciales para comprender el proceso político venezolano. Este editorial también falla al no referirse a hechos positivos tales como que tanto la elección del Señor Chávezcomo la de la Asamblea Constituyentefueron resultado de procesos transparentes, organizados por un Consejo Electoral independiente, bajo supervisión internacional, en los cuales no se registró ni un solo acto de violencia; o el hecho de que las Fuerzas Armadas Venezolanasno han ejercido ningún poder político ni mantenido ninguna posición política o ideológica por más de cuarenta años; o el hecho que en los seis meses transcurridos desde la toma de posesión del Presidente Chávez no ha habido ni un solo caso de persecusión u hostigamiento político ni de presión sobre los medios de comunicación.
Llama la atención que no se haga ninguna mención del desastre económico y administrativo heredado por el actual Gobierno, incluyendo el cuasi colapso de los servicios públicos y el Poder Judicial como consecuencia de la imperdonable mala administración, la ineficiencia y la corrupción generalizada, ya que esa situación es la causa de la elección por inmensa mayoría del Presidente Chávez y de su abrumadora y continuada popularidad.
En ese contexto, criticar al Presidente Chávez porque ha propuesto que la nueva constituciónpermita la reelección por un período sucesivo (como lo hace la Constitución de los Estados Unidos y muchas otras), o por nombrar militares para cargos civiles, que ha sido práctica común no sólo en Venezuela sino también en Estados Unidos (por ejemplo, los Generales George Marshall, Dwight Eisenhower, Alexander Haig y Barry McCaffrey), parece altamente injusto.
Lo mismo puede decirse de la acusación de que el Presidente Chávez ejerce o procura un poder absoluto. El máximo poder en Venezuela es actualmente ejercido por la Asamblea Constituyente. El hecho de que una inmensa mayoría de sus miembros apoye los puntos de vista del Presidente simplemente refleja a apoyo a esos puntos de vista por parte de los votantes. Las propuestas del Presidente Chávez para la nueva Constitución no contienen ningún aumento de los poderes de la presidencia.
La Asamblea Constituyente (y no el Presidente Chávez) en efecto ha creado una comisiónespecial para tratar las acusaciones pendientes contra jueces en ejercicio. Esa acción se hizo necesaria por el hecho de que el Consejo de la Judicatura ha dejado de procesar más de tres mil acusaciones de esa índole. Si recuerdo bien, el New York Times ha informado en el pasado sobre la corrupción y la ineficiencia generalizadas en el Poder Judicial Venezolano.
En vista de la enorme influencia del New York Times y de los efectos devastadores que un editorial prejuiciado puede tener sobre unpaís, espero que rectificarán ustedes los errores de hecho en que han incurrido y publiquen esta carta. Me gustaría también ver en lo sucesivo una visión más equilibrada de nuestro país y nuestro Gobierno.
Atentamente,
JOSE VICENTE RANGEL