Oscar Valero
El momento histórico por el que atraviesa el país pone de manifiesto la necesidad de diseñar una política fiscal acorde a requerimientos específicos. En efecto, la consideración de las finanzas públicas con determinadas especificaciones que las hacen vulnerables ante la dinámica de la economía inducen a una revisión de su perfil poco apropiado, donde su incidencia en los efectos de la economía y, por ende, en la tributación nos obligan a definir que la inflación no es sino el continuado aumento en el precio de los bienes y servicios y que, en consecuencia, hacen cada vez más insuficiente la unidad monetaria en que se valora la satisfacción de los bienes y servicios.
El proceso inflacionario se caracteriza porque el precio del dinero, que tiene una relación inversamente proporcional al nivel general de precios, es decir, que este último sirve como indicador de la medida de disminución del valor del dinero; ello aunado a la caída de los ingresos petroleros, la presión de la deuda pública externa y una política expansiva del gasto, ante una estructura fiscal inadecuada, conllevan a determinar el surgimiento de un déficit de las cuentas públicas.
La actualización de los balances, por objeto de inflación, propone la incorporación de la normativa referente a un ajuste integral por la actualización de los elementos del activo, el pasivo y el patrimonio, con el propósito de que los sujetos pasivos de la obligación tributaria paguen sobre la base de ingresos reales y no nominales, como se ha hecho hasta la fecha. No es que se trate de que este sistema dé un mayor o menor ingreso por concepto de impuesto, sino sólo está dirigido a lograr la equidad, haciendo que los contribuyentes tributen por sus verdaderos resultados económicos, reconociendo y aceptando las pérdidas por inflación, pero también sincerando las ganancias que se produzcan debido a este proceso.
La indexación viene a contribuir con la acción encaminada a actualizar el valor de un daño sufrido, al momento de ordenar su liquidación, corriendo así la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por su envilecimiento, como un efecto de los fenómenos inflacionarios. El desarrollo de este tema en las normas tributarias presentan fallas en cuanto a las técnicas legislativas, por no ser claras y precisas para el entendimiento de criterios uniformes basados en las ciencias económicas. Ahora bien, sólo le queda al Estado profundizar en este tema desde el punto de vista jurídicodoctrinal, orientado hacia la estabilización de la economía, que se encuentra en un entorno de la actualización monetaria; asimismo permitiría crear un precedente al definir un criterio jurídico, económico uniforme para corregir las fallas de técnica legislativa que se encuentran presentes en el Código Orgánico Tributario.
Licenciado en Ciencias Fiscales
Asociado al Departamento de Impuestos
B&G Consultores bygconsult@telcel.net.ve
El Universal Digital, 25 de agosto de 1999