Edgar López
La Corte Suprema se autodisuelve al acatar el decreto de emergencia judicial La escisión se produjo luego de la aprobación (por mayoría de ocho votos) de un acuerdo, a través del cual el máximo tribunal manifiesta su disposición a colaborar con los planes de reforma judicial planteados por la Asamblea Constituyente, siempre y cuando se respeten los principios del Estado de Derecho
"La Corte Suprema de Justicia se ha autodisuelto. Me dirijo al mundo democrático y, en particular, a los demócratas de mi país, en vista de que la Corte Suprema de Justicia, por una mayoría de ocho votos a seis, violó el Estado de Derecho y avaló la injerencia de la Asamblea Nacional Constituyente en la independencia del Poder Judicial, situación que significa el rechazo de esta mayoría a los principios por los que he venido luchando desde la presidencia de esta Corte".
Así comenzó Cecilia Sosa Gómez el anuncio de su renuncia a la presidencia del máximo tribunal del país, cargo que ocupó los últimos cuatro años de los diez que permaneció en la CSJ. No era la misma de siempre y ayer sí se permitió expresar con la palabra y con el gesto todas sus opiniones sobre el proceso constituyente.
"Desde la Revolución Francesa -prosiguió-, el mundo occidental, al cual pertenecemos y en el que estamos insertos, ha desarrollado dos principios que son pilares de la democracia: la división del gobierno en tres ramas, para impedir el ejercicio abusivo del poder, y la distinción entre el órgano que gobierna, el que garantiza el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano y el que diseña el sistema político del país y atribuye las competencias a las ramas del poder".
Con la seguridad de que su mensaje se estaría transmitiendo "en vivo", entró en detalles: "Esto es lo que ha permitido distinguir entre una Asamblea Nacional Constituyente, que ejerce el poder originario por mandato del soberano, y el poder constituido, de manera que no se confundan".
"El presidente de la República -continuó-, en la consulta que hizo al pueblo soberano, fue claro y preciso al hacer esta distinción. Por ello se le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. Cuando voté por las bases de la Asamblea Constituyente, y lo hicimos todos los venezolanos que concurrimos a las urnas, le dimos un mandato claro, preciso y determinado a la Asamblea Nacional Constituyente. La autorizamos en forma expresa para que dictara su reglamento, para que diseñara un nuevo sistema que acabara con los vicios y las rémoras de una democracia que había involucionado y que había permitido el encapsulamiento de unos pocos dirigentes políticos para dirigir los destinos del país, usando la corrupción como mecanismo para atraer adeptos. Esto sólo puede lograrlo una nueva Constitución".
"Es originaria, pero..."
Sosa Gómez no tomó ni un sorbo del agua que le fue servida en una copa. En tono pausado, continuó leyendo: "La Asamblea Nacional Constituyente no fue habilitada para dictar actos de gobierno. Es un simple mandatario del pueblo. Tiene una misión que cumplir y un plazo para ejecutarla. El hecho de que sea originaria, cosa que jamás he discutido y siempre he afirmado, no la faculta para actuar como poder constituido, rompiendo el sacrosanto principio de la distinción entre poder constituido y poder originario y entre poder absoluto y poder democrático.
"Ahora -se preguntó- quién va a legitimar los actos de gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente. Con la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente y la sumisión de la Corte a sus designios, desaparece el último control de constitucionalidad y legalidad que había en Venezuela. Sólo queda la Asamblea Nacional Constituyente".
Sosa Gómez fue enfática al referirse a actitudes, desde su punto de vista, genuflexas: "Tengo también que denunciar la traición del Congreso de la República y de los partidos políticos a la democracia, ya que no sólo destruyeron lo poco que quedaba de un régimen moribundo, como acertadamente ha señalado el Presidente de la República, sino que violaron el Estado de Derecho, al abandonar motu proprio sus responsabilidades constitucionales y hacer desaparecer una de las ramas fundamentales del gobierno: el Congreso.
"Por estas razones -concluyó- quizás entiendo la posición de la Corte Suprema de Justicia, pero no la justifico. Tengo que desdecirme públicamente de lo que sostuve hasta ayer, en cuanto a permanecer en mi cargo hasta entregar la Corte Suprema a quienes estableciera la nueva Constitución. Con profundo dolor, tengo que pedirle a los venezolanos y al mundo que me perdonen. Pero, formada en democracia, no puedo participar en lo que considero atentatorio a ella. Estimo que, al acatar el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, que acuerda la emergencia judicial, la Corte Suprema se autodisuelve. Yo no puedo formar parte de una ficción de Corte Suprema. Sencillamente, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: está muerta".
El acuerdo de la discordia
El resto de los magistrados había visto y escuchado a Sosa Gómez, a través de la televisión. Iván Rincón e Hildegard Rondón de Sansó coincidieron en señalar que la Corte no está muerta y que, en modo alguno, la dimisión afectaría el normal desarrollo de las actividades de la Corte. Ambos destacaron que en democracia las mayoría se imponen y así sucedió respecto de la aprobación del acuerdo emitido este lunes.
"Esta Corte Suprema de Justicia -reza el documento- estima que la ejecución del proceso de reorganización judicial debe respetar los principios fundamentales que nuestro país ha sostenido, no sólo en sus textos normativos, sino también a través de los acuerdos internacionales que son parte de su ordenamiento jurídico. Tales principios son, entre otros, los de la tutela del derecho a la defensa, el de la racionalidad y proporcionalidad de las decisiones que se dicten y el de la independencia y autonomía".
Mediante el acuerdo, los magistrados manifiestan no temer a cualquier tipo de evaluación sobre su gestión.
Apoyaron tal acuerdo Iván Rincón, Hildegard Rondón de Sansó, Alirio Abreu Burelli, Humberto J. La Roche, José Luis Bonnemaison, José Erasmo Pérez España, Angel Edecio Cárdenas y Antonio Ramírez Jiménez. Salvaron su voto Cecilia Sosa, Aníbal Rueda, Hermes Harting, Héctor Paradisi, Héctor Grisanti Luciani y Nelson Rodríguez.
Ahora hay dos bandos claramente diferenciados: 1) los magistrados que están dispuestos a respaldar el proceso de cambio en el sistema de administración de justicia en los términos que han sido planteados desde la Asamblea Nacional Constituyente y, específicamente, a través del decreto de reorganización del Poder Judicial emitido la semana pasada; y 2) los magistrados que sostienen que el recién instalado cónclave de representantes populares debe limitar sus actuaciones a promover el reordenamiento de la estructura del Estado mediante la elaboración de propuestas que sólo podrían entrar en vigencia sí así lo decide el pueblo soberano en una segunda consulta popular.
El cisma comenzó este lunes, a eso de las 3:00 pm, cuando Sosa Gómez convocó a sus colegas para discutir la designación del magistrado Alirio Abreu Burelli como integrante de la Comisión de Emergencia Judicial, quien explicó que, de esta forma, se podrían aliviar las tensiones entre la Asamblea y la Corte. En definitiva, Abreu Burelli dijo que su incorporación a la comisión no era autorizada por el Pleno de la Corte, sencillamente, renunciaría a aquella.
Pero, según fuentes del máximo tribunal, la magistrada presidenta había sugerido al resto la inconveniencia de cohonestar los mecanismos que tiene previsto utilizar la referida comisión.
Algunos interpretaron la sugerencia de Sosa Gómez como una contradicción, porque, al parecer, ella misma estaba dispuesta a incorporarse al trabajo de la Constituyente. Tal hipótesis cobra fuerza si se recuerda que en el proyecto de decreto de reorganización del Poder Judicial, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea, se abría la posibilidad de que Sosa Gómez integrara la polémica comisión.
No obstante, el debate en el seno de la Constituyente se fue acalorando en contra de Sosa Gómez, a quien algunos miembros de la Asamblea comenzaron a llamar "la doctora no", en referencia a la publicación de una entrevista en el cuerpo D de El Nacional, en la cual la presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue reiterativa al negar las facultades de cogobierno de la Asamblea respecto de los Poderes Públicos.
Los mismos analistas consideran que la posición radical que asumió Sosa Gómez se derivó de la falta de respaldo político. Llama la atención que apenas la semana pasada la presidenta de la Corte anunció la sentencia, con la cual se negó la demanda de nulidad de varias cláusulas del acuerdo del Congreso de la República que permitió el proceso de apertura petrolera; fallo que fue duramente fustigado por varios constituyentes en la sesión plenaria del día siguiente. El debate de la sesión plenaria extraordinaria prosiguió con el análisis de los alcances del decreto emitido por la Asamblea Constituyente. Fue entonces cuando el conteo de votos indicó que la mayoría de los magistrados era partidaria de una solución "de transacción"' como la que se produjo entre la Asamblea y el Congreso de la República. El ocho a seis (el magistrado Jorge Rosell no estuvo presente) a favor de la conciliación, también catalizó la disposición de Sosa Gómez a renunciar.
La reunión se prolongó hasta después de las 10:00 pm de este lunes cuando fue aprobado un acuerdo, en virtud del cual la Corte Suprema de Justicia reconoce la constitucionalidad y legalidad de la Asamblea, ratifica el contenido de las sentencias dictadas por la Sala Político Administrativa y, una vez más, se señala que la Asamblea debe apegarse a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sólo quedó pendiente que cada uno de los disidentes razonara su objeción al acuerdo y, como en efecto ocurrió, que Cecilia Sosa Gómez oficializara su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
¿Y ahora qué?
Según se conoció extraoficialmente, Cecilia Sosa Gómez solicitó su jubilación antes de formalizar su renuncia, y el primer vicepresidente, Aníbal Rueda, quien este lunes también manifestó su disposición a renunciar, cambió de parecer. Solicitó su jubilación, y hasta que culminen los trámites correspondientes, permanecerá al frente de la CSJ.
La presidencia interina de Rueda indica que el máximo tribunal seguirá dirigido por un magistrado que rechaza el carácter plenipotenciario de la Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, Rueda se coloca en el blanco hacia el cual dispararían los constituyentes, y se especula que la arremetida se desarrollará sobre la base de pruebas que podrían poner en tela de juicio la rectitud del magistrado.
La vacante de Sosa Gómez será ocupada por uno de los magistrados suplentes. Iván Rincón asciende de la segunda a la primera vicepresidencia y, cuando se regularice la conformación de la Sala Plena de la Corte, se procedería a designar al tercer miembro de la Junta Directiva.
El Nacional On-Line, 25 de agosto de 1999