Radiografía de una voltera

Alberto Quiros Corradi

No,no y no

La Dra. Cecilia Sosa, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J) en dos entrevistas sin desperdicio (Zeta Nro. 1238 y Primicia Nro. 23) aclara inequívocamente lo que la A.N.C. no puede hacer:

- Disolver a la C.S.J. Designar a sus magistrados. Intervenirla, modificarla, suprimirla.

- Sustituir al Consejo de la Judicatura. Destituir a los jueces con expedientes (Puede sugerir cambios y colaborar a través de los órganos regulares). Sin embargo, el Sr. Luis Miquilena, uno de los constituyentistas sensatos, después de haber llamado a la cordura y a la razón a los asambleístas, dijo: "Si la Corte toma cualquier medida que choque contra las decisiones de la Constituyente, tengan Uds. la seguridad de que por unanimidad, no vacilaremos en eliminarla" (El Nacional 20/08/99). Uno debe interpretar que el Quid-Pro-Quo para evitar que los asambleístas tomaran una acción inmediata que violara el estado de derecho, fue la promesa de eliminar la C.S.J. si se opusiera a los designios de la A.N.C. sin –por supuesto- ninguna intención de hacerlo. La estrategia es peligrosa porque se está jugando muy cerrado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la C.S.J. declarara nulo el Artículo 1 (ya impugnado) del Estatuto de Funcionamiento de la A.N.C. que en una de sus partes dice textualmente: "La Asamblea... podrá limitar o definir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público"?. Dos sentencias previas de la C.S.J. y dos entrevistas (Comentadas en este artículo) de la Magistrada Sosa Gómez, concurren en que "eso" no lo puede hacer la A.N.C. ¿Entonces?. (Parece casi inevitable que más temprano que tarde, se presentará un serio conflicto entre la A.N.C. y los poderes públicos constituidos).

- Suprimir directivas de organismos sindicales y gremiales. Esto sería muy grave, por cuanto no se trata de poderes públicos sino de instituciones de carácter privado (Aunque esta última palabra le caiga mal a los sindicalistas, éllos –al igual que los empresarios- pertenecen al sector privado).

- Prohibir la salida del país a los ciudadanos. Se ha discutido mucho si los tribunales, sin haber dictado auto de detención, tienen la potestad de dictar prohibición de salida del país a los ciudadanos. Que lo intentara ahora la A.N.C. sería inconcebible.

- Sustituir al Fiscal, Contralor (General y de los Estados), Gobernadores, Alcaldes, Ministros, Presidente del B.C.V. El nombramiento y la remoción de todos estos funcionarios está pautado o en la Constitución Nacional o en las Leyes.

Otras citas

- Poner el cargo de Presidente de la República a la orden de la A.N.C., no tiene efectos jurídicos.

- La A.N.C. es "soberana" para redactar una Constitución en 180 días. Más nada.

- La A.N.C. sabe que tiene 166 días a partir de hoy (24/08/99) para aprobar (dentro de su seno) la Constitución. Este es un aspecto muy importante. Si las Bases Comiciales establecen que la A.N.C. durará 180 días (sin prorroga) en el ejercicio de sus funciones, ¿qué pasa si al final de ese período no se ha concluido aun con la redacción de la Constitución?. En el comportamiento actual de la A.N.C., en su afán de hacer lo que no le pidió el pueblo que hiciera y no hacer lo que le corresponde hacer, está perdiendo un tiempo valioso que podría utilizar para discutir y aprobar la nueva Constitución, lograr que incluyera en su texto, o en disposiciones transitorias, todo lo relacionado con la sustitución de los poderes públicos, someter a Referéndum Aprobatorio lo acordado, aplicar después los nuevos procesos políticos y empezar a gobernar de una buena vez. Eso es lo sensato. Lo demás son "guapetonerías" que ya cumplieron su papel. Repetirlas para mantener como aliados a los que se van a ir –tarde o temprano- podría abortar el proceso de cambio antes de consolidarlo. Piénsenlo.

- "El Congreso de la República actuó como si fuera una sumatoria de los partidos políticos y no como una institución". El Congreso nacional ha tenido un papel lamentable en todo el proceso, sobre todo en su penúltima actuación de total entrega. Sin embargo, hay demostraciones de un posible intento de recuperación de su dignidad institucional. Si eso es así, pudiera ser otra piedra en el zapato de la dicotomía: decir algo y hacer otra cosa, como una estrategia para "estirar la arruga" del momento de tener que actuar de acuerdo a ofertas irresponsables o correr el riesgo de que una actuación sensata, rompa la unidad del Polo Patriótico, no sólo entre sus socios, sino también en lo interno de las organizaciones políticas que lo conforman.

- La Dra. Sosa en sus pertinentes, necesarias y valientes declaraciones –ya citadas- puso las cosas en su lugar y desmintió a los que pregonan los poderes omnímodos de la A.N.C. Un grupo formado por: Equivocados de buena fe (los menos). Equivocados de mala fe (algunos). Equivocados aunque saben que están equivocados (poquísimos, pero muy importantes). Equivocados por ignorancia (varios). Equivocados por no pensar (bastantes). Equivocados por quedar bien con Chávez, lo cual los convierte en dos veces equivocados porque no creo que el Presidente quiera que la A.N.C. disuelva los poderes públicos (los más).

Lo dije en otra ocasión ("El Otro yo de la Constituyente". El Nacional 08/08/99) y lo repito ahora. Sería una torpeza que la irresponsabilidad de algunos prevaleciera sobre el buen juicio de los que saben las negativas consecuencias que le traería al país -en lo nacional y en lo internacional- una violación flagrante de la Constitución de 1961, aun vigente.

La voltereta

Pero esa era la visión hasta el lunes (23/08/99) al mediodía. En la tarde, la A.N.C. enredó con sus propias espuelas a la estrategia del Presidente. Después vino la voltereta. La C.S.J. decidió por 8 votos contra 6, "acomodarse" al "Decreto de Reorganización del Poder Judicial" con lo cual –en las palabras de la Magistrada Sosa- "la Corte se autodisolvió, violó el Estado de Derecho y avaló la inherencia de la A.N.C., en la independencia del Poder Judicial". Sosa sostuvo hasta el final su posición: "la A.N.C. no fue habilitada para dictar actos de gobierno". Sin duda, oiremos otros muchos argumentos a favor o en contra de la posición Sosa, a la vez que uno debe asumir que algunas razones jurídicas habrá para justificar la posición de la mayoría de la C.S.J. Pero estoy también seguro de que razones habrá para contrarrestarlas y ésas están en la posición de Cecilia Sosa. Cuando del Poder Judicial se trata, creo firmemente que ante la duda sobre si se violó o no su independencia, la única posición posible es la que no permite que subsista la duda. La C.S.J. con un tiro de duda en el ala ya no puede ser el Tribunal de última instancia. Sobre esto no cabe ambigüedad alguna.

Al comentar la decisión de renuncia a su cargo de la Magistrada Sosa, el constituyente Manuel Quijada le reconoció la consecuencia con sus argumentos y agregó "desafortunadamente la A.N.C. tiene poderes absolutos". Ahora, y eso si es verdaderamente desafortunado, no podemos apelar ante ningún poder jurídicamente competente el calificativo de "Poder Absoluto" que se ha autoregalado la A.N.C.

Casi simultáneamente la A.N.C., limitó algunas funciones del Congreso de la República y asumió otras que le corresponden al Parlamento. Entre éllas, las relacionadas con el Poder Político del Congreso, lo cual concentrará todo ese poder en la A.N.C.

La cosa no es tan mala

Yo no sé, después de consumados los actos anteriores que dirán los Magistrados salientes y los entrantes. Ni si se opondrán los congresantes a su decretado poder disminuido, ni cuales serán las reacciones de la comunidad internacional. No hablo por los demás. Pero si les quiero confesar que empiezo a vivir una pesadilla anticipada, producto de que las instituciones nacionales y los ciudadanos pensantes continúen permitiendo que se desarrolle una actitud de sumisión a los caprichos presidenciales, bajo la excusa de que "la cosa no es tan mala". Que salen los militares a la calle en un Plan Bolívar 2000, el cual nadie controla ni en sus costos, ni en su calidad, ni en su eficiencia, no importa, "por lo menos alguien hace algo". Que hay 300 oficiales ocupando posiciones gerenciales en el sector público, no importa, "éllos están –más o menos- preparados". "Peor sería que dieran un Golpe de Estado". Que nos cambien el nombre de la República, nos expongan al ridículo internacional con las invocaciones bolivarianas de la nueva Constitución, no importa, "eso no nos cuesta nada". Que el Artículo sobre la Propiedad Privada sea más que ambiguo, no importa, "la podían haber eliminado". Que se le dé rango constitucional a la Reserva al Estado de la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos, perpetuando lo nocivo del Petro-Estado, no importa... No se me ocurre nada peor para el sector petrolero, pero seguramente que ya lo descubriremos en la nueva Ley de Hidrocarburos. Se intervienen y se le falta el respeto a la C.S.J. y al Congreso Nacional en más de una ocasión, no importa, "han podido eliminarlos". "La cosa no es tan mala". Esa actitud es peligrosa y da vergüenza. Peligrosa porque la tolerancia mal entendida, la que entrega lo no negociable de una sociedad, no es sino el preámbulo de acciones cada vez más agresivas, más interventoras y más intolerantes. Los hechos recientes, relacionados con la C.S.J. y el Congreso, así lo demuestran. Da vergüenza, porque es bien triste que un país que para salir de su miseria actual requiere de soluciones modernas, profesionales y óptimas, se conforme con que "la cosa no es tan mala" y hasta aplauda porque "la cosa podría estar peor". No puedo ni siquiera sentir pena ajena, porque la que siento es muy personal.

¿Y ahora qué?.

Muchos decían que a Chávez no había que juzgarlo por lo que decía sino por lo que hacía. Hasta ahora, la aseveración fue más o menos cierta. Las amenazas de Chávez eran solo para debilitar a la otra parte. Servían además para alimentar a la galería y al ala más extremista del Polo Patriótico. El decreto sobre la Reorganización del Poder Judicial viola el principio de llegar hasta la frontera de lo legal sin traspasar la zona gris de la indefinición. La C.S.J. aceptó la humillación, pero eso no legaliza el asalto. La debilidad y la complacencia del Congreso Nacional tampoco convierte en atribuciones legales el abuso de poder de la A.N.C. En fin, la entrega sin disparar un tiro, de los Poderes Judiciales y Legislativo al Poder Ejecutivo desdice mucho de los integrantes de esos poderes, pero no le da legalidad a lo consumado por la A.N.C. Pero como la sumisión fue voluntaria, no hubo el uso indebido de la fuerza para imponer la arbitrariedad. De nuevo, eso no justifica la coacción de los predadores, pero no hay "sangre" a la vista. Esa la derramamos silenciosamente los venezolanos que presenciamos perplejos como se desmorona en pocos meses el Estado de Derecho, sin que a nadie le importe. De esta tragedia solo queda el consuelo de que –por lo menos- una persona, representante de uno de los poderes públicos, tuvo el valor de ser consistente con sus ideas y valiente ante sus obligaciones.

La historia le reconocerá a la Dra. Sosa el haberse ido con dignidad. La resistencia tiene más nombres propios que el asalto.

¡Siempre es así!.

Una pregunta:

Chávez da la impresión de ser inteligente. Lo que acaba de consumar la A.N.C. es torpe e innecesario. La pregunta es: ¿Esta acción es parte de una estrategia global del Presidente o es que el proceso se le fue de las manos?.

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