La salvación sería una comisión ad hoc, con miembros del Gobierno y de la Procuraduría, o darle a la conformada comisión negociadora gubernamental funciones de verificación.
El proceso con las Farc está detenido porque hace un mes no se creó una comisión de verificación. Esto no sólo paró el proceso sino que lo debilitó. Aparecen todos los días nuevos interlocutores e intermediarios: la sociedad civil, el general McCaffrey, el coronel Chávez, etc. Todos opinan, dan diagnósticos, recomiendan, pero cada uno con su propia agenda.De otro lado, el presidente ha asumido el peso del problema. Ni el alto comisionado, ni nadie del Gobierno aparece ni habla ni explica nada. Le han dejado al presidente la carga de la crisis del proceso. Es él quien dice qué fue lo que se acordó con Marulanda. Es él quien hace de su propio notario, hace propuestas y contrapropuestas, formula alternativas y, sobre todo, corre con los costos.
Primero miremos la forma. Marulanda dice que él sí oyó la propuesta de crear una comisión de verificación, pero que no estuvo de acuerdo. Pero el acuerdo escrito dice que sí la acordó. Lo claro es que no quieren la verificación. Así la hayan firmado no la quieren. Se retractaron, y el Gobierno o acepta el reversazo o se mantiene en lo firmado a sabiendas de que se paraliza el proceso. Esto se llama un impase. Una situación de la cual no se puede salir sin perder el rostro, como dicen los chinos.
Ahora lo sustantivo. El Gobierno no echa para atrás por tres cosas. Le criticarían que de nuevo ha cambiado de posición. Dos, porque a los americanos, o les vendieron o ellos se vendieron la idea de que sí habría comisión, y ésta les sirve para calmar las fieras del Congreso. Tercero, porque los militares consideran que, sin que exista verificación, no habrá control posible de la zona. Son asuntos de generación de confianza, interna, y para con aliados. Las Farc, por su parte, no aceptan la comisión por dos cosas: porque sería aceptar una monitoría que los pondría a responder por lo que ocurra en la zona y hay cosas que no quieren desmontar: cultivos, entrenamiento, construcciones, etc. Y también es aceptar que ellos no mandan allí.
¿Qué tipo de comisión garantizaría que las Farc no están haciendo cosas indebidas? Ninguna en realidad. Sólo una comisión muy numerosa, con medios y autoridad suficiente, garantizaría que en 42.000 km no exista ninguna actividad sospechosa. Ni siquiera una comisión oficial de la ONU, con medios y conocimientos, apoyada por E.U., ha podido verificar si Irak fabrica armas químicas.
¿A quién le conviene que el proceso esté parado? Creo que a las Farc, por dos cosas. Una, porque siguen en la zona, haciendo política y sin control. Están parados y sin romper. Dos, porque están debilitando al Gobierno, dividiéndolo de las Fuerzas Armadas y generándole desconfianza de los americanos. Cada declaración de McCaffrey o Chávez sobre la zona de distensión es un punto para las Farc.
De nuevo insisto en una cosa. Ninguna comisión será de entrada suficientemente disuasiva. No sé si las Farc acepten una comisión efectiva. No creo, pues les está conviniendo mucho el congelamiento actual. Creo que el Gobierno debe hacer una comisión de modo unilateral. Sin consultas. El hecho del lunes de que suspendieran los vuelos de Satena, por querer las Farc esculcar a los pilotos, es grave.
Para salvar el proceso hay que establecer una de dos: o una comisión ad hoc, con miembros del Gobierno, de la Procuraduría, con un sistema de contactos con la Iglesia en la zona, que le reporte al Gobierno. O darle a la comisión negociadora del Gobierno, ya establecida, funciones de verificación. Cualquiera de las dos permitiría iniciar la negociación, que es la esencia del proceso.
El Espectador (Colombia), 1 de septiembre de 1999