Antonio Panesso Robledo
Las buenas relaciones entre el gobierno israelí y la autoridad palestina, no evitarán la influencia negativa de los sectores radicales de ambos actores del conflicto.
En Palestina ya estaban listos los terroristas para recibir los acuerdos de Sharm el-Sheik, que eran ya fruto maduro de las difíciles gestiones realizadas por Ehud Barak. Este trabajo fue una interrupción de la era Netanyahu, que fue derrotado políticamente pero su fuerza, aunque minoritaria ahora, queda intacta en el Parlamento y en las organizaciones religiosas radicales.
En el balneario egipcio hicieron presencia la secretaria de Estado de los Estados Unidos, delegados de la Unión Europea y aun del Japón, que ha tomado parte activa en los procesos de paz, aunque ni cultural ni económicamente tiene interés directo en el conflicto del Oriente Próximo. Estas solemnes salvaguardias garantizan las buenas relaciones entre el gobierno israelí y la autoridad palestina, pero no tienen influencia alguna en los sectores radicales de ambos factores del conflicto. Los rabinos ultraortodoxos siempre se opondrán a que en la tierra sagrada bíblica, ahora llamada Cisjordania, haya infieles árabes o de cualquiera otra denominación. Y por su parte los islámicos extremistas reclaman toda la tierra del actual Israel como herencia natural del profeta. Ante estas dos posiciones la paz completa es imposible. Sin embargo es posible concebir la existencia de un Estado palestino autónomo que pueda subsistir aun en medio de un terrorismo relativamente dominado. Lo grave es que el islamismo belicoso no se origina solamente en Palestina sino que tiene su fuerza principal en países protectores como Irán. Esta teocracia mahometana es la fuente financiera e ideológica del radicalismo musulmán que tiene sólidamente establecidos sus cuarteles en el Líbano. En estas circunstancias podría establecerse una relación política amigable entre israelíes y palestinos, soportando unos y otros el terrorismo que no tiene trazas de desaparecer. Eso tiene evidentes semejanzas con el caso colombiano.
El Espectador (Colombia), 8 de septiembre de 1999