La violencia en Colombia se caracteriza no sólo por ser de vieja data, es decir, tiene su origen entre los años 1946 y 1965, período que se conoce como La Violencia: guerra civil no declarada; si no que además intervienen una serie de actores, que incluso se interrelacionan y que generan distintas intensidades o grados de violencia.

Como muy bien lo señala Valencia Villa, Hernandez en su libro: La Justicia de las Armas, la violencia se convierte en una metodología de acción política y representación social, que se mantiene constante e incluso tiende a incrementarse en nuestros días. A ello contribuyen el proceso de transición estructual prolongada que experimenta la sociedad colombiana desde mediados de siglo y sus secuelas, entre las cuales se destaca la crisis de la justicia del Estado, que ha perdido buena parte de su eficiencia y de su legitimidad para procesar el múltiple conflicto colectivo.

Además, existen diversos factores que dan origen a la intensificación de la violencia en los últimos años, y entre estos cabe destacar: crisis del Estado como ente regulador; conflictos sociales no resueltos; crisis de legitimidad; fortalecimiento de la guerrilla; aparición de los grupos paramilitares; infiltración del narcotráfico en todos los sectores del acontecer nacional y creciente autonomía de las Fuerzas Militares.

Especialistas en la materia plantean que las causas de desplazamiento se deben básicamente a la intensificación del conflicto armado y a la consolidación del proyecto paramilitar, ante la incapacidad del Gobierno para controlar las acciones de la guerrilla, las cuales se han intensificado.

Los grupos de desplazados se les puede categorizar de la siguiente forma: mujeres viudas y niños menores de 18 años, campesinos, y pequeños y medianos comerciantes.

El desplazamiento se origina por los enfrentamientos que surgen entre los grupos insurgentes y los paramilitares por controlar ciertas zonas que son considerada por ambos actores de vital interés estratégico; constatemente violan las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, las fuerzas paramilitares han puesto en práctica una estrategia de contrainsurgencia que consiste en cometer violaciones de derechos humanos de forma generalizada y sistemática inpidiéndoles de esta forma que la población civil colabore con la guerrilla, mientras que los irregulares cometen los mismos abusos contra aquellos campesinos que consideren simpatizantes o colaboradores de las fuerzas de seguridad.

El agravamiento de esta problemática en vista de la ineficiencia del Estado, ha provocado que la comunidad internacional alce su voz ante las atrocidades que se comenten en esta nación como muy bien es señalado por los distintos organismos humanitarios que participan activamente en el conflicto interno. Ante la magnitud de la crisis humanitaria que se vive en Colombia, la comunidad europea presionó para que el Gobierno colombiano abriera una oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo mandato es el de proteger, promover y supervisar los derechos humanos, e incluso el Gobierno del Presidente Samper creó la Ley 387 de 1997 para prevenir el fenómeno y atender a los afectados, además de la creación de la Consejería Presidencial para Desplazados, así como dinamizar el Sistema Nacional de Atención Integral de los Desplazados, cuyos objetivos básicos son los de atender de manera integral a la población desplazada, con el fin de lograr un retorno voluntario o reasentamiento, y neutralizar los efectos de los procesos de violencia que provocan el desplazamiento.

A pesar de las presiones externas y las pocas acciones internas por parte de las autoridades gubernamentales, el desplazamiento forzoso se ha intensificado en los últimos años, por lo tanto si no se ataca la raíz del problema –conflicto armado- por más soluciones que se ejecuten el desplazamiento persistirá, estará latente, por ende la única vía es que los actores gestores de violencia se comprometan a humanizar el conflicto, lo cual prodría conllevar a la pacificación de los alzados en armas y, además, que el gobierno de turno apoye su inserción en la sociedad civil; pero la búsqueda de la paz es un proceso a largo plazo y todavía existen enormes obstáculos que deben ser superados, y para ello es importante que exista no sólo voluntad política de las máximas autoridades colombianas, sino también la de los actores gestores de violencia, así como una mayor participación de la sociedad civil que le de un nuevo impulso y dinamismo al proceso de paz que se esta gestando.