Vana pretensión la del Presidente y Comandante en Jefe para que la opinión pública, tanto la nacional como también la extranjera, interesadas ambas en el desarrollo del proceso político venezolano que se lleva a cabo en la actualidad, ignoren cuanto él dice cotidianamente a través de los medios de difusión y se resignen a tomar conocimiento tan sólo de las realizaciones de su gobierno que, por cierto, no dejan de ser objeto del suficiente tratamiento informativo tanto en el amplio espectro mediático local y en el internacional. Lo que ocurre es que aquéllas no son tantas, Plan Bolívar 2000 mediante, mientras que las intervenciones del primer magistrado son múltiples y controversiales, por lo que el balance se inclina de modo relevante hacia este último renglón.

Toda una sorpresa esta posición del jefe del Estado, ya que si algo resulta prácticamente imposible es esa aspiración suya a divorciar o distanciar los dichos de los hechos, como lo expresara en fecha cercana. En una persona cualquiera, común y corriente, es perfectamente hacedero establecer esa distinción y de allí la versión original de la sentencia popular a que aluden estas líneas. Pero no es lo mismo cuando se trata de alguien que, en razón de sus funciones, debe comunicarse frecuentemente con la población, abstracción hecha del lenguaje utilizado que, sin embargo, es en el fondo el motivo por el cual surge el presente comentario, ya que el Presidente no debe decir lo que, más adelante, no esté en capacidad de sostener. Bastante se ha escrito y comentado sobre la llamada "incontinencia o intemperancia verbal" que guía el comportamiento del alto funcionario ejecutivo frente a cámaras, micrófonos y grabadores, razón, entre otras, de la sobreexposición informativa que afecta a la imagen presidencial y, consiguientemente, a la política del gobierno en el campo de la comunicación.

A lo expuesto habría que agregar que, el tono y los contenidos de las intervenciones presidenciales, contribuyen a justificar la reacción negativa de vastos sectores nacionales y extranjeros, deseosos de que el proceso de cambios institucionales en nuestro país, inevitable sin que exista duda alguna al respecto, se efectúe en un ambiente de libertad, paz y armonía, como corresponde a una sociedad regida por el sistema democrático de gobierno, bien alejado de la permanente agresividad, provocadora y conflictiva, que condiciona el discurso del jefe del Estado. Son precisamente esas presentaciones en los medios de difusión, entre otras fuentes, las que utilizan los corresponsales de las agencias internacionales de noticias para armar sus despachos, por supuesto no siempre benévolos y quizás las más de las veces críticos puesto que reflejan una realidad que no se puede distorsionar o mixtificar so pena de apartarse de algunos de los fundamentos básicos que debe contener cualquier información mediática: veracidad, objetividad, oportunidad, entre otros.

Así, la tan mentada "campaña internacional de descrédito" pierde importancia, pues en verdad no es tal sino producto de la confusa y variada gama de informaciones, a veces contradictorias unas con otras, que se originan en el gobierno y, muy en particular, en el innecesariamente belicoso discurso del primer magistrado.