Temas de análisis
Fernando Cepeda Ulloa
Lo que está en juego en la zona de distensión es si las Farc imponen su ley o si el Estado de Derecho prevalece en esa parte del territorio.
La zona de distensión no es un espacio dominado por las Farc sino creado por la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997. El Presidente de la República, en virtud de esta ley, tiene la potestad exclusiva de crear esa zona para facilitar el proceso de diálogo y negociaciones con grupos armados que hayan recibido el reconocimiento de carácter político. En esa zona sigue vigente el Estado de Derecho, y las autoridades civiles (alcaldes, fiscales, jueces, etc.) mantienen su presencia y jurisdicción. Para asegurar la vigencia del Estado de Derecho el Gobierno y las Farc acordaron conformar una Comisión Internacional de Verificación.
No se puede equiparar la situación de las Farc dentro de la zona de distensión con la que tienen por fuera de ella, que es de insurgencia contra el Estado de Derecho. Se dice que las Farc no han hecho gestos de paz. La verdad es que la aceptación de la figura legal de una zona de distensión era un comienzo de reincorporación al Estado de Derecho. Sería absurdo que esa zona tuviera un carácter excepcional para el Gobierno y no para las Farc. El Gobierno se abstiene de perseguir en esa zona a las Farc; las Farc aceptan respetar allí el Estado de Derecho.
La reforma inescapable de la Ley 418 ofrece la oportunidad para garantizar la continuación -por todos anhelada- de las negociaciones dentro del respeto al Estado de Derecho. Adecuar la ley a las realidades del proceso es lo que corresponde. El trámite debería ser una oportunidad de construir un consenso real en torno del proceso y las reglas que lo deben gobernar.
La reforma debería definir con precisión la naturaleza de la zona de distensión. Y, al mismo tiempo, podría prescindir de normas que no se están cumpliendo a cabalidad, como la que ordena presentar un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley 418, al comienzo de la sesión legislativa. Si ello se hubiera hecho oportunamente, la opinión pública estaría en capacidad de evaluar mejor los obstáculos legales al proceso de negociación. La paz se puede negociar mejor y con mayor seguridad para todos dentro del Estado de Derecho.
El Tiempo, 14 de septiembre de 1999