Si la propuesta se acepta, guerrilla haría proselitismo político

Farc están dispuestas a ambientar consulta

Por primera vez desde que se alzaron en armas hace 36 años, las Farc anunciaron ayer su disposición de acudir a uno de los mecanismos de la democracia, la consulta popular, para que el pueblo decida si quiere o no una norma que permita el intercambio de guerrilleros encarcelados por los policías y soldados retenidos.

Ayer, el jefe de las Farc, 'Manuel Marulanda Vélez' le envió una carta abierta al presidente del Senado, Miguel Pinedo Vidal en la que le anuncia su disposición de acudir a los mecanismos de participación ciudadana, si el Congreso no tramita la ley de 'canje' sugerida o si el proyecto no es aprobado.

"Si el Senado no lo puede hacer porque no le conviene o lesiona sus intereses, es necesario acudir a la opinión pública, a través de una consulta en las urnas con todas las de la ley, donde nosotros tengamos la oportunidad y garantías necesarias para ir al Senado, a las plazas públicas y organizaciones populares para exponer nuestros puntos de vista a través de los medios de comunicación, por espacio de 4 meses, mientras la Registraduría Nacional organiza los mecanismos indispensables para ir a la consulta", señala el jefe guerrillero en su carta.

'Tirofijo' agrega en su mensaje que no acepta que la consulta se haga a través de encuestas que no reflejan la opinión mayoritaria de los colombianos, sino de una élite que se opone a esta norma.

En su carta, 'Marulanda' reitera que su posición respecto de la propuesta de una "ley de canje" no incluye "a civiles que no han sido capturados en combate". Según la carta, la inclusión de este tema es solamente un nuevo condicionamiento para "prolongar la estadía en la selva de soldados y policías".

Esta consulta solo se realizaría, según el jefe guerrillero, si el Congreso decide en su autonomía, no presentar el proyecto, o si después de presentado, lo vota negativamente.

Pinedo responde

De otra parte, el presidente del Senado, Miguel Pinedo, le respondió casi que de inmediato a Marulanda, considerando válido "el estilo implementado por mantener el intercambio de opiniones de cara a la opinión pública", lo que en su concepto, permite "despejar las zonas grises de las interpretaciones que con tanta frecuencia han ocasionado estancamientos y dificultades al proceso de paz".

Pinedo manifestó en que está (el Congreso) dispuesto a examinar todas las posibilidades existentes para que se dé el regreso a sus hogares de los soldados y policías que se encuentran en poder de las Farc, pero insistió en que hay que superar el problema del secuestro en su raíz. "Nuestra preocupación no es episódica, no desea simplemente la superación de los casos que hoy nos ocupan", agregó.

El Presidente del Senado le propuso a 'Tirofijo' iniciar las negociaciones "sin condicionamientos" e incluyendo dentro de ellas, la discusión de aspectos que "han generado el estancamiento del proceso".

En otro escenario, los miembros de la comisión del canje -conformada por el Procurador Jaime Bernal y los parlamentarios Juan Manuel Ospina, Roberto Camacho, Zulema Jattin y Luis Fernando Velasco- se reunieron para darle los toques finales al proyecto que sobre el tema será presentado al Gobierno mañana cuando se reúnan con Victor G. Ricardo.

Según la ley de mecanismos de participación, si se acepta la propuesta de las Farc, el primer paso para convocar a una consulta popular es que el Presidente, con la firma de todos los ministros, presente al Senado el texto que será sometido a votación.

Posteriormente, el Senado tendrá 20 días, prorrogables por 10 días más, para pronunciarse sobre esta solicitud.

La consulta popular se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes a la respuesta del Senado y no podrá coincidir con otra elección.

La pregunta o preguntas que se sometan a consideración del pueblo deberán ser formuladas de tal manera que se respondan con un sí o un no. La consulta se considerará aprobada si la vota afirmativamente la mitad más uno de los electores y si participa al menos la tercera parte de los ciudadanos habilitados.

El Tiempo, 14 de septiembre de 1999