Deterioro de la seguridad jurídica
María Kelly
(AIPE).-
Los políticos no se atreven a promulgar una ley prohibiendo fumar por las consecuencias electorales que ello acarrearía y porque recuerdan que la prohibición de las bebidas alcohólicas (la enmienda 18 de la Constitución) fue un tremendo fracaso que sólo logró promover el mercado negro y crear las mafias que desde entonces perduran. Pero pensando que el fin justifica los medios, el gobierno federal recurre a los tribunales en un intento de estrangular a las tabacaleras, exigiendo que reembolsen al estado por los gastos federales desembolsados en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el cigarrillo.
En su demanda, el Departamento de Justicia utiliza estatutos promulgados para combatir el crimen organizado (Racketeer Influence and Corrupt Organizations Law) y alega que las tabacaleras han engañado al gobierno, con respecto a la toxicidad de sus productos y a la adicción de la nicotina, durante 45 años.
Los millones de personas que han dejado de fumar comprueban que, según la definición médica, el tabaco no es adictivo. Y el profesor de leyes de la Universidad de Chicago, Richard Epstein, uno de los más destacados cerebros legales del país, rechazó de plano los argumentos del gobierno en su artículo publicado en el New York Times, el 24 de septiembre. Epstein mantiene que las tabacaleras no han podido haber engañado al gobierno ya que éste conocía toda la verdad. Y no hay ninguna duda que ese es el caso porque desde 1954 el gobierno mismo ha dictaminado el texto de la advertencia que por ley debe ser impresa en cada cajetilla de cigarrillos y en cada pieza de publicidad. Y termina su artículo diciendo: "Es indecoroso que la fuerza litigante más poderosa del mundo recurra a una demanda a estas alturas, después de regular y de predicar contra el cigarrillo a lo largo de tantos años".
Por su parte, el juez Robert Bork, otra de las más destacadas figuras legales de la nación, escribió en el Wall Street Journal el 23 de septiembre que se trata de un intento de "utilizar el litigio para intimidar a empresas privadas de manera de conseguir una prohibición para la que el gobierno no podía congregar el apoyo político para legislar. Los fabricantes de armas comienzan a confrontar el mismo problema. ¿Por qué no demandan a las empresas petroleras cuya gasolina hace posible que hayan muertes de tránsito o a las cadenas de comida rápida cuyos productos contribuyen a enfermedades del corazón?"
La realidad es que en los tribunales de Estados Unidos, en virtualmente todos los casos presentados, los jurados determinan que el fumador conocía perfectamente todos los riesgos que estaba asumiendo y como ciudadano mayor de edad de un país libre había tomado sus propias decisiones. Pero ahora el gobierno federal sale con el cuento que la industria tabacalera logró mantenerlo ignorante de todos los riesgos implícitos en el uso del tabaco desde hace 45 años. Si el Departamento de Justicia de la nación está dirigido por gente dispuesta a falsificar los hechos por razones o presiones políticas, el deterioro de la seguridad jurídica debe ser una verdadera causa de alarma para todos los ciudadanos de Estados Unidos.
Periodista.