"Unas son de cal y otras de arena", pareciera ser el criterio que guía al oficialismo en el campo de la información pública. En efecto, mientras en el seno de la Subcomisión sobre el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión de la ANC, se aprueba un conjunto de artículos sobre el tema a fin de que sean debatidos en la instancia correspondiente, el presidente de la Comisión de Defensa del Senado de la República propone limitaciones a la libertad de opinar que contrarían la substancia de lo que plantean sus cofrades en el escenario constituyentista.

¿Contradicción real o aparente? Vaya a saberse. Pero en todo caso el asunto es lo suficientemente importante como para comentarlo adecuadamente, pues se trata nada más y nada menos que de la libertad de expresión, la que aporta contenido integral al funcionamiento auténtico de la democracia y la que sirve de fundamento al ejercicio de las demás libertades.

El trabajo de la subcomisión constituyentista incursiona en un terreno minado y lo recorre airosamente. Al recoger el concepto "veraz" para calificar, entre otras características, la información que tienen derecho a recibir todas las personas, se está reconociendo un principio justo que, a juicio de quien escribe, ha sido mal interpretado, sobre todo por voceros del establecimiento mediático que han identificado exigencia de veracidad igual aplicación de censura para garantizar aquélla, lo cual no es cierto puesto que quienes respaldan la iniciativa no están promoviendo paralelamente la creación de algún organismo oficial para ocuparse del asunto, salvo que se le diera tal connotación a la figura del "defensor del usuario de los medios", aspecto de la cuestión que merece un análisis más detenido.

Si a la veracidad, se añaden la oportunidad y la imparcialidad como fundamentos de la información libre y plural, hay que reconocer que en esta materia es real el avance, lo cual se complementa de modo apropiado concediéndole rango constitucional a la réplica y a la rectificación que, hasta ahora, no son precisamente derechos que el usuario de los medios en nuestro país ejerza con éxito.

En cambio, la propuesta del presidente de la Comisión de Defensa del Senado de la República, constituye un claro atentado a la libertad de expresión, en particular a la libertad de opinión que, conforme a los más elementales principios sobre el asunto, siempre se le ha dado carácter de "sagrada", para dar a entender que es ilimitada, no estando sujeta a regulaciones que impidan la libre expresión del pensamiento. Adicionalmente, la declaratoria de "traidores a la patria" que el senador-presidente sugiere para quienes emitan opiniones que se consideren "desestabilizadoras" es una medida de franco contenido totalitario que seguramente será objeto de comentarios, nada benignos ciertamente, por parte de las agencias internacionales de noticias y, por supuesto, por todos quienes en el país esperan que en el nuevo texto constitucional se consagren los principios y fundamentos democráticos de la información libre y plural.