Manuel Quijada
Soy partidario de que en nuestra legislación penal la duración de las penas por los diversos delitos sea revisada. En los países desarrollados son severas, en cambio, en nuestros países subdesarrollados de América Latina son más bien leves, por lo menos, teóricamente. Hace unos pocos años se juzgaba en Chile a los criminales militares de Pinochet, miembros de la DINA, por los asesinatos de Letelier y su secretaria, en Washington y al general Pratt, en Buenos Aires y simultáneamente a los que atentaron en Roma contra el ex ministro chileno Bernardo Leighton y su esposa. Los primeros, por un homicidio consumado, fueron sentenciados a seis años de prisión y a los segundos, por un delito frustrado, la sentencia fue de más de 25 años. La diferencia la marcó el concepto que se tiene sobre la protección de la sociedad y la preservación del orden social.
Sin embargo, en los países civilizados las penas elevadas las reducen los mismos delincuentes por su reeducación, el trabajo y su comportamiento para los cuales existen condiciones en las cárceles.
En nuestros casos, en Venezuela en particular, la prisión de un delincuente resulta inhumana, debido al régimen penitenciario que considera al delincuente pobre como un animal despreciable y no como a un ser humano a quien hay que aislarlo de la sociedad -que es el objetivo fundamental de la reclusión- pero al que hay también que respetarle sus derechos y tratar de reincorporarlo a la sociedad, mediante un sistema de readaptación social y su asimilación, con el propósito de transformar al reo en un ser útil, respetuoso del orden y que pueda vivir normalmente en sociedad, una vez lograda la libertad, que puede ser obtenida de dos maneras: por el cumplimiento del tiempo de la pena, o por los beneficios que le otorga la ley por su redención, aprendizaje de una profesión, su reeducación y su comportamiento que demuestre el cambio de personalidad.
Las cárceles en Venezuela son un infierno, de las peores del mundo, debido al hacinamiento, a las condiciones inhumanas, al ocio, a la ausencia de sensibilidad, aptitud y corrupción de los carceleros y al régimen judicial y penitenciario en general, concebido éste para hacer delincuente a quien no lo es, reafirmar las tendencias delictivas del culpable de un delito y afianzar el odio del delincuente hacia la sociedad, cuyo origen tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas en la que ha vivido y de cuya responsabilidad no se escapan los gobiernos, los políticos, la falta de una política de desarrollo y la sociedad misma, indiferente al horror en que vive la clase empobrecida, condenada a nacer y sobrevivir en medio de la injusticia, las humillaciones, privaciones de todo género, en la promiscuidad, carente de condiciones mínimas que requiere una persona, en fin, en medio de la negación de todos los derechos humanos. Ambientes que parecen surgidos de la pluma de Dostoievski y de Charles Dickens.
El problema de la proliferación de la delincuencia en los países subdesarrollados, como Venezuela, no se soluciona con leyes, penas o regímenes penitenciarios infernales, sino con desarrollo económico que permita la distribución del ingreso mediante el trabajo y la educación. Donde no hay trabajo se despierta el primer instinto del hombre que es vivir adecuadamente y si no puede lograrlo, delinquirá.
Las condiciones de vida de los prisioneros delincuentes, en las cárceles venezolanas, por más daño que hayan causado a la sociedad y a gente inocente, angustia a cualquier ser humano, con un mínimo de sensibilidad, amor por la justicia y comprensión de nuestra realidad social.
En nuestro país no es la gravedad del delito la que fija la intensidad de la pena, sino, en última instancia, la pobreza y como consecuencia, la orfandad y la indefensión del reo; y todos los delincuentes reciben el mismo tratamiento: culpables, autores de pequeñas faltas, inocentes sin sentencias, sin juicios penales, enfermos, presos que han cumplido su tiempo de sentencia y los que han hecho méritos para obtener los beneficios que otorgan las leyes penales. La regla en nuestra sociedad parece ser: castigar el delito con el delito.
La humanización de las cárceles en un país la determina su grado de civilización y no la piedad o la devoción individual por el respeto de los derechos humanos.
Las leyes, o quizás la nueva constitución no deberían permitir cárceles con más de 400 prisioneros, sin espacio para el trabajo, la educación y la lectura y para el esparcimiento y el deporte.
La ignominia del régimen penitenciario en Venezuela ha creado una especie de apostolado. Defensores del trato humanitario hacia los prisioneros, cualquiera sea el origen del delito, como Elio Gómez Grillo, la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, el diputado Rafael Narváez, los integrantes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, salvan el honor del sentido humano de los venezolanos. Es justo reconocerlo públicamente.