Militares que incurran en delitos comunes serán juzgados por tribunales ordinarios o civiles
Hernán Lugo Galicia
La Comisión de Administración de Justicia propone eliminar la actual Corte Suprema de Justicia y sustituirla por un Tribunal Supremo de Justicia, con dos nuevas salas: Constitucional y Social. El nuevo Poder Judicial estará conformado por el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales ordinarios. El Tribunal Supremo de Justicia contará en total con cinco salas: Constitucional, Político Administrativa, de Casación Civil, Penal, y Social; cada una estará integrada por cinco magistrados.
La iniciativa figura dentro del proyecto de la Comisión de Administración de Justicia que ayer fue consignado ante la Comisión Constitucional, con el fin de que sea incorporada a la nueva Carta Magna. Luis Vallenilla, vicepresidente de la Comisión Constitucional, calificó de positivas las sugerencias, y se mostró optimista en cuanto a que todo esto pueda servir para depurar el sistema judicial, tan cuestionado en Venezuela, y dársele garantías jurídicas a los inversionistas.
Elio Gómez Grillo, presidente de la Comisión de Administración de Justicia, destacó que el proyecto busca consagrar la autonomía del Poder Judicial, al asignarle un presupuesto o situado constitucional. Dentro del presupuesto general del Estado se le otorgará una partida no menor de 6%. Sin embargo, se le prohíbe al Poder Judicial fijar tasas, aranceles o exigir pago por sus servicios.
Gómez Grillo reveló que la Comisión de Emergencia Judicial estudia la suspensión de otros 20 jueces. "Eso hay que hacerlo con responsabilidad. No se puede jugar con el trabajo ni con la persona", afirmó.
Los profesionales que deseen ingresar a la carrera judicial tendrán que concursar públicamente, así como los jueces que busquen un ascenso, "por varios filtros", como dijo Gómez Grillo. Los magistrados que incumplan sus funciones serán responsabilizados civil, penal y administrativamente, según sea el caso; y los jueces sólo serán removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos previstos en la ley. En caso de reincidencia, los jueces serán destituidos.
De aceptarse los planteamientos, al entrar en vigencia la nueva Constitución, la jurisdicción militar se suscribe al ámbito estrictamente castrense y, por lo tanto, los militares que cometan delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios. Plantean la creación del Servicio Autónomo de Defensoría Pública y de un Ministerio de Estado para Asuntos Penintenciarios, y aconsejan designar jueces especiales para decidir los procesos penales retrasados.
Proponen negarle a los magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos, el derecho a participar en actividades político-partidistas, gremiales o sindicales, o realizar actividades privadas lucrativas, para así garantizar la "imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones".
El Nacional online, 26 de septiembre 1999