Sebastián Edwards
LOS ANGELES (AIPE).- El 1° de septiembre fue la inauguración de Mireya Moscoso como primera presidenta de Panamá, viuda del tres veces presidente Arnulfo Arias. La Sra. Moscoso fue electa bajo un programa populista y ha prometido acabar con la pobreza en su período de cinco años. Sin embargo, no parece poder contar con la misma libertad para gastar que los presidentes populistas latinoamericanos tradicionalmente han tenido. Eso se debe a que su país no tiene banco central para imprimir billetes y desde 1904 utiliza el dólar. Entre 1955 y 1988, la inflación promedió 2,4% al año y a lo largo de los años 90 apenas si sobrepasa el 1% anual. Sin embargo, la historia de la dolarización panameña muestra que la ausencia de un banco central no garantiza la solvencia fiscal. La espantosa realidad es que desde 1973, exceptuando un corto interregno a fines de los 80, Panamá ha estado casi permanentemente bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional.
Panamá ha tenido 16 programas del FMI en ese tiempo, el más reciente de los cuales fue firmado a fines de 1997 y perdurará seguramente hasta fines del 2000. Según un reciente estudio de Michael Mussa y Miguel Savastano del FMI, durante el último cuarto de siglo Panamá ha sido el más asiduo usuario de los recursos del FMI en el hemisferio occidental; desde 1973, sólo Pakistán ha tenido más programas del FMI. La lección de Panamá es que mientras la dolarización ofrece estabilidad de precios, no puede garantizar responsabilidad fiscal. Mientras exista el FMI, la tentación de utilizar sus generosos programas como sustituto de un banco central será demasiado fuerte para ser resistida por la mayoría de los políticos. Quienes apoyan la dolarización de la Argentina deben prestar atención: adoptar el dólar sin imponer frenos fiscales a los políticos puede conducir a una misión rotativa y permanente del FMI en Buenos Aires.
El principal factor tras la proliferación de programas del FMI en Panamá ha sido la incapacidad del gobierno, hasta hace poco, de controlar las finanzas públicas. Entre 1973 y 1998, el déficit fiscal promediaba 4% del PIB, y desde 1973 a 1987, un período de continuos programas del FMI, excedía el 7% del PIB. De hecho, sólo en los últimos años es que Panamá ha logrado cierto orden fiscal. Al comienzo, los grandes déficit fueron financiados con préstamos externos. Pero cuando el saldo de la deuda creció demasiado, el FMI acudió con recursos frescos. Cuando eso resultó insuficiente, Panamá reestructuró su deuda.
En 1968 comenzó un período de 19 años de programas no-interrumpidos del FMI. Año tras año, un nuevo programa del FMI exigía el fortalecimiento de las finanzas públicas. E invariablemente Panamá no lo hacía, como si las autoridades supieran que el FMI estaba allí, siempre dispuesto a rescatarlos. Ese círculo vicioso se rompió en 1987, por la confrontación con el general Noriega y la sospecha de su participación en el narcotráfico. Panamá fue sujeta, entonces, a severas sanciones económicas, dirigidas por Estados Unidos. El FMI regresó a Panamá en 1990 con un programa de monitoreo, seguido por programas de préstamos en 1992 (22 meses), 1995 (16 meses) y 1997 (36 meses). Es demasiado temprano para saber si la Sra. Moscoso se esforzará en alcanzar solvencia fiscal.
En septiembre del año pasado, el presidente Menem de Argentina dijo estar dispuesto a abandonar el peso y adoptar el dólar como moneda de curso legal. Alegó que sin moneda propia, Argentina no estaría ya sujeta a mal fundados rumores de devaluación ni a sufrir "contagios" de otras naciones emergentes. Desde entonces, la idea ha sido promovida por varios académicos e instituciones, incluyendo el BID.
En Argentina, la propuesta pronto se convirtió en el foco de debate político. Mientras los dos candidatos principales han rechazado públicamente la idea, la discusión continúa a toda velocidad en círculos académicos, institutos de estudios públicos y en la prensa. El próximo presidente de Argentina tendrá que darle la cara al tema de la moneda, al comienzo de su mandato.
Argentina, por su compromiso con un cambio fijo, altas reservas, una caja de convertibilidad y una economía de hecho casi dolarizada, es un candidato ideal para la dolarización completa. Pero antes de proseguir, se debiera estudiar cuidadosamente el caso de Panamá. A menos que la Argentina quiera que su política económica sea decidida por el FMI, debe construir las instituciones necesarias para mantener disciplina fiscal. Prueba del peligro es que el FMI está en la Argentina desde 1995. La reciente aprobación del Congreso argentino de la Ley de Convertibilidad Fiscal, la cual obliga al equilibrio fiscal para 2003 y a la creación de un fondo de estabilización, es un paso en la dirección correcta. Pero no es suficiente. La ley puede ser mi modificada por los presupuestos anuales.
Argentina necesita un compromiso confiable, promulgado legislativamente y que requiera una súper mayoría para modificarlo. Al mismo tiempo, habría que eliminar las fuentes potenciales de desequilibrio fiscal. Tales medidas tienen que ser acompañadas de la permanentemente pospuesta medidas de flexibilización del mercado laboral.
Luego de adoptar una estructura institucional de responsabilidad fiscal, Argentina debe avanzar rápida y unilateralmente hacia la total dolarización. Ello consolidará las victorias logradas desde la instrumentación de la caja de conversión en 1991. Sin rumores de devaluación y quitándose de encima al FMI, Argentina se convertiría en motor de crecimiento para América Latina. ©
Profesor de economía internacional en UCLA
Economista jefe para América Latina
del Banco Mundial, desde 1993 a 1996.
Este artículo fue publicado originalmente
por The Wall Street Journal
diario que autorizó la traducción de AIPE.