GUILLERMO PIMENTEL
Nuevamente, nos encontramos frente a una esperanza cierta de reactivación del aparato productivo del país. Me he negado a utilizar en todo este tiempo el término recuperación económica, pues me parece totalmente inadecuado para definir la situación vernácula, caracterizada más bien, por inactividad del aparato productivo y no por recuperación de algo que nunca hemos tenido perdido. Estas esperanzas, aparentemente más ciertas en esta oportunidad, se fundamentan indiscutiblemente en el efecto favorable de las intervenciones del Presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas y en su presentación en la Organización de Estados Americanos (OEA). En ambas ocasiones quedó en claro que hay una decidida disposición del actual Jefe del Estado venezolano de defender la estabilidad de las instituciones democráticas en el país y en la percepción, evidente por cierto, de que el proceso constituyente está llegando a feliz término y contaremos en tiempo previsible con una nueva Carta Magna que garantice definitivamente lo que hasta ahora eran sólo promesas verosímiles, pero aún inciertas.
El pasado martes, en este diario, se dieron a conocer las cifras relativas a la inversión en América Latina registrada por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). De acuerdo con las informaciones de ese Organo de las Naciones Unidas, Venezuela figura en el 5º lugar como destino de capitales extranjeros, el crecimiento de la inversión extranjera directa para los países de América Latina, en general, alcanzó 5% en 1998; desde luego, Brasil encabezó el grupo de los beneficiarios junto con otros países del Mercado Común del Sur. Venezuela no quedó en una posición deslucida pues alcanzó a ocupar el 5º lugar como destino de capitales extranjeros, siendo EEUU el país que aún mantiene la hegemonía como inversor en la región. La Unión Europea y en especial España, destinaron cantidades importantes de numerario a la zona y es desde luego un factor estabilizador, si tomamos en cuenta la alta volatilidad de los capitales de mediano y corto plazo que acuden como inversores a la zona.
Venezuela en cierto modo ha sido beneficiaria de un caudal importante de estas sumas y por ello en el conjunto de los países iberoamericanos figura en el 5º lugar como destino de inversión externa directa. Es de esperar que una vez se despejen las dudas y los inevitables temores de los inversores por el futuro del desarrollo político nacional, estas cifras mejoren considerablemente.
Abrigamos la esperanza de que las intervenciones oficiales en densos sectores de opinión de Estados Unidos y de Europa hayan despejado estas injustificadas dudas. Por de pronto, en estas nuevas circunstancias los mercados financieros internacionales han reaccionado moderada pero favorablemente en torno al país, ofreciéndose modestas pero muy ciertas y perceptibles mejorías en la cotización de los valores venezolanos que se transan en los mercados financieros internacionales. Por lo demás, los sectores privados internos se han pronunciado muy favorablemente y es muy posible que se pueda lograr lo que el suscrito ha venido recomendando con pertinacia que raya con la impertinencia. El establecimiento de empresas nacionales capaces de promover medianas y pequeñas empresas y aun intervenir en el más difícil mercado de las microempresas, caracterizadas por su naturaleza individual y casi personal pero que encontrarían en la actualidad fuentes idóneas y apropiadas de financiamiento, entre ellas, la del Banco de los Pobres o del Pueblo y de la Mujer, instituciones éstas que se han hecho acreedoras de muy favorables recomendaciones de mi parte en más de una oportunidad en esta misma columna.
De sucederse esta situación, sería más que posible, verdaderamente cierto, que nos iniciaríamos en un proceso modesto pero seguro de reactivación del aparato productivo del país y consecuentemente de la ampliación del empleo como una segura erradicación del informalismo en las actividades productivas y comerciales dentro de un ámbito de Economía Sustentable.
Debo admitir que mi confianza en la fortaleza productiva del país y mis irrefrenables deseos de que definitivamente salga de esa injustificada situación de paro e inactividad, me hagan fantasear un poco cuando incursiono sobre este tema. Sin embargo, en esta oportunidad estoy seguro de que las esperanzas a que me referí al inicio de este artículo, tienen innegable sustentación en esta oportunidad. He tratado de consultarlo con un apreciable número de colegas, experimentados en este tema y de todos he recibido ánimo suficiente como para afianzar estas apreciaciones que he decido hacerlas públicas en esta columna.
Espero que con esta manifestación de fe en mi país y confianza en su futuro desenvolvimiento contribuya a callar esas posiciones pesimistas que enarbolan los habituales predicadores del caos. Las casandras que se satisfacen con la prédica pesimista y el vaticinio fatalista y sobrecogedor.
(*) Ex Superintendente de Bancos. Ex director ejecutivo del BID [10/5/99]
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La constitucionalización de la integración económica hemisférica EMILIO NOUEL (*)
Ciertamente, los procesos de integración económica internacional en América Latina, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la que Venezuela está inserta, vistos a la luz de las Constituciones de cada país, no están suficientemente apuntalados. Esta circunstancia indeseable genera problemas de interpretación nacionales e internacionales, derivados de la valoración, desde el punto de vista jurídico, que se tenga de las normativas y políticas que en el ámbito de esos procesos adopten las autoridades de los organismos comunitarios.
Aun cuando la labor interpretativa de algunos juristas latinoamericanos, a pesar de la fragilidad de los textos constitucionales en esta materia, ha servido eficazmente para apoyar la legitimidad de ciertos instrumentos normativos generados por órganos supranacionales, debe reconocerse que hoy, más que nunca, se hace necesario consagrar de manera expresa en tales textos las competencias de carácter legislativo y jurisdiccional que le han sido conferidas a las autoridades de estos procesos, por encima de los Estados.
Como se sabe, toda integración precisa de una cesión progresiva de soberanía, sin la cual los objetivos que se hayan trazado, no se alcanzarán a cabalidad.
Tanto el poder normativo como el jurisdiccional, rasgos contenidos en la soberanía del Estado-Nación, en los procesos integracionistas, pasan a los órganos supranacionales, quienes tendrán la potestad, en el campo de sus competencias, para definir e instrumentar estrategias y políticas comunes y/o armonizadas, promulgar reglas y sancionar el incumplimiento de ellas.
En la integración supranacional, las normas adoptadas tienen supremacía, así como efecto y aplicabilidad directos. No requieren, para que sean considerados ley, del trámite de recepción interna como ocurre con los Tratados internacionales. Los Reglamentos, en la UE, y las Decisiones, en la CAN, son ejemplos de estas normas supranacionales.
En estos procesos, por otro lado, se dispone de un órgano jurisdiccional encargado de dirimir las controversias entre países o entre éstos y los particulares.
Embarcados como estamos, en Venezuela, en la redacción de una nueva Constitución, los encargados de hacerlo no deben olvidar la importancia trascendental que tiene para nuestro país, afincar en bases sólidas constitucionales, la integración hemisférica y la supranacionalidad de sus instituciones. La conveniencia de esto no puede ser más evidente.
Precisamente, las dificultades que está viviendo Mercosur, están ligadas a la inexistencia del carácter supranacional de sus órganos rectores. Allí, sus miembros siguen siendo los "Señores de los Tratados'', lo que obstaculiza la profundización del proceso y potencia la tendencia desintegradora siempre presente.
Sin supranacionalidad jurídicamente sustentada, los intentos de integración no se desarrollan con la celeridad necesaria, y los beneficios ansiados se postergan. Y en este éxito, como diría quien presidió la Comisión Europea, Walter Hallstein, la fuerza espiritual que es el Derecho, podrá crear lo que la espada y la sangre no han podido hacer desde siglos.
(*) Abogado / enouel@cantv.net [10/5/99]
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La nueva Ley Eléctrica y las nuevas privatizaciones PER KUROWSKI (*)
Al fin, después de décadas de discusión, tenemos una Ley de Servicio Eléctrico, que permitirá invitar a los capitales privados a que participen en la solución de los problemas de suministro eléctrico del país. Ahora bien, debemos evitar que esos nuevos fondos vayan a ser desviados para solucionar problemas ajenos al sector eléctrico o para mejorar el flujo de caja general del Estado, como ocurrió en experiencias recientes. Me explico. Uno de los conceptos financieros más errados de la actualidad es el que considera que el monto pagado por un inversionista por una concesión eléctrica constituye una simple y pura ganancia del país. NO, lo que el inversionista paga es, en esencia, una deuda a ser cancelada, en este caso, no mediante intereses y amortización, sino mediante el pago de tarifas eléctricas.
Supongamos que por una concesión eléctrica de 25 años, con tarifas bajas y con necesidad de inversiones en mejoras por 100 millones de dólares, a ser ejecutadas en el plazo de un año, un inversionista está dispuesto a pagar 1 millón de dólares.
Supongamos también que al vendedor de la concesión le interesa recibir más dinero. ¿Qué puede hacer?
Primero: Ofrece mayores tarifas. Si el consumidor paga más, habrá una mayor utilidad, mayores dividendos y por lo tanto el negocio vale más. El vendedor de la concesión duplica las tarifas, por lo que el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta 50 millones de dólares.
Segundo: Permite alargar las inversiones. Si al inversionista se le autoriza a prolongar el período de los desembolsos, algunas de las inversiones serán cubiertas con el flujo de caja propio del negocio y, obviamente, así se le hace más atractivo. El vendedor permite que los 100 millones de dólares de inversión requerida se ejecuten a razón de 20 millones de dólares anuales, por cinco años y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta 60 millones de dólares.
Tercero: Se alarga el plazo de la concesión. A mayor el plazo, el negocio vale más. El vendedor extiende el plazo de la concesión a 50 años y el comprador está dispuesto a pagar hasta 70 millones de dólares.
Cuarto: Todo inversionista tiene diversos intereses. El vendedor los averigua, los satisface y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta 90 millones de dólares.
Conclusión: Nada es gratis y cada dólar recibido tiene su contrapartida. En la prensa seguimos leyendo sobre las expectativas del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) de recibir 700 millones de dólares por las privatizaciones pendientes en el sector eléctrico. Para ello deberá, en diversas combinaciones, ofrecer mayores tarifas que las necesarias, aminorar el ritmo de las inversiones requeridas, otorgar plazos de concesión mayores a los originalmente contemplados o satisfacer cualquier otro interés del inversionista, aun cuando el mismo no esté ligado al sector eléctrico.
En otras palabras, para lograr captar 700 millones de dólares es necesario hacer del sector eléctrico un gran negocio en sí.
Por cuanto la existencia de un servicio de energía eléctrica barato y de buena calidad es una de las principales ventajas comparativas que puede tener un país para desarrollar otros negocios, lo anterior preocupa.
Uno de los riesgos de ejecutar un programa de privatización del sector eléctrico, sin previamente haber definido políticas y marco regulatorio, es que se configuren distintas realidades tarifarias para distintas áreas del país. Aun en el mejor de los casos, aquél donde la aspiración del Estado se limita a satisfacer la necesidad del usuario, sin buscar obtener un rendimiento especial, esto puede ocurrir. Por ejemplo, en épocas de turbulencia económica, una misma concesión puede requerir, para lograr su exitosa adjudicación, de un pliego tarifario mucho más alto que el necesario para una época de bonanza económica.
Es lógico que dentro de un mismo país exista cierta uniformidad entre las tarifas eléctricas. Por ello sería injusto que una zona pague altísimos costos eléctricos por haber sido privatizada pre Asamblea Constituyente, con el petróleo a 10 dólares; mientras que otra zona, por haber tenido la suerte de ser privatizada después de la ANC y con el barril a 25 dólares, pague menos.
La nueva Comisión Nacional de Energía Eléctrica (Cnee) tiene sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar el problema planteado. A tal fin, recomiendo: 1) estimar una tarifa meta óptima "promedio nacional''; 2) revisar las fuentes de recursos y normas compensatorias, las cuales probablemente deben ir mucho más allá de los subsidios contemplados en la Ley y 3) diseñar la metodología para ejecutar tales compensaciones sin introducir distorsiones.
La Ley fija un plazo no mayor de dos años para que entre en funcionamiento la Cnee. Ojalá que no sea necesario esperar tanto. Venezuela tiene urgencia en comenzar a invertir en soluciones eléctricas, pero no puede darse el lujo de que tales soluciones se enmarquen dentro del actual modelo, que ha producido resultados poco deseables, como en el caso de Margarita.
Me permito recordarles que la concesión de Margarita, Seneca, se vendió valorizada en 90 millones de dólares, habiéndose ya recibido 63 millones de dólares por la venta de 70%. Los fondos fueron casi íntegramente enviados a Caracas para solucionar problemas de caja del Gobierno Central. Como consecuencia de ello la Isla quedó hipotecada con una estructura tarifaria bastante más alta que la necesaria. Como usuario en Margarita espero de la Cnee que no nos dejen abandonados a nuestra mala suerte.
Consultor financiero
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