Internet Veraz

Las organizaciones internacionales que tienen que ver con la libre expresión del pensamiento, desde hace bastante tiempo se han pronunciado en contra de varias cosas que han  sucedido en Venezuela, entre ellas, la ley de colegiación de periodistas y la información veraz propuesta durante la administración Caldera II. ¿Son esas organizaciones unas entrometidas? ¿Están vulnerando nuestro sagrado derecho a la autodeterminación? ¿Son sus acciones un atentado contra nuestra soberanía nacional?.   Parece ser que eso es lo que piensan algunos, entre ellos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que cabría preguntarse en principio ¿Para qué entonces somos solidarios con la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Para qué ratificamos tratados internacionales relacionados con el derecho a la libertad de expresión?.  Calificados voceros entre ellos respetables comunicadores sociales, insisten en que debe reglamentarse este derecho anexándole varios adjetivos, como veraz y oportuno, y desean relacionarlo íntimamente con el derecho a réplica.

 Cuando uno escucha los argumentos a favor de una reglamentación del derecho a la libertad de expresión descubre que las intenciones son loables: proteger la reputación y el honor de las personas e instituciones contra la calumnia, el escarnio público, la tergiversación, el vilipendio, y muchos otros males reales y verdaderos. Sin embargo, en mi opinión, creo que se están proponiendo soluciones equivocadas y sobre todo inútiles.

 Cuando se aprueban normas constitucionales, legales o reglamentarias que establecen cómo deben expresarse las personas so pena de ser sujetos de sanciones civiles, administrativas o penales, se está estableciendo una censura previa, ya que ni las personas ni las instituciones tendrán ya el derecho a expresar libremente su pensamiento.  Todas las personas e instituciones tendrían entonces que pensarlo dos veces antes de abrir la boca o hacer público por cualquier medio lo que piensan sobre cualquier cosa. Y ni pensar sobre la supuesta autoridad que se encargaría de "resguardar al usuario" de los atropellos de los que se expresan libremente.

En vez de intentar regular la forma como se expresan las personas o instituciones, lo que debería hacerse es establecer formas de reparación de los daños causados por la calumnia, el vilipendio, el escarnio público u otro daño a la reputación u honor de las personas; y esto es una tarea que corresponde al poder judicial que mucho más eficientemente tiene la intrínseca capacidad de escuchar la miríada de argumentos en pro y en contra para finalmente darle la razón a quien la tenga.

Se que de inmediato saltan a nuestra mente la inmensa mayoría de las personas que en el presente no tienen acceso a la justicia, por lo que de dejarse al poder judicial como está, sólo los adinerados podrían lograr el resarcimiento de los daños a su reputación u honor; pero esto lo que hace es ayudarnos a ver, que debemos modificar no la forma como se expresan los medios, los comunicadores sociales o las personas en general, sino la forma en que los ciudadanos tienen acceso a una justicia expedita.

 Lo lamentable de todo el argumento que he expuesto, es que es totalmente inútil que cualquiera de las dos posiciones triunfe: los que quieren regular a los que se expresan o los que quieren como yo que se regule el acceso a la justicia, porque.... ¿Cómo vamos a meter en cintura a la Internet?.

 En la actualidad menos del dos por ciento de los venezolanos tiene acceso a la Internet, pero no pasará mucho tiempo para que esta realidad cambie drásticamente, y de la misma manera en que el automóvil y el teléfono dejaron de ser juguetes de los ricos para convertirse en objetos y servicios de uso masivo y en necesidades vitales, ocurrirá con las computadoras personales y el acceso al ciberespacio.  Una muestra de ello es que mientras las economías chilena y venezolana están siendo duramente golpeadas, la inversión en computadoras en estos dos países alcanzó durante 1997 y 1998 más de mil millones de dólares.

 ¿Cuál medio comunicacional del  planeta no posee una página web en la Internet? Los que aún no la poseen, la tendrán, si es que aspiran a seguir recibiendo el favor de sus lectores, radioescuchas o televidentes.  Esto nos lleva a las siguientes preguntas:  ¿Cuál norma constitucional, legal o reglamentaria le garantizará a los ofendidos, vilipendiados, calumniados, el derecho a réplica en esas páginas web cuyo origen puede estar en cualquier lugar del globo terráqueo?. ¿Cuál juez condenará a los calumniadores, embusteros o vilipendiadores a retractarse y a pagar los daños; cuando el ofensor es un periódico, un periodista o un particular iraní o sueco, por ejemplo?.

 ¿Cuando vamos a dejar de cerrar los ojos ante la realidad? ¿Hasta cuando vamos a seguir combatiendo la esencia misma de la civilización occidental: el valor del individuo buscando aliados para cayapearlo y cerrarle la boca?