Rosa Amelia González de Pacheco
La discusión que propone el Gobierno en torno al tema del Area Metropolitana de Caracas (AMC) no es nueva. En el pasado, cada vez que un servicio público de esos del tipo metropolitano hacía crisis, la discusión respecto a la necesidad de coordinar acciones, aunar esfuerzos y actuar mancomunadamente cobraba fuerza. Cuando las cosas volvían a la 'normalidad', siempre había otros asuntos más importantes de los cuales ocuparse primero.
Es preciso reconocer la oportunidad que brinda el actual proceso constituyente para enfrentar de una vez por todas el problema de la gobernabilidad del AMC. Sin embargo, cualquier ciudadano no necesariamente familiarizado con estos temas podría legítimamente preguntarse ¿Por qué un gobierno especial para el AMC? ¿Por qué no mantener la estructura institucional actual y dejar actuar como hasta ahora a los gobernadores y alcaldes de estas entidades? La principal justificación de la propuesta de un gobierno especial es la necesidad de coordinar la prestación de ciertos servicios, cuya escala de funcionamiento trasciende los límites municipales (agua, electricidad, transporte urbano, disposicion de desechos, entre otros).
La experiencia internacional muestra que existen dos caminos para dar solución al problema real de coordinación de las actuaciones locales: un camino voluntario, que consiste en la suscripción de acuerdos entre los distintos municipios para el manejo de los diferentes servicios constitución de mancomunidades y un camino obligante, que consiste en la creación de un nivel de gobierno superior a escala metropolitana al cual se le atribuyen las competencias para coordinar la provisión de los servicios públicos. La fórmula obligante tiene la ventaja de ser más estable que las mancomunidades, pero si no se delimitan claramente las competencias entre uno y otro nivel de gobierno, pueden producirse serios conflictos de poder. Un problema adicional es la dificultad para encontrar una fórmula adecuada para su financiamiento (este es el caso de la figura del Distrito Metropolitano prevista en la actual Ley Orgánica de Régimen Municipal).
Es importante tener en cuenta que hasta el presente la ausencia de fórmulas voluntarias del tipo mancomunidades es atribuible no sólo a la falta de voluntad o interés de los alcaldes de actuar conjunta y coordinadamente (por razones políticas), sino a las condiciones impuestas por la existencia de un régimen de gobierno especial en el actual Distrito Federal. De hecho, en el AMC coexisten municipios de régimen ordinario (los del Estado Miranda) con un municipio de régimen especial (el Municipio Libertador), en el cual un gobernador designado por el Presidente de la República ejerce funciones que en el otro lado de la ciudad son competencia exclusiva de los gobiernos locales.
Frente a esta problemática, la Asamblea Nacional Constituyente ha optado por una fórmula obligante que se traduce en la creación del Distrito Capital. Para constituirlo, se propone una cesión de territorio por parte del Estado Miranda que se suma al ámbito del Municipio Libertador. De este modo, se estructura un gobierno a dos niveles con un alcalde mayor para la totalidad del Distrito Capital y los alcaldes tradicionales para los municipios que lo integran (cuyo número podría ser mayor que el actual, en caso de subdivisión del Municipio Libertador).
Con este esquema, por encima del nivel de gobierno del Distrito Capital sólo se encuentra el Gobierno Nacional, lo cual implica que en la práctica el alcalde mayor (si éste es electo popularmente) es una figura equivalente a la de los gobernadores de estado. Siendo ese el caso ¿por qué no pensar en una cesión de territorio por parte del actual Distrito Federal en favor del Estado Miranda? Este planteamiento permitiría mantener en una sola entidad federal tanto el valle de Caracas como la mayor parte de las zonas subsidiarias con las cuales éste se relaciona desde el punto de vista funcional: los Altos Mirandinos, los valles del Tuy y GuarenasGuatire. El gobernador del Estado Miranda sería el responsable de la coordinación intermunicipal requerida y los alcaldes mantendrían responsabilidades similares a las del resto de los alcaldes del país.
Si el espacio destinado a servir de sede a los poderes públicos necesariamente debe ser objeto de un régimen de gobierno especial, se puede pensar en un Distrito Federal reducido a la mínima expresión y limitado al área central de la ciudad de Caracas (así se solventaría además el problema de la capitalidad de la Republica).
Puede que esta opción genere menos resistencia que la propuesta actual del Distrito Capital, por dos razones: primero, porque el Estado Miranda (y sus habitantes) mantiene su condición actual y, segundo, porque los ciudadanos del Municipio Libertador podrían finalmente incorporarse al proceso de descentralización que hasta hoy ha estado limitado por el régimen especial del Distrito Federal.
El Universal Digital, 12 de octubre de 1999