Maxim Ross
A pesar de que tengo serias dudas de que podamos influir en el modelo de Constitución que nos están escribiendo en la Constituyente, dado un muy poco democrático y anárquico sistema de consultas, caracterizado por el esquema de a 'quien se le ocurra algo, que lo proponga' sin que sepamos cómo se procesó y a dónde llegó: a pesar de eso decía, me motiva escribir sobre la materia petrolera y la Constitución porque éste si que es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de un grupo de personas que, por más democrático y legítimamente constituido que esté por las reglas del Derecho, no puede apropiarse de la opinión de todos los venezolanos y porque lo que allí se diga puede orientarnos por muchos años.
El petróleo puede ser de todos
La principal tesis que he escuchado en defensa de que el crudo líquido siga siendo del Estado venezolano es que es un bien estratégico, en el sentido de que es tan importante productor de divisas y de ingresos fiscales que no podemos delegar esa responsabilidad y tendría que mantenerla el Estado. Por un instante me imaginé, ahora que estamos en la onda China, que el Estado de la República Popular nos propusiera un jugoso contrato en el cual nos garantizan, por ejemplo, un precio base, digamos US$ 15 por barril por los próximos 20 años, que las divisas serán entregadas al Banco Central, que los convenios con la OPEP no serán burlados, que pagarán los impuestos acordados, es decir el mismo 67% actual, que aceptarán las políticas diseñadas por el MEM, por ejemplo, donde comercializar, qué explorar y explotar y, finalmente, que garantizan comprar en el país hasta 70% de todos sus gastos e inversiones. Una cláusula de fiel cumplimiento permitiría que cualquier violación del contrato revierta lo acordado. ¿Qué haríamos? Seguramente, como buenos venezolanos, patriotas y nacionalistas, les diríamos a los chinos, a pesar de todo, que no. Por supuesto, si el contrato fuera propuesto por ingleses, holandeses o americanos, ni siquiera lo pensaríamos. Pues bien, haríamos muy mal negocio a cuenta del patriotismo ingenuo, porque si en este mundo de incertidumbre, más en el caso petrolero, alguien nos propone eso, con los ojos cerrados lo aceptaría. Por ello no tiene ningún sentido poner algo de eso en la Constitución y amarrarnos para el resto de la vida a una idea prediluviana. Este caso hipótetico ilustra la gravedad del error que cometeremos al sellar, para siempre o por mucho tiempo, la calidad de uso de un simple y sencillo recurso natural, cuando lo que deberíamos preservar, si el argumento de lo estratégico sigue siendo válido, es que el negocio nos dé las máximas ventaja, materia que no es de rango constitucional.
El petróleo es de los venezolanos
Muy bien. Aceptaré un argumento nacionalista. No podemos 'entregar' el manejo de los recursos a nadie, aunque sean chinos, pero de allí a reservalo para el Estado hay una distancia de varios siglos. En todo aceptaría como principio constitucional que se garantice su propiedad a cada venezolano, en el sentido de que no se podrá enajenar o disponer de ella en forma individual, con lo cual acepto la jerarquía del colectivo, de la nación sobre el individuo, pero ¿qué se hace? Estamos muy lejos de lo contrario. Lo que no me resulta válido es 'transferirle' esa propiedad al Estado en estos tiempos. En primer lugar, a sabiendas de que toco terreno delicado, el tema de la propiedad del subsuelo se fundamente, nada más y nada menos, eso invocan sus defensores, a las leyes de Indias y a la herencia española, pero ¡que barbaridad! Las monarquías verdaderas, las que invocaron ese principio, desaparecieron hace tantos años y nosotros, sabiamente, las queremos restituir en la Constitución del nuevo milenio. ¡Sin embargo, dado lo delicado del asunto y como sé que no estamos maduros para tanto, responsablemente exijo a los constituyentes que no cometan la irresponsabilidad de traspasar este criterio a la propiedad de los venezolanos sobre su recurso. En otros tiempos, no revolucionarios, lo he dicho dejaría el tema de la privatización de Pdvsa para después, pero en momentos de escribir la nueva Carta Magna no podemos admitir, como venezolanos, ser de nuevo expropiados. Si la Constitución ha de tener algo sobre petróleo lo único que puede decir, si quiere representar la sustancia del asunto, es que el petróleo es de los venezolanos y ellos, no el Estado, en la forma que dispongan, representantiva y democráticamente, decidirán libremente su destino. No pueden hacerlo 131 personas con todo y lo honestos que sean y lo legítimamente constituidos. Hago un llamado al Presidente de la República, a los señores de la directiva de la Constituyente y al Presidente de la Comisión de Economía para asumir plena responsabilidad sobre el asunto y para que no nos vayamos a arrepentir muy pronto de lo hecho. Invito a los venezolanos a respaldar este planteamiento.