Eduardo Ortiz Ramírez

Las políticas de liberalización y transformación iniciadas en variados países de América Latina, desde mediados de los años 80, significaron un abandono de los patrones tradicionales de la Política Industrial ejecutados durante el siempre referido proceso de sustitución de importaciones. En particular, en Venezuela, para el período 1989/1993, se buscó que los sectores prioritarios los definiera el mercado; mientras, en los países avanzados, y específicamente en EE.UU., la discusión sobre la política industrial ha sido, y es, tema recurrente. Algunos representantes y empresarios del sector privado venezolano han señalado, por cierto, lo inconveniente de la inexistencia de tal política. Otros, conocido es, perciben que la mejor política industrial es la que no existe.

En el caso de México, se inició a partir de 1985, y paralelo a la apertura comercial, un proceso de desmantelamiento gradual de la Política Industrial. En la actualidad mexicana existen variaciones en cuanto a lo pertinente de esta última posición. Es bueno destacar, que antes del año referido y durante un largo período, la nación azteca había hecho uso de programas de promoción industrial dirigidos a la sustitución de importaciones en sectores estratégicos -a veces asociados con la promoción de exportaciones.

Por otra parte, en la administración que en Venezuela se inició en febrero de 1994, se expresó la firme voluntad de estructurar una activa Política Industrial. Un paso asociado durante tal administración, se relaciona con la creación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Este nuevo ministerio, realmente, no pasó de ser poco más que una yuxtaposición entre el Ministerio de Fomento y el Instituto de Comercio Exterior. El incumplimiento de las metas, inicialmente planteadas para el MIC, se ha terminado complicando con la errada fusión que la administración iniciada en febrero de 1999 ejecutó entre el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) y aquél.

En el campo de la Política Industrial existen algunos elementos en la experiencia de los países asiáticos que vale la pena señalar. En el caso de Corea es importante la secuencia y rigor de los tratamientos sectoriales. Así, en los años sesenta tuvo privilegio la inversión en fertilizantes, cemento y refinerías de petróleo; en los setenta la de astilleros, bienes durables (incluyendo automóviles) y de capital; y en los ochenta, la realizada en informática, electrónica y telecomunicaciones. Podrían adicionarse, por cierto, los incentivos suministrados por la vía cambiaria.

Un elemento que tiene relevancia en cuanto a precisiones en la política industrial es el atinente al tamaño de las unidades empresariales. En la administración gubernamental actual, se tiene un elemento que ronda varios de los perfiles de desempeño del ejecutivo en materia económica y el cual consiste en una especie de reivindicación justicialista en cuanto al papel de la pequeña y mediana industria. Los perfiles derivados de una posición como ésta, cuando se interpreta la realidad venezolana son, realmente variados, puesto que, por una parte, ya en el último trimestre de 1999, puede apreciarse el difícil escenario de las empresas de tales dimensiones. Así, FEDEINDUSTRIA ha señalado, el cierre de numerosas empresas. Por otra parte, debe considerarse el complejo proceso de transformación y apertura por el que transita América Latina y que se asocia a las necesidades de la adaptación y modernización empresarial para poder enfrentar y asimilar el propio proceso de liberalización y de desarrollo de la competitividad. En ese escenario de transformación, y ya en un contexto que tiene tras de si cerca de 15 años de haberse iniciado las llamadas reformas estructurales, es pertinente resaltar que los llamados grandes grupos y empresas industriales de propiedad privada nacional (GGE) continúan siendo determinantes en la economía de varios de los países de la región (en base a estudios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México; ver en Revista de la Cepal Nª 66 el trabajo de Garrido y Peres). Debe señalarse que los GGE han podido sortear o aprovechar los propios procesos de reformas estructurales, aunque inicialmente podían ser considerados obstáculos a los mismos, dado el poder monopólico u oligopólico que tenían en determinados sectores. Entre las razones para que esto haya sido así, pueden mencionarse: a) haber tenido una participación privilegiada en los procesos de privatización, los cuales no han sido, estrictamente, consustanciales a la idea del libre mercado; b) han podido liderizar la participación del sector privado -por lo demás necesaria- en los arreglos y las negociaciones comerciales asociadas a la integración; c) no se ha visto alterada la concentración industrial, a pesar del estímulo e iniciativas para la implantación de la legislación que busca fortalecer la libre competencia d) haber podido aprovechar programas de fomento a sectores no estrictamente industriales, como son los casos de actividades de construcción de carreteras en Brasil y México. Realmente, la fortaleza o beneficio de la empresa, grande o pequeña, se vincula con los sectores, las propias particularidades nacionales y sus estrategias para enfrentar el proceso ya señalado.