Francisco Vivancos C.
Uno de los síntomas de la ausencia de nuevas ideas económicas en la actual administración es el tipo de ajuste fiscal (si así pudiera llamársele) que se ha producido. El otro, quizá más relevante aún, es la colección de medidas y anuncios sectoriales que vienen produciéndose: gavetas agrícolas y Pymes, regulación de tasas de interés, o cupos de importaciones y otras salvaguardas comerciales; cuyos impactos en eficiencia, bienestar y distribución del ingreso suelen siempre ser negativos.
¿Cuál es el problema de promover, proteger, orientar el crecimiento de un sector? ¿Acaso no hay espacio para el activismo agrícola o industrial? Este debate, tan antiguo como las pugnas distributivas mismas que subyacen en él, arroja algunas implicaciones y consensos de interés, en especial, con relación a los requisitos que se deben cumplir para que se justifique la protección temporal de un sector y la tecnología instrumental (el cómo) aplicada a la misma. Con relación al cómo, es muy preciso el tipo de instrumento a ser utilizado, si existieran razones sólidas para tratar a un sector como 'dama en estado interesante': el subsidio debería ser con cargo fiscal explícito y adecuadamente contabilizado (en contraste, por ejemplo, con transferencias del tipo tasa de interés preferencial); el programa debe ser temporal por tanto condicionarse tanto a plazos como a logros y compromisos de los beneficiados que fueran cuantificables (contra la tradición de imponer una protección que tiende a permanecer en el tiempo y con contraprestaciones muy vagas o nulas); deben estar dirigidas a la superación de distorsiones plenamente identificadas (para evitar introducir nuevas distorsiones por no actuar ni en el lugar en que se gestan ni en la magnitud precisa de la misma).
Por otra parte, una industria puede protegerse, en un plano muy estilizado, si bajo un cálculo riguroso de costo-beneficio económico (no sólo financiero) el valor presente de la protección a ese sector excede los costos que se hundieron en darle viabilidad, incluyendo las represalias y/o la contracción de los flujos de comercio con que los socios comerciales contesten esas medidas. Si las cuentas dieran, y dudo que buena parte de la vieja y futura protección pasen esa prueba del ácido, aún debieran incluirse los efectos sobre bienestar y redistribución regresiva del ingreso que dichas políticas producen. Especialmente cuando se utilizan transferencias opacas en lugar de cargos fiscales transparentes, los fuertes grupos corporativistas suelen recibir los beneficios de la protección imponiendo pérdidas al resto de la población en forma de mayores precios de consumo intermedio y final, menores variedades y peores calidades del producto, o, incluso, menor gasto social: El viejo y antipático lema sobre la ausencia del almuerzo gratuito probablemente ha debido ser escrito para este caso. La protección es costosa. Su factura la solemos pagar todos en el presente y, lo que es más grave, en el futuro. Las distorsiones en precios relativos al afectar la asignación de recursos en función de las actividades de mayor valor, termina por producir una mezcla de productos (una composición del PIB) no sólo distinta a lo que aporta el mayor valor social, sino que suele ser inferior a la máxima potencial. Y lo peor, su efecto no es sólo presente. Se traslada al futuro en forma de deficiencias productivas que castigan las posibilidades de crecimiento a largo plazo de la economía.
Si es plausible lo antes señalado, ¿cómo, más allá de aspectos de la economía política de la protección (asimetrías en incentivos y en poder de negociación), se explica que gobiernos bien intencionados incurran en estos errores? En el fondo es probable que, como ocurre con la fundamentación de los viejos constructivismos, las viejas políticas industriales consideren que los decisores públicos disponen de más información que los mercados. Investidos de un conocimiento que no puede provenir sino de la revelación mística, o de la más férrea voluntad de imponer su voluntad sobre la realidad, seleccionan las actividades, los instrumentos y los patrones de distribución de renta que más le convienen. Pero puestas así las cosas, y si la población lo entendiera suficientemente, perderían buena parte de la 'magia' y el soporte que aún tienen estas iniciativas.