Detrás de Kyoto, poder irrestricto

Jack Kemp

(AIPE) - El Protocolo de Kyoto sobre recalentamiento terrestre y la idea de que las políticas energéticas del mundo entero puedan ser reguladas por un tratado internacional provocó una inmensa contienda tras el poder. No en el sentido de controlar las fuentes de energía que mueven la economía mundial sino poder político, en el sentido que quién decide la velocidad en la cual nuestra economía puede crecer (si es que ha de crecer), de dónde provendrán las futuras tecnologías y bajo cuáles reglas la gente del mundo en desarrollo va a poder gozar de libertad económica y de las grandes riquezas que ella permite crear. Riqueza, en este sentido no significa solamente mayor ingreso personal y nacional sino mejor calidad de vida (incluyendo salud, seguridad y un ambiente limpio), cosas que distinguen a las economías de mercado.  

En manos de los impulsadores de Kyoto, se trata de ceder el futuro económico del mundo a un poderoso grupo de burócratas internacionales. Pero no se trata de los usuales burócratas sin rostro, sino de individuos bien conocidos por sus aliados en los grupos de presión, las ONGs y ciertas fundaciones. Toda esa gente trabaja sin descanso y en equipo para difundir sus mensajes maltusianos con el fin de limitar el crecimiento económico, imponer controles "verdes" a la creación de empleos y a las nuevas tecnologías, lo mismo que estrictos límites al crecimiento de la población. Funcionarios gubernamentales, ONGs y ciertos elementos de la comunidad empresarial con intereses especiales que proteger forman un triángulo de acero global en búsqueda de más poder. Este triángulo adelanta una agenda elitista y a veces radical, a expensas del ciudadano corriente, en total contradicción con los principios fundamentales de una sociedad libre: libre intercambio de ideas, soberanía popular, gobierno constitucional con poderes limitados y rendición de cuentas al electorado por los actos del gobierno.  

El Protocolo de Kyoto fue negociado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la activa participación del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. El otoño pasado, el presidente Clinton autorizó la firma del tratado, pero se ha negado a presentarlo al Senado para su ratificación. Al mismo tiempo, la administración Clinton-Gore trabaja intensamente en la instrumentación del tratado.  

La administración Clinton-Gore ha llevado a cabo numerosos foros públicos en promoción de su visión apocalíptica del recalentamiento terrestre y sobre las supuestas virtudes de reducir las emisiones de acuerdo con Kyoto. La Agencia de Protección del Ambienta (EPA) avanza en la instrumentación del tratado, a pesar de que éste no ha sido ratificado. EPA hace uso de múltiples artificios, incluyendo campañas de persuasión, programas de incentivos, asistencia técnica para reducir emisiones, etc. No queda duda que el presidente Clinton trata de imponerle a los estadounidenses los límites de Kyoto al crecimiento y a las innovaciones, sin la autorización legal para hacerlo y sin informar al público sobre las consecuencias de sus acciones.  

Tampoco hay duda de que el Ejecutivo ha violado la voluntad del Congreso. El Congreso no está de acuerdo con Kyoto, la ciudadanía tampoco, pero la administración está decidida a hacérnoslo tragar, queramos o no.  

Todos los que nos sentimos preocupados con lo que sucede, tenemos que iniciar un debate público y evitar así que se nos meta el tratado solapadamente por la puerta de atrás. Nos debe  también preocupar la proliferación de las burocracias internacionales y su tendencia a ejercer un poder irrestricto sobre nuestras vidas, nuestra economía y hasta nuestra política.

Académico del Competitive Enterprise Institute
Co-director de Empower America
Ex-candidato republicano a la vicepresidencia
en las últimas elecciones.