|
Las recientes noticias económicas venezolanas estuvieron marcadas por cuatro elementos:
El presupuesto del año 2000. Con relación al Presupuesto del año 2000, el Presidente (e) del BCV, acompañado por técnicos del instituto emisor, expresó ante el parlamento observaciones sobre el proyecto de Presupuesto que presentó el Ejecutivo. Dado la calidad de la información que maneja el BCV y la capacidad técnica de este instituto, sus observaciones deberían ser tomadas en cuenta. Las observaciones fundamentales se refieren a las estimaciones de ingresos, gastos y endeudamiento. Los ingresos fiscales estarían sobre-estimados, el nivel de gasto podría no ser consistente con los objetivos macroeconómicos globales, el nivel de endeudamiento sería alto, y en consecuencia habría que realizar ajustes en el presupuesto. Un análisis preliminar del Presupuesto del año 2000 presentado por el Ejecutivo indica que existe el intento de instrumentar una política fiscal expansiva, con un aumento importante del gasto primario. Si a ello se añade la posible reanimación del sector petrolero, parece que existe la intención de reactivar la economía a través del gasto público. Aparentemente en el año 2000 no existirán reformas institucionales o políticas desde el lado de la oferta significativas, con capacidad para estimular la actividad económica. El gobierno optaría sólo por el manejo de la demanda agregada de carácter público, una política expansiva de gasto público, como mecanismo para reactivar la economía, basado en un mercado petrolero relativamente positivo. Las discusiones sobre el tema tienden a no cuestionar esta intención en términos generales, la posibilidad de aplicar dentro de límites una política de corte relativamente expansivo. Más bien, la discusión se centra en:
Los supuestos petroleros. La base de este tipo de política de carácter expansivo es el mantenimiento de un precio del petróleo relativamente alto en el año 2000, si se lo compara con el precio de 1998 e inicios de 1999. Los analistas petroleros coinciden en un precio promedio del WTI menor al actual (último trimestre de 1999) para el año 2000, de aproximadamente US$ 19,5/barril, con una tendencia a la declinación en el último trimestre. Sin embargo, la predicción del precio del petróleo, como lo ha demostrado la experiencia, es un riesgo. Las estimaciones aparentemente estarían basadas en un crecimiento moderado de la economía mundial, con alguna declinación en el ritmo de crecimiento de USA pero mejor desempeño de Asia, Europa y AL. Así mismo existe el supuesto de que ya bien los países de la OPEP y/o productores marginales reducirán la restricción de la oferta que por parte de la OPEP ha caracterizado el mercado petrolero buena parte de 1999. Si esta estimación fuese correcta, el estimado de US$ 15/barril para la cesta de exportación venezolana del Presupuesto para el 2000 presentado por el Ejecutivo parece adecuado. El volumen de exportación que presenta el Presupuesto, aproximadamente 2,7 millones de barriles diarios, es similar al del presente año, lo que no estaría en línea con la expectativa de reanimación del sector petrolero para el año 2000, ni consistente con el desarrollo de nuestras ventajas comparativas en el comercio internacional, y tampoco con la estimación de ingresos fiscales petroleros del Presupuesto. Posiblemente se trata de una estimación conservadora que será modificada después de marzo, dentro de posibles acuerdos en el seno de la OPEP. No parecen consistentes los ingresos fiscales que estima el Ejecutivo por parte del sector petrolero, un aumento de aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB respecto a 1999, con la combinación de un precio de exportación del petróleo de US$ 15,0/barril y un nivel de exportación de 2,7 millones de barriles diarios. Los ingresos fiscales en el 2000. Según información fragmentaria de dominio público, los ingresos fiscales del presupuesto del año 2000 crecerían respecto al presente año 40% en términos nominales y alrededor del 4 puntos porcentuales del PIB. Esto es poco probable, aún suponiendo que existiese un comportamiento inusualmente positivo del mercado petrolero y reformas institucionales profundas en la tributación interna. Sin embargo, estos supuestos no están contemplados. Los ingresos fiscales parecen sobre-estimados en casi todo los tipos de ingresos, los petroleros, el ISLR no petrolero, el IVA, aduanas y otros. Los gastos fiscales en el 2000. El gasto fiscal primario del Presupuesto supone, según distintos analistas, un crecimiento respecto al año 1999 en un rango entre 35%-40%, lo cual es claramente excesivo. Pareciera que se intenta una recuperación análoga a la de 1997, cuando se expandió el gasto fiscal a una tasa del 65% basada en una situación temporalmente favorable en el mercado petrolero. Los peligros de este tipo de expansión son ampliamente conocidos: inconsistencia fiscal intertemporal por la posibilidad de precios petroleros relativamente débiles a mediano plazo y la falta de mejoras en la tributación no petrolera, inconsistencia con la meta de inflación objetivo del 2000, la posibilidad que se acentué la sobrevaluación del tipo de cambio real y que se viole en forma amplia la condición de paridad internacional de las tasas de interés, lo cual podría ocasionar problemas en la cuenta de capital de corto plazo. Este tipo de políticas no estaría en concordancia con una estrategia de crecimiento sostenido con descenso importante de la inflación. Déficit fiscal. El déficit fiscal base caja, según estimaciones que pueden derivarse del Presupuesto, sería alrededor del 2,6% del PIB, suponiendo un crecimiento moderado del producto y una inflación similar a la estimada por el gobierno. Sin embargo, si se mantienen los gastos y los ingresos están sobre-estimados, el déficit fiscal podría ser similar al del este año, obligando a un incremento de la deuda y posiblemente de la razón deuda/PIB. El nivel de endeudamiento contemplado en el proyecto de Presupuesto, aproximadamente US$ 6.000 millones, es muy alto. Presupuesto del 2000, política fiscal y política de ingreso. El Presupuesto presentado para el 2000 está en discusión, y sería deseable que se le hiciesen los ajustes necesarios, básicamente revisar las estimaciones de ingresos, reducir la expansión del gasto y mejorar su estructura. Existe alguna posibilidad que ello ocurra, al menos parcialmente, debido a que los objetivos macroeconómicos que enmarcan al Presupuesto, un crecimiento real moderado de 2%-3% con una inflación descendiente, de 17% promedio, parecen sensatos. El crecimiento contemplado no requiere de una política excesivamente expansiva como la contemplada en el Presupuesto presentado, y en este sentido, no existe consistencia entre el Presupuesto presentado y los objetivos macroeconómicos. Según algunos analistas, una tasa de expansión del gasto fiscal primario de 15% con una reactivación del sector petrolero, podría arrojar un comportamiento económico similar a los objetivos macroeconómicos anteriormente señalados. Posiblemente, si el gasto que se efectuase en el 2000 fuese similar al contemplado en el Presupuesto, sería difícil obtener el nivel de inflación objetivo. Lo deseable es que se reforme el Presupuesto, controlando las presiones de expansión excesiva del gasto público e introduciendo reformas institucionales en la tributación no petrolera, cambios que no será fácil realizar. Un aspecto positivo del Presupuesto es la política de ingreso contemplada, el aumento del 10% en las remuneraciones del sector de la Administración Pública a partir de mayo. Está política parece consistente con la situación del mercado laboral, donde existe una tasa de desempleo alta. Sin embargo, puede ser difícil cumplir si algunos contratos laborales del sector público, por ejemplo en el sector petrolero, ajustan los salarios nominales por montos similares a los solicitados por los sindicatos. La presión de los lobbys sindicales, los representantes de los llamados insiders en la teoría del mercado laboral, es uno de los problemas serios de la economía venezolana. Los resultados del viaje de promoción económica. Es prematuro hacer una evaluación de los resultados económicos de la gira Presidencial. Por la información trasmitida, parece que existirán acuerdos positivos relativos a la Orimulsión con el Japón y China. Posiblemente habrá que esperar el retorno del Presidente para tener una idea más claro de los resultados. El contenido económico de la nueva Constitución. El proceso constituyente sigue generando incertidumbre en el ámbito económico. No se conoce cual puede ser el resultado definitivo de este proceso. Existe mucha preocupación por temas claves, como la posibilidad de que de una u otra manera se vuelva al viejo sistema de Seguridad Social, la reducción de la jornada laboral o que la nueva Constitución acentúe el carácter estatal de PDVSA. Además, ha aparecido un nuevo tema que aparentemente no había despertado mayores controversias. Se trata de disposiciones fiscales contempladas en el documento de proyecto constitucional y de disposiciones relativas al control del Banco Central y el Ministerio de Finanzas por parte de la Asamblea Nacional, a las cuales hizo referencia un director del Banco Central. Con relación al federalismo fiscal, el proyecto de Constitución indica que el monto del situado constitucional se "inicia con un mínimo" del 15% de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional y transfiere al nivel estadal algunos tributos como los del consumo de cigarrillos y licores, los tributos al consumo a la gasolina e impuestos específicos al consumo. Estas disposiciones podrían ser positivas, ya reducirían las transferencias verticales incondicionales del poder central a los estados y, en compensación, otorga a estos capacidades tributarias, lo cual puede mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Sin embargo sería deseable una redacción más clara, donde quede establecido que el situado constitucional es sólo el 15% de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional. Si se permite el aumento del situado constitucional y al mismo tiempo se transfieren tributos nacionales a los Estados, puede agravarse el problema fiscal venezolano. Así mismo, se establece la posibilidad de endeudamiento por parte de los Estados y Municipios. Conociendo las experiencias negativas recientes de Colombia, y sobre todo la experiencia muy negativa de Brasil, puede ser muy peligroso el endeudamiento por parte de los poderes subnacionales. En el Título VI del proyecto de Consstitución se intenta establecer algunos elementos para modernizar la función presupuestaria, introduciendo conceptos como el de presupuesto plurianual, además del anual, el control del desempeño fiscal con indicadores de desempeño, mayor transparencia fiscal y control por parte de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) del comportamiento del Ministerio de Finanzas y del Banco Central. Lo que llama la atención es que no se establecen las bases conceptuales para garantizar la solvencia fiscal, el problema fiscal central de Venezuela. La solvencia fiscal y el problema fiscal requieren instrumentos legales específicos, pero la nueva Constitución debería ser un marco general que permita desarrollar este concepto en el instrumento legal específico. Sin la idea de la solvencia fiscal y de reglas fiscales claras que la puedan garantizar, no tiene demasiado sentido el concepto de presupuesto plurianual. El tratamiento de los activos naturales del subsuelo (básicamente los petroleros) es peculiar. Se reconoce su carácter de activos agotables, pero la conclusión que se extrae de esta consideración es que los ingresos que ellos producen deben estar orientados a la inversión y el desarrollo social, una situación similar a la que actual. Si se considera los activos naturales como finitos y agotables, se debería pasar a otro concepto, la idea de que sólo puede usarse parte de los ingresos que ellos generan, básicamente el rendimiento de la riqueza, y ahorrar el resto o utilizarlos para cancelar pasivos. Los objetivos que se atribuyen el Banco Central, preservar el valor de la moneda, estabilidad de precios, regular la circulación monetaria y la liquidez del sistema financiero, actuando como prestamista en última instancia, aparentemente son un exceso de objetivos con rango constitucional. Lo que más llama la atención son las disposiciones de control con relación al Banco Central y el Ministerio de Finanzas, donde se establece que el ministro del despacho encargado de las finanzas y el Directorio del Banco Central de Venezuela serán responsables por el cumplimiento los objetivos de la política macroeconómica, "estando sujetos a remoción de acuerdo con la ley." Este tipo de disposición difícilmente puede considerarse que debe tener rango constitucional, sobre todo si no existe un marco fiscal de reglas claras. La inclusión de este tipo de disposición puede conducir a gran inestabilidad en la dirección de la autoridad monetaria y el despacho de las finanzas públicas, lo cual sería indeseable. La experiencia reciente es una muestra de cual puede ser el comportamiento del parlamento con relación a este tema. En síntesis, las disposiciones del Título VI, "Del Sistema Socioeconómico", deberían ser objeto de estudio y análisis cuidadoso. El inició del pago de pasivos laborales. A finales del mes de noviembre y en diciembre se piensa pagar parte importante de pasivos laborales de la Administración con sus trabajadores. El monto que ha anunciado el Ministro del Trabajo, un billón de bolívares, cercano a 2% del PIB, está fuera de proporción. El compromiso de pago evitó una posible huelga en el sector. Así mismo, la dirigencia sindical del sector público anunció que aspiran a un nuevo contrato colectivo con un aumento de 150%, lo cual, aún como medida de presión, también está fuera de toda proporción. Posiblemente la inflación promedio de 1999 estará en torno a 22%-24%, y el nuevo contrato debería establecerse tomando como referencia el objetivo de inflación futura. |
|
