Claudio Fermín
El inicio del debate para aprobar el contenido de la nueva Constitución que será propuesta a los venezolanos ha estado pleno de buenos augurios. Proponemos un Estado Federal descentralizado. Resguardamos la soberanía de Venezuela de una manera amplia. Se enfatiza en el dominio público sobre las costas marítimas, minas e hidrocarburos y yacimientos. Se responsabiliza al Estado de una política fronteriza integral. La creación del Distrito Capital permitirá una respuesta eficiente para superar la atomización y dispersión de recursos, que tanto lesiona la calidad de vida en la región capital.
Uno de los artículos aprobados garantiza que todas las personas son iguales ante la ley. La Constitución de 1961 adolecía de la debilidad de no haber incluido esa norma que formó parte de la tradición constitucional venezolana desde la Constitución de 1901, que en su artículo 17 garantizaba 'la igualdad, en virtud de la cual todos deben ser juzgados por unas mismas leyes y sometidos a iguales deberes, servicios y contribuciones'. Aun cuando las constituciones de 1904, 1909, 1914, 1922, 1928, 1929, 1936, 1945 y 1947, garantizaban el derecho de igualdad ante la ley, la de 1961 lo omitió dándole atención solamente a la igualdad social, a fin de evitar discriminaciones derivadas de razas, sexo, credo o condición social.
La Constitución que será presentada a de los ciudadanos considera la igualdad social como un mandato, reiterando la norma de 1961 y establece la igualdad ante la ley, con lo que no se permitirán excepciones ni privilegios que excluyan a unos de lo que, en idénticas circunstancias, se concede a otros. El desarrollo de esta norma Constitucional será la concreción de un largo proceso de luchas para reivindicar a los de abajo, para resarcir a los excluidos, para derrumbar viejas concepciones que asignan a sectores encumbrados privilegios que se confunden con la estructura de la sociedad. La puesta en marcha de este detonante igualitario sepultará la discrecionalidad con la que el Estado ha dispensado beneficios a quienes están más cerca del poder o de la cultura dominante.
Ganaremos al ubicar los derechos individuales en el único plano posible: idénticos derechos para todos, el goce por igual de la protección de las leyes.
Este concepto, fácil de respaldar en el plano teórico y atractivo para el debate político, de una sociedad cambiante, demanda mentes libres que sin prejuicios, ni timideces propias del pasado, enfrenten las reacciones de quienes adversan una nueva cultura jurídica, que nos obliga, entre otras cosas, a considerar venezolanos por nacimiento a todos quienes hayan nacido en el territorio nacional. Este criterio de igualdad ante la ley debe llevarnos a solicitar los mismos requisitos para naturalizarse a cualquier extranjero, no importa de qué país proceda. Debe obligar a que los derechos políticos sean disfrutados por todos los venezolanos por igual, sin la chocante consideración de recordarle a unos que en el pasado fueron extranjeros, restringiéndoles su derecho a participar y a influir en las decisiones que orienten a la sociedad que conforman y de la que son miembros de pleno derecho.
Ninguna razón existe para crearle a los venezolanos por naturalización un ghetto político que los arrincone, impidiéndoles ser alcaldes o gobernadores de estados fronterizos, o ser miembros de la Asamblea Nacional, sin tener derecho a presidirla, o aspirar la Presidencia. Si un venezolano nacido en el exterior y que en el pasado fue extranjero, decide postularse a los más altos cargos nacionales y lucha por ello es porque tiene un compromiso existencial con la patria. Y si ese venezolano, en campaña por sus ideas y por sus sueños, convoca la voluntad nacional y pone al país de su lado hasta el punto de movilizarlo para dejar testimonio de su preferencia por él, habrá dado la mayor prueba de venezolanidad, cual es el cariño, la admiración y el respaldo de nuestro pueblo.
Creo en la igualdad ante la ley y así lo defiendo y lo defenderé para la construcción de una Venezuela mejor. Lograr la igualdad ante la ley es un logro jurídico que demanda cambios de actitud.